Entre las numerosas noticias sobre medidas represivas contra la población en el marco de la pandemia se destacan las adoptadas por el gobierno de Chaco. La policía, acusada de casos de gatillo fácil y apremios en forma cotidiana, está llevando adelante detenciones arbitrarias y desarrollando medidas represivas para garantizar la cuarentena, todas de características brutales. 

En Tirol, tiraron con balas de goma contra un grupo de vecinos porque supuestamente se negaron a dispersarse. En toda la provincia, en el día de ayer, hubo 17 encarcelados por violación de las restricciones. Antes, fueron dictadas prisiones domiciliarias contra vecinos que no respetaron la cuarentena obligatoria. 

Estas medidas dan carta blanca para todo tipo de abusos policiales y por parte del Estado. Un ejemplo de ellos es la denuncia del fiscal Sabadini contra la “paciente cero” (de la provincia), que volvió de España cuando todavía no había restricciones, y sin tener síntomas del virus ni tampoco habiendo restricciones nacionales. Esta hizo una vida laboral normal, contagiando, obviamente, a parte del entorno que trató con ella. Una acusación penal de este tipo descarga en una persona en particular la responsabilidad por la expansión de la pandemia, cuando para entonces el Estado no había tomado aún medidas de aislamiento. 

Las medidas draconianas del gobierno del Chaco contra la población contrastan con la inacción a la hora de garantizar la salud pública y privada. El sistema de salud de la provincia es un verdadero colapso en épocas de normalidad, ni hablar ahora. En la mayoría de los pueblos las ambulancias son insuficientes. Faltan médicos y enfermeros. La falta de medicamentos en los centros de salud es moneda corriente. En las zonas rurales, la situación se agrava por la incapacidad de acceder en épocas de lluvias por los caminos de tierra. 

En las clínicas privadas, que atienden por la obra social de la provincia (Insssep) es religiosamente cobrado un plus sanitario, que deben pagar los afiliados a pesar de los descuentos que realiza el Estado. El plus incluso tiene una ley “anti plus” (que no se cumple). El Gobierno, entre tanto, paga por debajo del nomenclador (y tarde) a médicos y clínicas, que usan ese argumento para descargar los costos en los pacientes. 

La crisis del sistema de salud de la provincia es estructural y el presupuesto 2020 le asignó a la salud pública una suma similar a la que se asigna al pago de la deuda externa provincial (12.000 millones de pesos). El cese del pago de esta deuda sería un punto de partida para que la provincia destine los recursos a la salud pública. 

La crisis del sistema de salud tiene otros elementos. Por ejemplo, en una provincia donde faltan sistemáticamente los médicos, la Facultad de Medicina de la UNNE tiene cupos de ingreso ultra restrictivos, que apuntan a defender una corporación profesional cerrada y a mantener un equilibrio presupuestario que alcanza para que a la universidad lleguen solo unos pocos privilegiados. 

En ese cuadro, el encuadramiento represivo del gobierno de Capitanich representa un intento desesperado por contener la expansión del virus golpeando a los propios afectados, frente al hecho evidente de que ni hospitales ni centros de salud de la provincia tienen la preparación mínima para atender la situación.

El proyecto de ley presentado por el diputado provincial del Partido Obrero Aurelio Diaz, reclamando el presupuesto de salud que corresponde y que sea controlado por comisiones electas por los trabajadores, marca un programa para conquistar una atención sanitaria real para el pueblo del Chaco