El gobierno del Chaco está embarcado en un endeudamiento del orden de los 8.000 millones de pesos. Uno de los objetivos es pagar un viejo juicio ganado por los trabajadores judiciales, que llegó a la instancia de embargar las cuentas de la provincia. Se trata de un juicio por la “ley de enganche”, que establece que los salarios de los judiciales deben ajustarse a los de los jueces del Superior Tribunal de Justicia. En 1991, el STJ obtuvo un aumento salarial del 113% que no se les trasladó a los trabajadores. Los juicios comenzaron, y el “caso Muller” llegó a la Corte Suprema de Justicia, que falló en favor de los trabajadores. La provincia eludió el pago hasta sufrir las consecuencias con el embargo de las cuentas públicas. Ahora, para salir del embrollo, buscan aprobar un crédito.

El triunfo en el juicio es una demorada y justa victoria de los trabajadores judiciales, que plantea la vigencia del enganche y la defensa de la escala salarial. Planteamos el pago inmediato a los judiciales de esta estafa. Pero los responsables, tanto los jueces del STJ, sus pares que fueron responsables de la estafa a los trabajadores, y los gobernadores y legisladores que avalaron la estafa en cada uno de los presupuestos desde 1991, deben responder con su patrimonio. Con el endeudamiento, en cambio, se cubre a los responsables para cargarle la factura, con intereses confiscatorios, al deteriorado presupuesto público de la provincia.

El segundo ítem del endeudamiento tiene características similares. Plantea tomar deuda para finalizar las obras públicas, muchas de las cuales están paralizadas desde que el gobierno nacional no baja los fondos. Pero no se investiga a los Biancalani (socio de Báez) y las constructoras que lucraron durante años con obras sobre facturadas. Planteamos que se abran los libros y se revisen las ganancias empresariales. En los casos de sobre facturaciones y curros, se debe aplicar este patrimonio mal habido a constituir un fondo que permita reactivar la obra pública provincial.