Con el acuerdo del peronismo y el radicalismo, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó el "programa de extensión para la educación superior". Este establece que "se reconocerán a los Centros Regionales de Educación Superior-CRES- que dependan de las Municipalidades y/o de Asociaciones Civiles, Fundaciones o Cooperativas con personería jurídica y domicilio legal en la Provincia del Chaco". Significa que podrán dictar todas las carreras reconocidas por el Consejo Federal de Educación. En sus artículos 4to y 5to, la normativa establece la posibilidad de que los Centros Regionales de Educación Superior puedan firmar convenios con Universidades para el desarrollo de extensiones áulicas o con el Ministerio, para el desarrollo de nuevas carreras. 

El proyecto apunta a extender a la educación superior una tendencia ya existente en la primaria y la secundaria: la apertura de escuelas «de gestión social» bajo control de organizaciones sociales, asociaciones y, agrega esta nueva ley, municipalidades. De esta forma, se coloca progresivamente la educación superior bajo control de punteros políticos, en una variante pejotista de la privatización educativa.

Detrás de una supuesta ampliación de las carreras y de la extensión de la formación superior, se esconde una política de ajuste severísima. Los municipios o asociaciones carecen de infraestructura para desarrollar la educación superior. Estas nuevas carreras tendrán una formación precarizada, careciendo de los recursos con los que cuentan las universidades nacionales. 

También es un paso más en el arancelamiento, dado que las nuevas unidades educativas no tienen asegurado un financiamiento. Por lo tanto, la tendencia podrá ser a financiarse con recursos propios. Esto ya es moneda corriente en las extensiones áulicas de la UNNE en Charata o Castelli, que cobran aranceles mensuales por las carreras. El CRES ya existente en San Martín también cobra por sus cursos.

El proyecto es precarizador por donde se lo mire. Por ejemplo, ¿quién nombrará a los profesores? La normativa de las Universidades y Profesorados establece el ingreso por concurso. En cambio, en este caso, podrán designarlos los presidentes de cooperativas o asociaciones civiles, como ya ocurre en las escuelas de "gestión social".

El proyecto data del 2016, y por lo tanto es anterior a las actuales reformas de Macri en la Educación Superior, pero va totalmente en sintonía con la misma. El Ministerio de Educación de la Nación acaba de recortar la exclusividad de las incumbencias de los títulos universitarios otorgados por las universidades nacionales, una medida que favorece la proliferación de tecnicaturas con una formación degradada. Los Centros Regionales de Educación Superior estarán al servicio de la proliferación de ese tipo de carrera, con recursos y formación precarizada. 

El proyecto viene a pisotear las viejas conquistas de la reforma universitaria: se liquida la autonomía y el cogobierno. Bajo estos principios, es a través de la deliberación que docentes y estudiantes universitarios deberían resolver sobre planes de estudios, carrera docente, concursos, etc. Ahora, el control pasa a los presidentes de cooperativas, asociaciones civiles o municipios. La Cámara de Diputados del Chaco les va a entregar a los intendentes el control nada menos que de carreras e institutos universitarios. Una medida temeraria. 

Pongamos en pie una gran campaña para frenar este nuevo ataque a la Universidad Pública.