El gobierno acaba de anunciar el descuento de los días de paro de los gremios docentes (Atech, Sitech Federación), y el no pago de la “oferta” de 25 pesos al básico. El sindicato de los estatales (UPCP) ha llamado a confluir en un paro de 48 horas. Está previsto un plenario de organizaciones en Sáenz Peña.

Un componente esencial de la crisis es la rebelión de los pequeños productores de algodón. El cultivo del algodón ha sido violentamente desplazado por la soja (270.000 hectáreas sembradas en 2000/01, 85.000 en 2002/03), lo que resulta en una mayor concentración de capital y la confiscación en masa de los pequeños productores. El ingreso de Cresud y otros consorcios capitalistas ha producido una crisis social en el campo de características catastróficas. Los herbicidas sustituyeron el trabajo manual de la escarda, la mecanización eliminó fuerzas de trabajo y se produjo una “invasión” de contratistas. La mano de obra expulsada del campo se sumó al ya enorme cordón de miseria de las grandes ciudades del Chaco y una parte sustancial de los pequeños campesinos tiene al día de hoy sus fincas embargadas.

(Sólo 70 propietarios tienen más de 650.000 hectáreas, 3.800 tienen propiedades que no superan las 150 hectáreas y 16.000, de menos de 10 hectáreas. En este último rubro está el grueso de los productores de algodón.)

El detonante de la crisis fue el hundimiento de los precios del algodón. Frente a la rebelión campesina (movilizaciones, cortes de ruta), el gobierno prometió un “precio sostén” de 740 pesos por tonelada, que es la mitad de los 1.500 que piden los productores, pero ni siquiera cumplió con su promesa.

Programa e intervención

A este escenario se le suma el reclamo de universalización de los planes de empleo y su aumento a 350 pesos.

Las “centrales” obreras (CTA y CGT), sin embargo, no han promovido una sola medida de lucha. Las direcciones de los gremios docentes y estatales (PJ, UCR, kirchneristas), que constituyen el grueso del sindicalismo “organizado” en la provincia, no atinan a elaborar un pliego común y se las ingenian para mantener la división en las luchas.

El gobierno, mientras tanto, se está haciendo cargo del rescate de 280 empresarios por 60 millones de dólares (resuelto en 2002).

Es necesario un programa: 1) salario mínimo para todos los trabajadores: 750 de básico, 50% de aumento de conjunto; 2) seguro universal al desocupado, trabajo para todos; plan de viviendas con mano de obra provista por las bolsas de trabajo de las organizaciones obreras y piqueteras; 3) blanqueo de la masa de trabajadores rurales en negro, condonación de las deudas para todos los pequeños productores endeudados, prohibición de la ejecución de campos y maquinarias, eliminación del impuesto inmobiliario para toda unidad productiva que no supere el carácter de explotación familiar; 4) crédito barato mediante el control obrero de la banca; 5) expropiación de las grandes extensiones de tierra y las comercializadoras, y traslado de las explotaciones al Inta para producción y experimentación, administrados por los municipios bajo control de los trabajadores; 6) impuesto progresivo a la gran propiedad capitalista.

Llamamos a poner en pie una Asamblea Popular en cada localidad, con delegados electos por las organizaciones en lucha. Reclamamos la huelga general hasta obtener los reclamos planteados.

 

 

El gobierno acaba de anunciar el descuento de los días de paro de los gremios docentes (Atech, Sitech Federación), y el no pago de la “oferta” de 25 pesos al básico. El sindicato de los estatales (UPCP) ha llamado a confluir en un paro de 48 horas. Está previsto un plenario de organizaciones en Sáenz Peña.

 

Un componente esencial de la crisis es la rebelión de los pequeños productores de algodón. El cultivo del algodón ha sido violentamente desplazado por la soja (270.000 hectáreas sembradas en 2000/01, 85.000 en 2002/03), lo que resulta en una mayor concentración de capital y la confiscación en masa de los pequeños productores. El ingreso de Cresud y otros consorcios capitalistas ha producido una crisis social en el campo de características catastróficas. Los herbicidas sustituyeron el trabajo manual de la escarda, la mecanización eliminó fuerzas de trabajo y se produjo una “invasión” de contratistas. La mano de obra expulsada del campo se sumó al ya enorme cordón de miseria de las grandes ciudades del Chaco y una parte sustancial de los pequeños campesinos tiene al día de hoy sus fincas embargadas.

 

(Sólo 70 propietarios tienen más de 650.000 hectáreas, 3.800 tienen propiedades que no superan las 150 hectáreas y 16.000, de menos de 10 hectáreas. En este último rubro está el grueso de los productores de algodón.)

 

El detonante de la crisis fue el hundimiento de los precios del algodón. Frente a la rebelión campesina (movilizaciones, cortes de ruta), el gobierno prometió un “precio sostén” de 740 pesos por tonelada, que es la mitad de los 1.500 que piden los productores, pero ni siquiera cumplió con su promesa.

