Políticas

1/4/1993|386

Cavallo debe ir a la cárcel por la “Moratoria Firestone”

El ministro de Economía y gran parte de los funcionarios del Palacio de Hacienda se encuentran formalmente comprometidos en una de las mayores estafas de la historia contra el Estado y en favor de un reducido grupo de empresas vinculadas a la Fundación Mediterránea. La cifra en danza oscila en los 140 millones de dólares. Las pruebas presentadas a la Justicia evidencian que el ministro de Economía actuó bajo presión directa de los embajadores de EE.UU. y de Gran Bretaña siguiendo instrucciones de sus gobiernos. La estafa que tiene a Cavallo en el centro de la escena involucra a fuertes intereses vinculados al imperialismo mundial: Firestone, Nobleza Piccardo, Shell, Perkins.


La acusación fue lanzada la semana pasada por un grupo de diputados radicales. Pero los lectores de Prensa Obrera tuvieron la primicia en noviembre pasado (ver facsímil) cuando denunciamos que en relación al caso Koner Salgado, “Cavallo regala 200 millones a tres socios de la Fundación Mediterránea”. No por nada el ministro de Economía recibe un sueldo de la Fundación Mediterránea, donde está en uso de “licencia” como director de la Fundación, es decir, como ñoqui.


Con el correr de los días, la prensa fue disipando la noticia,  y Federico Storani reclamó la defensa de Cavallo en arás de la estabilidad. Pero las pruebas presentadas son suficientes para mandar al ministro a la cárcel. Tan es así que en su defensa a través de un extenso comunicado de prensa, Cavallo no desmintió ninguna de las acusaciones, sino que intentó desmerecer a los denunciantes como cualquier ladrón pillado “in fraganti”.


La estafa


Los hechos son simples.


1) La Justicia conminó a un conjunto de empresas, entre ellas Firestone, Nobleza Piccardo, Shell, Perkins, etc., a abonar unos 200 millones de dólares en concepto de impuestos vencidos, por considerar que dichas empresas habían deducido de dichos impuestos, créditos fiscales falsos que habían comprado al grupo Koner-Salgado, a sabiendas que eran falsos. Por haber fraguado esos créditos, Koner Salgado fue condenado a la cárcel y fueron liquidados sus bienes.


La estafa de Koner-Salgado consistía precisamente en fraguar con la Aduana saldos impositivos a su favor y luego venderlos con descuento a empresas con deudas con el fisco. Los compradores, en este caso las empresas mencionadas, obtenían una suculenta ganancia porque adquirían al 20 o 30% créditos que usaban luego como equivalente al 100% para el pago de sus impuestos.


Toda esta operación fraudulenta se basaba en la connivencia del vendedor con los compradores de los créditos fiscales, los que tenían un bajo valor de mercado, precisamente por ser fraudulentos.


2) Al descubrirse la estafa de Koner-Salgado, sus créditos fiscales quedaron lógicamente anulados, por lo que las empresas que los habían utilizado para fraguar al Fisco, fueron conminadas a pagar la diferencia: unos 200 millones de dólares. El Estado capitalista actuó como un representante de toda la clase capitalista, que no puede permitir beneficios particulares de una clique en perjuicio del conjunto. Cuando las empresas apelaron la resolución fiscal ante la Justicia, ésta les falló en contra, intimándolas al pago de las sumas adeudadas.


3) El lugar de ejecutar la orden judicial, Domingo Cavallo mantuvo reuniones secretas con los titulares de las empresas deudoras, directamente en la sede de sus casas matrices, en EE.UU. e Inglaterra. Esto saltó a la luz a raíz de una carta a Cavallo del Presidente de la Britisch American Tobacco (Nobleza) donde le planteaba que agilizara el trámite “consecuente con nuestra entrevista del 28 de noviembre”, de manera que “nuestros respectivos abogados puedan trabajar juntos, a su debido tiempo, para preparar un compromiso formal de arbitraje” (Página 12, 3/11/92).


Del tenor de la carta se puede apreciar que Cavallo había decidido eludir la sentencia judicial y someter la cuestión a un “arbitraje internacional”, es decir en tribunales vinculados a los intereses de esas empresas. Al trascender públicamente la carta, Cavallo tuvo que dar marcha atrás con el “arbitraje”.


Pero el ñoqui de la Fundación Mediterránea, que todos reconocen como un técnico experto, no se dio por vencido. Es así que dispuso una moratoria o facilidad impositiva muy especial. Quienes se acogieran a ella —decía la resolución— se beneficiaban con la no indexación de la deuda impositiva de los tres meses anteriores, cuando la inflación había rondado el 50%, pudiendo incluir a los impuestos internos.


Con esto violaba la disposición que prohibe la moratoria de impuestos ya abonados por los consumidores o indebidamente retenidos por las empresas. También podían, finalmente, beneficiarse de ella todos los deudores, incluso los que habían sido condenados o con deudas reconocidas, algo que está expresamente prohibido porque las facilidades de pago son para los que se presentan en forma “espontánea”. Aún así, el saldo se podía pagar en 60 meses, a un interés bajísimo. Como dice Ambito (23/3/93), “esa novedad permitió, entre otras cosas, que se beneficiara a la British American Tobacco (Nobleza Picardo) que había pagado impuestos a los cigarrillos por más de 100 millones de dólares con créditos fiscales falsos adquiridos al grupo Koner-Salgado”.


Tan evidente era la finalidad que Cavallo perseguía con la moratoria dispuesta cuando hacía 6 meses que había vencido una, que en los ambientes impositivos, se la llamaba la “moratoria Firestone” (Ambito) porque había sido decretada a gusto de los estafadores de los créditos Koner-Salgado.


Presión


Estos 200 millones de dólares en juego provocaron una crisis en las relaciones con EE.UU. y Gran Bretaña. El embajador Todman, recuerda Página 12, (24/3) “incluyó este punto en la famosa carta que se conoció durante el Swiftgate” y  fue tratado en todas las reuniones relativas a la negociación de la deuda externa. El Plan Brady fue acordado una vez que Cavallo encontró una “salida honorable” a las deudas impositivas de estos grupos.


Cavallo ha dejado en este proceso todas las huellas digitales. Por eso perdió los estribos cuando se conoció la información de la Justicia acerca del proceso abierto contra las medidas del gobierno en favor de estos pulpos. Cavallo sabe que la “moratoria Firestone“ debería conducirlo a la cárcel y serviría para desenrollar una de las madejas delictivas de la negociación de la deuda externa. Por esta razón, los radicales han puesto un freno a sus propias acusaciones.