El proyecto de emergencia general que envió el gobernador Jorge Capitanich a la Cámara de Diputados de Chaco implica un ataque gravísimo a los trabajadores de la provincia, cuyas disposiciones superan incluso a las medidas tomadas por los gobiernos ajustadores de Macri y Domingo Peppo.

Con respecto a los trabajadores, el proyecto contempla:

1) congelar las vacantes para ingresar al Estado provincial por diez años. Por lo tanto, deja afuera del pase a planta a trabajadores precarizados que están hace años trabajando en el mismo por monedas. Este requisito agrava las restricciones ya vigentes en materia de ingreso a planta establecidas en el pacto fiscal firmado por Peppo y Macri;

2) dispone que para los actuales precarizados se “revisará su situación para evitar contraer obligaciones legales emergentes”. Esto implica, virtualmente, la posibilidad de despedirlos. Con respecto a los contratos, se le da al Estado la posibilidad de rescindirlos unilateralmente;

3) con respecto a los actuales trabajadores estatales, establece la posibilidad de trasladarlos y reasignarles funciones en forma unilateral, lo que abre la puerta a todo tipo de arbitrariedades y a la liquidación de cualquier tipo de derecho laboral en materia de tareas y categorías dentro del Estado;

4) habilita, a su vez, la posibilidad de que los empleados estatales sean enviados a trabajar al sector privado, dando herramientas para asignar trabajo que sea gratuito para las empresas.

Está claro que, en sectores clave como la salud o la educación, este proyecto implica un agravamiento de las condiciones de crisis actual. Para paliar esta situación, se establece la posibilidad, en el sector de salud, de contratar profesionales, pero no en planta. Este corset, que se presenta como una política que permita resolver la falta de profesionales, está claro que es lo contrario, porque implica la precarización laboral masiva de los nuevos profesionales de la salud que ingresen al Estado.

Endeudamiento, cajas negras y privatización

Como si esto fuera poco, el proyecto establece la posibilidad de contraer préstamos masivos de hasta el “10 por ciento” del presupuesto provincial, sin pasar por la Cámara de Diputados de la provincia. Aclara que podría hacerse en moneda nacional o extranjera, y habilita al Poder Ejecutivo provincial a comprometer, para el pago, los recursos provenientes de la coparticipación.

A su turno, habilita  en diversas áreas del Estado la posibilidad de la contratación y compra directa de bienes, terminando con todo el sistema de control de licitaciones, algo que Capitanich ya defendió durante su mandato encargando las compras del Estado a fondos fiduciarios a través de la Fiduciaria del Norte. Con el proyecto, el Estado se transforma en una gran caja negra carente de todo control.

El proyecto posibilita la venta directa, por fuera de las reglamentaciones actuales, de bienes muebles e inmuebles: una invitación a una privatización masiva de la tierra fiscal de la provincia.

La renta mínima universal que se establece, sin aclarar su monto, es una zanahoria para instar a votar un proyecto ajustador, antiobrero y de superpoderes excepcionales para el Ejecutivo. Lo propio sucede con una emergencia habitacional, de dos artículos, que prevé una reasignación de partidas (no dice cuáles) para la construcción de viviendas. Obviamente, ni para establecer un programa de renta mínima universal ni para asignar recursos a la construcción de viviendas necesita el Ejecutivo provincial los superpoderes establecidos en la ley.

Llamamos a enfrentar esta ley ómnibus de liquidación de derechos laborales y de transformación del Estado provincial en una caja negra sin ningún tipo de control.