 

Programa e intervención

 

A este escenario se le suma el reclamo de universalización de los planes de empleo y su aumento a 350 pesos.

 

Las “centrales” obreras (CTA y CGT), sin embargo, no han promovido una sola medida de lucha. Las direcciones de los gremios docentes y estatales (PJ, UCR, kirchneristas), que constituyen el grueso del sindicalismo “organizado” en la provincia, no atinan a elaborar un pliego común y se las ingenian para mantener la división en las luchas.

 

El gobierno, mientras tanto, se está haciendo cargo del rescate de 280 empresarios por 60 millones de dólares (resuelto en 2002).

 

Es necesario un programa: 1) salario mínimo para todos los trabajadores: 750 de básico, 50% de aumento de conjunto; 2) seguro universal al desocupado, trabajo para todos; plan de viviendas con mano de obra provista por las bolsas de trabajo de las organizaciones obreras y piqueteras; 3) blanqueo de la masa de trabajadores rurales en negro, condonación de las deudas para todos los pequeños productores endeudados, prohibición de la ejecución de campos y maquinarias, eliminación del impuesto inmobiliario para toda unidad productiva que no supere el carácter de explotación familiar; 4) crédito barato mediante el control obrero de la banca; 5) expropiación de las grandes extensiones de tierra y las comercializadoras, y traslado de las explotaciones al Inta para producción y experimentación, administrados por los municipios bajo control de los trabajadores; 6) impuesto progresivo a la gran propiedad capitalista.

 

Llamamos a poner en pie una Asamblea Popular en cada localidad, con delegados electos por las organizaciones en lucha. Reclamamos la huelga general hasta obtener los reclamos planteados.

 

El gobierno acaba de anunciar el descuento de los días de paro de los gremios docentes (Atech, Sitech Federación), y el no pago de la “oferta” de 25 pesos al básico. El sindicato de los estatales (UPCP) ha llamado a confluir en un paro de 48 horas. Está previsto un plenario de organizaciones en Sáenz Peña.

Un componente esencial de la crisis es la rebelión de los pequeños productores de algodón. El cultivo del algodón ha sido violentamente desplazado por la soja (270.000 hectáreas sembradas en 2000/01, 85.000 en 2002/03), lo que resulta en una mayor concentración de capital y la confiscación en masa de los pequeños productores. El ingreso de Cresud y otros consorcios capitalistas ha producido una crisis social en el campo de características catastróficas. Los herbicidas sustituyeron el trabajo manual de la escarda, la mecanización eliminó fuerzas de trabajo y se produjo una “invasión” de contratistas. La mano de obra expulsada del campo se sumó al ya enorme cordón de miseria de las grandes ciudades del Chaco y una parte sustancial de los pequeños campesinos tiene al día de hoy sus fincas embargadas.

(Sólo 70 propietarios tienen más de 650.000 hectáreas, 3.800 tienen propiedades que no superan las 150 hectáreas y 16.000, de menos de 10 hectáreas. En este último rubro está el grueso de los productores de algodón.)

El detonante de la crisis fue el hundimiento de los precios del algodón. Frente a la rebelión campesina (movilizaciones, cortes de ruta), el gobierno prometió un “precio sostén” de 740 pesos por tonelada, que es la mitad de los 1.500 que piden los productores, pero ni siquiera cumplió con su promesa.

Programa e intervención

A este escenario se le suma el reclamo de universalización de los planes de empleo y su aumento a 350 pesos.

Las “centrales” obreras (CTA y CGT), sin embargo, no han promovido una sola medida de lucha. Las direcciones de los gremios docentes y estatales (PJ, UCR, kirchneristas), que constituyen el grueso del sindicalismo “organizado” en la provincia, no atinan a elaborar un pliego común y se las ingenian para mantener la división en las luchas.

El gobierno, mientras tanto, se está haciendo cargo del rescate de 280 empresarios por 60 millones de dólares (resuelto en 2002).

Es necesario un programa: 1) salario mínimo para todos los trabajadores: 750 de básico, 50% de aumento de conjunto; 2) seguro universal al desocupado, trabajo para todos; plan de viviendas con mano de obra provista por las bolsas de trabajo de las organizaciones obreras y piqueteras; 3) blanqueo de la masa de trabajadores rurales en negro, condonación de las deudas para todos los pequeños productores endeudados, prohibición de la ejecución de campos y maquinarias, eliminación del impuesto inmobiliario para toda unidad productiva que no supere el carácter de explotación familiar; 4) crédito barato mediante el control obrero de la banca; 5) expropiación de las grandes extensiones de tierra y las comercializadoras, y traslado de las explotaciones al Inta para producción y experimentación, administrados por los municipios bajo control de los trabajadores; 6) impuesto progresivo a la gran propiedad capitalista.

Llamamos a poner en pie una Asamblea Popular en cada localidad, con delegados electos por las organizaciones en lucha. Reclamamos la huelga general hasta obtener los reclamos planteados.