El gobierno de Bachelet asesinó a otro dirigente mapuche, el comunero Jaime Mendoza Collio. Los mapuches resistieron el brutal desalojo del fundo San Sebastián, en la VIII Región, hasta que una arremetida de fuerzas especiales dejó 9 heridos y 3 comuneros desaparecidos. Mendoza Collio, objeto de una cacería, fue muerto por la espalda a 2 km del lugar. También reprimieron a los familiares que custodiaban la puerta del Servicio Médico Legal para evitar que, una vez más, la policía se “robara” el cuerpo. Las comunidades se encuentran bajo estado de sitio, con allanamientos masivos y controles en las carreteras de la llamada, por el gobierno, “zona en conflicto”. El asesinato de Mendoza Collio se suma al del estudiante Matías Catrileo Quezada, en enero de 2008, y al de Alex Lemún Saavedra, siempre en desalojos de fundos. El gobierno aduce que la policía actuó en legítima defensa frente a la “violencia” de 60 comuneros desarmados.

El predio había sido recuperado por la Alianza Territorial del Pueblo Mapuche, convocada en movilización general después de intentar durante meses que el gobierno los recibiera. Bachelet respondió a la movilización militarizando la zona y con el traslado de militares y policías desde todo el país. Aunque Chile es signataria del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que reconoce a los mapuches derechos intransferibles sobre su tierra, Bachelet pretende que en setiembre el Parlamento apruebe una ley  “de inversión responsable”, que los despoja de esos derechos y otorga al gobierno atribuciones para que inversores exploten los ricos recursos naturales de la Araucanía. En Perú, que firmó el convenio hace 15 años, cientos de originarios han sido asesinados por defender su derecho a la tierra.

Bachelet reprime a mansalva a las organizaciones mapuches, ordenó allanamientos intimidatorios de las comunidades y encarcela a sus dirigentes. Intenta disfrazar sus protestas como una “guerra mapuche” (La Nación, 17-8) y las califica como actos de terrorismo. Los mapuches acusan al gobierno de perpetrar autoatentados para justificar la represión y el despojo. Actualmente, hay más de 400 mapuches procesados y unos 40 presos. Durante la dictadura de Pinochet, un decreto intentó terminar con propiedad comunal mapuche y “chilenizarlos”, entregando sus tierras a la explotación forestal. El gobierno de la Concertación sigue la misma política.

El gobierno “socialista” se despide dejando un reguero de muertos, miles de detenidos en protestas y decenas de presos políticos. La política de represión y violación de los derechos humanos será uno de los puntos a determinar por el pueblo chileno en las próximas elecciones.

• Basta de persecución, hostigamiento, amedrentamiento y militarización de los mapuches en sus territorios.

• Por la liberación inmediata e incondicional de los detenidos.

• Anulación del proceso Poluco Podenco.

• Derogación de la “ley antiterrorista” de Pinochet.

• Libertad a todos los presos por luchar.

• Cárcel a los responsables políticos y materiales de la muerte de Matías Catrileo, Alex Lemun y Jaime Mendoza Collio.

O.S.R.