A 29 meses de la desaparición de Julio López, la causa se quedó sin juez. El magistrado Arnaldo Corazza -que la manejaba desde diciembre de 2006- renunció después de aducir “violencia moral”: la familia de López lo había acusado de no protegerlo, a pesar de que era uno de los principales testigos de la acusación contra el represor Camps. Cuando la Cámara dio curso a la querella de la familia contra Corazza, el juez renunció.

Durante más de dos años, Corazza fue incapaz de hacer avanzar un milímetro la investigación. Como se recordará, Corazza gastó una gran parte del tiempo investigando las “pistas” aportadas por una vidente. Al mismo tiempo, se negó sistemáticamente a seguir las pruebas aportadas por los familiares.

El agrupamiento “Justicia ya!” denuncia que el alejamiento de Corazza es consecuencia de una “disputa interna entre el juez y la Cámara Federal” (Página/12, 18/2).

La causa ha pasado provisionalmente al juez Manuel Blanco, que ha comenzado a “estudiarla”. El mismo Blanco lleva cinco años “estudiando” la causa del centro clandestino de detención “La Cacha”, sin ningún procesado a la vista.

A dos años y medio de la desaparición de López, la impunidad es absoluta. No hay procesados, no hay imputados y ahora ni siquiera hay juez. Estos dos años y medio han mostrado la impotencia -y hasta la complicidad- del ‘gobierno de los derechos humanos’ con los organismos represivos -donde está enquistada la banda que secuestró a López- y con sus aliados judiciales y políticos.

En este nuevo 24 de Marzo, más que nunca, exigimos al gobierno de Kirchner la aparición con vida de Julio López y el castigo a sus secuestradores.

L.O.