Ni “Chau colimba”, ni “Gracias, señor presidente”. El servicio militar obligatorio no ha sido derogado ni está prevista su derogación.

Contra lo que dice toda la publicidad oficialista, Clarín informa (22/9) que durante el debate del proyecto de ley en Diputados, fue rechazado un reclamo para establecer la “derogación expresa” de la obligación del servicio militar. El texto aprobado establece, en consecuencia, que “se podrá convocar por ley a prestar servicio cuando el número de soldados voluntarios no alcance a cubrir las necesidades de la defensa nacional” (ídem). El “cupo mínimo” no dependerá sólo de esas “necesidades”, sino también de los salarios que se paguen, los que serán igualmente fijados por el gobierno.

El proyecto se preocupa de reafirmar lo que ya rige en la Constitución: los soldados, sean “voluntarios” o no, podrán votar pero carecerán de derechos de organización política y sindical. La actividad política en los cuarteles seguirá siendo un monopolio del cuerpo de oficiales y los soldados tendrán prohibido defenderse colectivamente frente a los atropellos de las autoridades militares y del propio Estado. El soldado asalariado que prevé el nuevo texto no tiene los mismos derechos que los demás trabajadores.

El proyecto concede “preferencias … a estos voluntarios para ingresar a la administración pública y adquirir viviendas promovidas por el Estado” (Clarín, 22/9). Se establece una marcada discriminación contra los supuestos “beneficiados” que no hagan la conscripción. Al mismo tiempo, se asegurará la “disciplina laboral” en las dependencias públicas, ya que su futuro personal deberá pasar por cuatro años de adoctrinamiento y regimentación militar.

“Peligra el servicio militar voluntario”

El proyecto aún necesita la venia del Senado y el “decreto reglamentario” del Ejecutivo; sin embargo, ya “peligra” (La Nación, 22/9) por “falta de presupuesto”.

Aunque según el gobierno ya se han adjudicado las partidas presupuestarias necesarias, “fuentes militares (informaron) que esta importante transformación correría el riesgo de fracasar por causa del escaso presupuesto operativo otorgado al Ejército para el año próximo” (La Nación, 2/10). El proyecto anunciado con bombos y platillos a la espera de una catarata de votos en las próximas elecciones está, simplemente, “en el aire”.

En los últimos siete años, el Ejército redujo su presupuesto operativo en el 71% (Punto Crítico, 30/9); “(los militares) ven que muchos de sus equipos son crecientemente obsoletos, el combustible y las municiones para entrenamiento están restringidos”, confirma The Economist (24/9). En estas condiciones, “vamos a incorporar soldados contratados y luego no va a haber dinero para que realicen una mínima ejercitación que corresponde”, según explicó el ex ministro de Defensa radical y actual diputado Horacio Jaunarena.

La prensa dice que el generalato pudo evitar a duras penas los “cacerolazos” de las esposas de los suboficiales en las puertas de los cuarteles y describe la situación interna del Ejército como “tensa”. El pago de una parte de los salarios militares “en negro”… provocó una catarata de juicios de los retirados, que según la ley jubilatoria militar, gozan de un haber del 100% del de los militares en actividad.

Cavallo ha planteado que los fondos para los aumentos y para el presupuesto operativo deberían salir de la “venta de activos militares”, como por ejemplo, los cuarteles de Palermo y quizás, hasta Campo de Mayo, y del ahorro que provocaría la fusión de distintas instituciones militares. Para lo primero sería necesario modificar las leyes vigentes, que prohíben expresamente la utilización de fondos provenientes de privatizaciones para aumentar los salarios; para lo segundo, Cavallo exige en el Presupuesto ’95 que el Parlamento abdique de varias de sus facultades constitucionales en favor del Ejecutivo por un plazo de cinco años.

En su capítulo referido a la “defensa”, un reciente y promocionado estudio del Banco Mundial —“Argentina: de la insolvencia al crecimiento” — recomienda una reducción drástica del número de oficiales (25%) y de generales (50%) para viabilizar el enganche de soldados profesionales. Pero esto no alcanza para resolver el problema, porque los retirados cobran exactamente lo mismo que los activos. Será necesario, además, “reducir las pensiones militares”, como reclama The Economist, mediante “el desenganche del sistema previsional militar del régimen de ingresos de los activos” (Punto Crítico, 30/9). La sola mención del “desenganche” “les hizo sentir (a los militares) que les ponían el dedo en la llaga” (ídem).  En su edición del 13 de octubre, Ambito Financiero informa que Cavallo pretende convertir el IAF, la caja jubilatoria militar, en una … AFJP.

¿El gobierno menemista está en condiciones de afrontar el choque que presupone imponer semejante “racionalización” de las Fuerzas Armadas, precisamente cuando necesita del concurso de las instituciones armadas para acentuar la represión al pueblo trabajador?

El “sueño”  de los miles y miles de votos que ganaría con el “servicio militar voluntario” amenaza con convertirse para el menemismo en una pesadilla.