Un reciente informe de la fiscalía de Derechos Humanos del Chaco, a cargo del Fiscal Turraca, revela 1056 denuncias tramitándose por abusos a los derechos humanos.

Se trata de un monumental operativo de encubrimiento sobre las denuncias que se producen a diario por abusos de las fuerzas de seguridad. Sólo en 2015, hubo 278 denuncias pero apenas tres de ellas llegaron a juicio.

La enorme mayoría de las causas cajoneadas tratan de abusos policiales. La fiscalía de Derechos Humanos se creó a raíz de una intimación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Juan Angel Greco, un artesano que murió por las quemaduras que sufrió durante el incendio intencional, a manos de la policía, del colchón del calabozo donde se encontraba detenido, en la comisaría de Puerto Vilelas.

Después de 21 años de impunidad policial, los fallos internacionales obligaron a la provincia a juzgar a los policías y a modificar el régimen judicial para estos casos, creando la fiscalía de Derechos Humanos.

Ahora, queda claro que la fiscalía creada no sirvió para ponerle límite a la arbitrariedad policial, sino que se transformó en una pieza clave del encubrimiento.

Entre las causas que duermen en la fiscalía de Derechos Humanos se encuentra la de Angel Verón, dirigente del Movimiento No al Desalojo, asesinado por la represión de Capitanich en 2015. El encuadramiento del hecho -homicidio preterintencional- prácticamente impide avanzar en las responsabilidades políticas. También duermen las denuncias por la brutal represión de Bacileff Ivanoff, en 2014, cuando una movilización de indígenas, trabajadores estatales, docentes y desocupados fue brutalmente reprimida con balas de plomo, en una persecución de más de 20 cuadras. En dicha represión, el represor Olivello disparó a mansalva sobre una periodista del Diario Norte, hiriéndola con balas de goma. Olivello sigue en funciones y nunca fue juzgado por estas agresiones.

No se trata solo de represión a movilizaciones. La descomposición de las fuerzas de seguridad y su ataque sistemático a la juventud van sobrepasando todos los límites. Recientemente, se denunció un segundo caso Greco: se trata de Fernando Suarez, que fue quemado vivo en la comisaría 4ta de Sáenz Peña. La policía sostiene que “se suicidó”. Las movilizaciones en Saenz Peña pidiendo justicia fueron reprimidas por la misma comisaría cuarta. Recientemente, otro agente, de la policía de Sáenz Peña, mató a tiros a Hugo Gómez, con el cual estaba jugando a las cartas. El agente tenía denuncias por robo pero no había sido separado de la fuerza. Nombres como el Ezequiel Aguilar y Yamila Gómez, engrosan la lista de los asesinatos policiales.

Es la misma policía que ampara a los narcos, la trata de personas, la que lucra asociándose al delito. Son la causa principal de la inseguridad ciudadana.

La impunidad policial fue “política de Estado” bajo los gobiernos de Capitanich. En la fiscalía de Turraca, este año debería llevarse a juicio el caso de Cesar Romero, quien fue empalado en la Comisaría Cuarta. Su hermana fue golpeada al intentar defenderlo. El caso ocurrió en el 2011 y desde entonces, regularmente, los policías involucrados, que siguen en actividad, han sido ascendidos año a año. Y, año a año también, denunciamos públicamente sus ascensos, sin obtener respuestas del poder político.

En pocos días más se cumplirá un año del asesinato de Ángel Verón. Vamos por una gran movilización por juicio y castigo a sus asesinos, exigiendo la separación del cargo del Fiscal Turraca y la investigación de las causas por abusos de las fuerzas de seguridad, lo que debe estar a cargo de fiscales elegidos y revocables por voto popular.