El viernes 9 de febrero, en horas de la madrugada, fueron desalojadas 15 familias que ocuparon  viviendas no terminadas de la calle Eva Peón. Las habitantes son trabajadoras que carecen de formas de acceder a una vivienda digna. La policía local, junto con la de Villa Ángela, reprimió con gas pimienta y empujones. Además, realizaron un cerco que impedía pasar alimentos para los niños y desde el municipio se envió a un equipo de desarrollo social que las amenazó con quitarles los hijos. Una vil maniobra que busca quebrarlas física y emocionalmente.

 

La represión fue con el consentimiento de la intendenta, Susana Maggio, y del gobernador Domingo Peppo, quien envió a la policía.

 

El PJ y la UCR son responsables de la represión y de la falta de viviendas. En 12 años de gobierno de Gustavo Steven y 10 del PJ provincial no dieron soluciones habitacionales. Es más, el gobierno de Steven estuvo involucrado con la estafa de las viviendas de Sueños Compartidos.

 

Funcionarios de la intendencia reconocieron que en la ciudad existen unas 500 familias sin vivienda, las cuales serán empadronadas por la Iglesia, una institución marcada por el encubrimiento de curas acusados de pedofilia.

 

El 13 de febrero, Susana Maggio llamó a las familias a una reunión donde no hubo ninguna solución al conflicto, sólo se avaló la represión y se remarcó que lo volverían a hacer.

 

Desde el Partido Obrero brindamos nuestra total solidaridad con las víctimas y familiares de la represión y exigimos un plan de construcción de viviendas sociales en base a un aumento del impuesto rural.