Ante el avance del coronavirus en todo el mundo, y ante las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno nacional y la provincia, son necesarias medidas urgentes para preparar el sistema de salud de la provincia, para resolver inmediatamente la exposición de los que aún son obligados a ir a trabajar por las patronales, a pesar de no ser servicios esenciales, para frenar los despidos y las suspensiones en los casos de trabajo precario y para subsidiar a aquellos monotributistas, changarines y precarizados que están sin cobrar. 

En línea con los 20 puntos propuestos por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad a nivel nacional para hacer frente a la pandemia, las y los trabajadores de Chubut debemos exigir un plan integral para hacerle frente, en una provincia quebrada. 

1) No pago e investigación de la deuda provincial. Es necesaria la suspensión inmediata del pago de la deuda provincial. Hoy es el principal despilfarro de fondos de Chubut, y ha sido fuertemente cuestionada por su oscuro mecanismo de colocación, comisiones multimillonarias y por no tener registro del destino de los fondos. La mayoritaria utilización de los recursos provinciales para su pago es un crimen social. Quedarán bajo estricta responsabilidad del gobierno y de todo el régimen político las consecuencias humanas y sanitarias si la pandemia se desarrolla en una provincia que privilegia “honrar” a los especuladores financieros por sobre la población trabajadora.

2) Impuestos extraordinarios a los grandes capitales provinciales. Corresponde que la clase social que ha sacado cuantiosas ganancias sea la que destine mayor cantidad de recursos para enfrentarla. Las petroleras, pesqueras, Aluar, los grandes terratenientes, las grandes empresas de turismo, entre otras, son las primeras que deben garantizar, bajo un impuesto extraordinario, el financiamiento de las medidas urgentes que requiere el sistema de Salud y la población en general.

3) Pago inmediato de los salarios y las jubilaciones. Sobre la base de la enorme transferencia de recursos que suponen los dos puntos anteriores, el gobierno debe realizar el pago inmediato del conjunto de salarios y jubilaciones adeudadas. Ningún asalariado puede hacer frente al aislamiento sin su sueldo. Las y los trabajadores de la salud que combaten la pandemia, en su mayoría no han percibido sus haberes ¡de febrero! Rechazo al DNU 232, por inconsulto y por abrir la puerta para la regimentación y represión de los trabajadores de la salud, que tienen que estar a la cabeza de la organización de las medidas de seguridad y del plan para enfrentar la pandemia.

4) Prohibición de despidos, suspensiones y actividades no esenciales. El gobierno provincial y los municipios deben prohibir despidos y suspensiones, a la vez que tienen que garantizar subsidios de 30 mil pesos para el conjunto de trabajadoras y trabajadores precarizados bajo distintas formas, que hoy no pueden asistir a su trabajo, mediante un empadronamiento y penalización económica de las patronales negreras. A su vez, debe suspenderse toda actividad no esencial. Existen numerosas denuncias de patronales que obligan a sus empleados a conglomerarse en sus empresas, como es el caso de Aluar, las pesqueras, la construcción y el petróleo.

5) Testeos y centralización del sistema de Salud.  En el lapso que sea necesario el aislamiento, es fundamental que se desarrollen las medidas necesarias para tener en la provincia la capacidad de realizar los testeos para el coronavirus, el colapso del Instituto Malbrán significa una visión limitada del real estado de expansión de la pandemia. La atención primaria y el aislamiento de los casos positivos (dentro de los cuales puede haber trabajadores de áreas esenciales) es una urgencia para controlar el avance de la pandemia. Además, es prioritaria la centralización en los municipios y en la provincia de todo el sistema de salud, público y privado, la inversión en la expansión de los centros actuales existentes y la construcción donde sea necesario de nuevos centros. El ministro de Seguridad Massoni, siguiendo instrucciones del gobernador Arcioni, anuncia nuevos centros de detención en la provincia para aquellos que incumplen la cuarentena. Encubren que la prioridad es, como ha sucedido en la ciudad de Wuhan, China, un aumento extraordinario de los centros de salud y atención inmediata. La cantidad de camas y de respiradores existentes en los hospitales es completamente insuficientes para atender una posible expansión del virus. Estos últimos días, diferentes hospitales de la provincia, como el de Puerto Madryn y Trelew, han llevado adelante campañas para reunir fondos y donaciones, lo que evidencia la falta de insumos necesarios por parte del Estado provincial, desde artículos de limpieza hasta potes con dosificador para colocar alcohol en gel. 

Las centrales sindicales deberían estar planteando estas medidas urgentes, pero su adaptación al gobierno trae como consecuencia que sus planteos estén alrededor del #QuedateEnCasa, que si se plantea de forma aislada, solo implica poner el eje del problema en la responsabilidad individual, dejando impune a las patronales y al Estado. En función de seguir protegiendo los intereses capitalistas en el marco de esta pandemia, dejan en estado de completa vulnerabilidad a la población trabajadora. 

A la fecha, se han registrado en Chubut 230 detenciones. El gobierno y el Ministerio de Seguridad deben explicar en qué contexto y por cuáles motivos fueron realizadas estas detenciones, así como el estado de dichas personas y el respeto de sus libertades democráticas. Rechazamos cualquier intento de militarización de la provincia, ya que han anunciado el toque de queda desde las 19:30 horas. Esta política represiva explota a su favor el rechazo popular que genera la irresponsabilidad de unos pocos, para ocultar que no pueden resolver los reclamos más urgentes y necesarios para derrotar la pandemia. 

Con estas medidas, organicémonos allí donde las patronales de servicios no esenciales obliguen a asistir, y exijamos en toda la provincia las medidas de prevención necesarias, que deben ser dirigidas por la clase obrera, frente a un gobierno postrado ante los intereses de los capitalistas. Arcioni no puede gobernar para los capitalistas y acreedores de la deuda provincial y a la vez proteger a la población trabajadora.