Con un déficit anual aproximado de 100 millones de dólares y una deuda de 1006 millones de dólares, los trabajadores del Chubut tendrán que afrontar un segundo semestre cargado de choques sociales, tanto a nivel salarial como en relación a las condiciones laborables. Como botón de muestra, en julio el gobernador Mariano Arcioni aún no ha podido pagar en tiempo y forma los salarios de docentes y estatales. Ha acusado públicamente a la oposición en la legislatura provincial de no votar las “ampliaciones presupuestarias” requeridas, hecho desmentido hasta por propios sectores del oficialismo. El real “mar de fondo” es la crisis financiera generada por los vencimientos de la deuda pública, que se imponen a pesar del 44% de incremento de los fondos por coparticipación y el aumento de 120% en las regalías petroleras. Está claro: Arcioni gobierna para los acreedores de la deuda, mientras aquellos que viven de su trabajo “pueden esperar”.

 

En términos políticos, Arcioni ha abandonado su "neutralidad provincial" y ha apoyado a Alberto Fernández, a pesar de que la justicia le negara sumar sus candidatos a diputados nacionales a la boleta del Frente de Todos. Cabe destacar que él ha sido el elegido del kirchnerismo en las recientes elecciones provinciales, tras el fracaso de la "unidad" que buscaron impulsar desde el Instituto Patria (Alberto Fernández en persona había protagonizado dichas gestiones a fines del 2018), mediante unas PASO entre Arcioni y Carlos Linares (representante de amplios sectores del Pj provincial) o incluso Ley de Lemas.

 

Debido a la crisis financiera de la provincia, y el mayor ajuste que plantea como salida, el gobernador reelecto promovió a Federico Massonni, reciente reivindicador de genocidas, de ministro de gobierno a Jefe de Ministros, desplazando a Marcial Paz, y colocándolo al frente del “diálogo con los sindicatos”, que ha comenzado con un anuncio de descuento de los días a los estatales y docentes que adhieran a los paros. La designación de Massoni es una confesión de partes de la política que se llevará adelante ante los conflictos sociales: ajuste y represión.

 

La incapacidad del gobierno para generar recursos genuinos, al estar comprometidas casi la mitad de las regalías petroleras al pago de los vencimientos de deuda, ponen en alerta a los sectores populares y a las organizaciones ambientalistas, que ven una posible avanzada del sector minero, en sociedad con el gobierno nacional, para volver a intentar torcer la más que refrendada voluntad popular. La crisis que los tres últimos gobiernos provinciales pejotistas generaron con un festín de deuda pública, vaciamiento y corrupción, es utilizada para plantear que un salto cualitativo en el extractivismo es la única salida.

 

La patronal ya tomó su decisión: tarifazos, represión, la llegada de la megaminería y el cumplimiento de los vencimientos de una deuda provincial impagable, con plazos hasta el 2047, a costa del salario de los trabajadores y trabajadoras estatales y docentes.

 

Es momento que opongamos a esta barbarie capitalista un modelo productivo y de desarrollo al servicio de los intereses de la clase obrera y la juventud. La anulación de los tarifazos, la defensa del trabajo, el salario y los derechos de las mujeres y la juventud, el no rotundo a la megaminería contaminante, la investigación de la deuda pública provincial y el rechazo a la represión de la protesta social son algunos de los puntos destacados del programa defendido por la lista del Frente de Izquierda-Unidad en Chubut, encabezada por Gloria Sáez del Partido Obrero, candidata a gobernadora de la fuerza de izquierda más votada en las elecciones provinciales, Daniel Ruiz del PSTU, preso por luchar contra la reforma previsional en 2017 y Emilse Saavedra, compañera referente del MST.