El gobierno quiere poner la defensa en manos de empleados o asalariados de los victimarios.

 

De acuerdo a un cable de la agencia NA que fue reproducido por varios medios, el Poder Ejecutivo Nacional habría enviado al Congreso un proyecto de ley por el que el gobierno del presidente Kirchner se hará cargo de los honorarios de los abogados que representen a los parientes de las víctimas de la masacre de Cromañón en la causa penal y hasta la sentencia definitiva. Según la información periodística, el proyecto se refiere exclusivamente a las familias de los 192 fallecidos, y no incluye a las víctimas sobrevivientes. Eso sí, en los fundamentos, afirma que “El gobierno entiende que la mejor manera de acompañar a las familias damnificadas es manteniendo la actitud de respeto por su dolor, apoyando a los padres, hermanos, tíos, abuelos y amigos de las víctimas”.

 

Lo que a primera, ingenua o cómplice vista pudiera parecer un intento loable de facilitar el acceso a la justicia de, por lo menos, los familiares de las víctimas fatales, es en realidad la profundización de una política permanente del gobierno nacional y sus aliados provinciales (con expresa inclusión del primer “transversal”, el todavía jefe de Gobierno Aníbal Ibarra) cuando de desactivar conflictos se trata: la cooptación, a cualquier precio y usando todos los recursos del Estado, de sus propias víctimas.

 

Frente a otros crímenes propios han ofrecido crear “comisiones investigadoras independientes” con participación del propio Estado a investigar, lo que las organizaciones populares siempre hemos rechazado, como ocurrió con la Amia, la masacre del Puente Pueyrredón, la del 20 de diciembre o el atentado en Plaza de Mayo el mismo día de 2003. Ya hace más de un año el Ministerio de Justicia implementó el llamado Programa Antiimpunidad, cuyo claro objetivo político es exactamente el contrario al anunciado respecto de los hechos de represión policial: disolver las instancias de organización popular, desmovilizar, rodear a las víctimas del aparato represivo del Estado con las mieles del poder, acallar la protesta y silenciar la denuncia pública.

 

En esa misma línea, aparece ahora este proyecto de ley, ofreciendo a las familias de los casi 200 chicos asesinados el 30 de diciembre pagarles el abogado que represente sus intereses en la causa penal, en la que buena parte de los imputados son –o deberían ser, a criterio de muchos de los querellantes– funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional.

 

No se trata, como creen muchos confundidos o conniventes, de que el Estado intente con estas medidas revertir la “ausencia” que habría ocasionado la masacre de Cromañón. Los 200 muertos y el millar de lesionados no los produjo un “Estado ausente”, sino presente, y como nunca antes, en la defensa de sus intereses de clase.

 

Desde el 30 de diciembre los gobiernos nacional y de la Ciudad han redoblado esfuerzos para evitar que haya querellas independientes interviniendo en la causa, señalando con claridad a todos los responsables. El ministro Aníbal Fernández (jefe de parte de los imputados) llegó al extremo de recomendar “importantes estudios jurídicos”. El Gobierno de la Ciudad hizo su propia jugada, poniendo a los abogados de la Procuración de la Ciudad a disposición de los familiares para querellar penalmente a los responsables de la masacre. Pero en la cláusula sexta del acuerdo de gestión, la procuradora recuerda a sus empleados que “los/as abogados/as y peritos dependientes de la ‘Procuración General’ no podrán patrocinar ni asistir en aquellos casos en los cuales pudiera existir responsabilidad de agentes o funcionarios/as de cualquiera de los tres poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

 

Como nadie entró en la trampa de ser representado por los abogados amigos del ministro o empleados de Ibarra, ahora ofrecen pagar los honorarios de los profesionales que cada familia elija. Que hace falta plata para querellar es otra gran mentira destinada a confundir, cuando es público y notorio que decenas de experimentados abogados de organismos de derechos humanos y organizaciones populares, y abogados independientes con compromiso social, se pusieron solidariamente a disposición de las víctimas desde el primer día.

 

Este proyecto de ley, además, muestra el desprecio que siente el Poder Ejecutivo Nacional por sus víctimas: supone que el dolor no les va a permitir darse cuenta de que quien paga se cree con derecho a dar órdenes, o que es confiable para acusar a funcionarios públicos quien cobra un sueldo del Estado.

 

Nadie que reclame juicio y castigo a todos los responsables de la masacre de Cromañón va a dejar su defensa en manos de empleados o asalariados de los victimarios.

 

Sería más útil y menos infame que usaran esos dineros disponibles para garantizar a los sobrevivientes una atención médica adecuada a los cuadros que sufren, en lugar de obligarlos a mendigar tratamiento en entidades privadas y a accionar judicialmente para que el Estado ponga sus recursos a su disposición.