La reciente resolución de la ministra de Educación de Chubut Florencia Perata, que dejó a miles de docentes suplentes sin trabajo en plena pandemia, fue tan sólo un adelanto del nuevo plan de ajuste que se cocinará esta semana en una reunión entre el gabinete del gobernador Arcioni y el Ministerio de Economía de Nación de Martín Guzmán, junto al Ministerio del Interior, en la figura de Silvina Batakis, secretaria de Provincias. Según trascendidos, el cónclave fue gestionado por el presidente de la Cámara de Diputados y padrino político del gobernador Arcioni, Sergio Massa.

La reunión ha sido presentada como una “auditoría a fondo” de las cuentas provinciales por parte de Nación, para otorgar un eventual rescate financiero, que oscila entre los 10 y 15 mil millones de pesos, a causa del atraso de más de dos meses del gobierno de Arcioni con los salarios de las y los estatales, además del aguinaldo, en plena pandemia.

Pero en rigor, lo que discutirá Arcioni y su equipo, junto a los ministros de las carteras nacionales, es la magnitud de un nuevo plan de ajuste provincial, “sostenible” en el tiempo, a condición de la ayuda financiera. A su vez, la intervención urgente del gobierno de Alberto Fernández está dada por otros dos factores: la posibilidad de un incumplimiento de Chubut con sus acreedores: es decir, un default que sin dudas afectaría las negociaciones en curso con el FMI. Y, según destacan medios provinciales, por un pedido por parte del gobierno de Fernández, para que Arcioni avance, “sin tibieza”, con la megaminería en Chubut. Toma y daca.

Esta semana, uno de los ministros de Arcioni ha confesado públicamente que si los bonistas no ceden la provincia podría tomar “acciones legales”. Aparece el fantasma del default. ¿Qué tienen que ceder los acreedores? Algo que al parecer el gobierno no puede pagar: un vencimiento de 40 millones de dólares para el mes de octubre de uno de los bonos que se busca reestructurar, el Bocade.

La novedad en la situación es que el “supercepo” implementado por el gobierno de Alberto Fernández “embarró” más aún el proceso de renegociación de la deuda en dólares de Chubut, tras el aval político del Frente de Todos y Cambiemos en la Legislatura provincial semanas atrás. ¿Por qué se embarró? Si bien las negociaciones se realizan bajo el mayor hermetismo, información extraoficial da cuenta de que parte de las acreedoras de la deuda serían las mismas empresas petroleras -en Chubut, fundamentalmente hablaríamos de Panamerican Energy, de Bulgheroni. Es decir, operadoras que con el cepo vieron afectado su propio acceso a dólares (en un 60%) para pagar sus propias deudas privadas. Ningún acreedor afloja si se le complican las deudas propias.

El “Plan de Sostenibilidad” de Chubut y megaminería

Los recientes viajes de Arcioni a Buenos Aires tuvieron como objetivo la búsqueda de fondos. Con un déficit que supera los 2.500 millones de pesos mensuales, impuestos provinciales y coparticipación federal a la baja, y regalías retenidas en su totalidad para el pago de la deuda fraudulenta, el programa de Arcioni consiste en más endeudamiento. La cuestión es con quién y en qué términos.

El pedido el rescate puede darse bajo diversas modalidades: un planteo en torno al recupero de fondos de la coparticipación, más ATN (Adelantos del Tesoro Nacional), recursos del Fondo Fiduciario o una mayor autorización para emitir letras del Tesoro. En su “Plan de Sustentabilidad” -nueva versión del Plan de Reestructuración del Estado que presentó Arcioni en febrero con la supervisión del mismo ministro Guzmán- el gobernador ya ha ofrendado su resolución 168 contra la docencia, pero en el combo aparece un congelamiento salarial a la Santa Cruz, más jubilaciones forzadas, bajas por “débito laboral”, bajas de horas cátedra y horas de guardia, e incluso un zarpazo sobre la caja previsional de la provincia, que ya ha sido declarada “deficitaria” por su directorio. A su vez, una “reforma impositiva”, con aumentos en ingresos Brutos, Sellos y el cobro efectivo de impuestos existentes… como el impuesto al mobiliario rural, entre otros.

Como mencionamos al principio, dos medios provinciales (Diario Jornada y ADN Sur) coinciden en sus ediciones dominicales en un mismo punto: una de las contraprestaciones que le pide el gobierno nacional a Arcioni es el compromiso político de un avance “decidido” en “la ampliación de la matriz productiva”, traducido: un avance definitivo de la megaminería en Chubut.

Sucede que Chubut y Nación comparten acreedores, como ser BlackRock, un importante lobista minero a nivel mundial. El avance de la depredación capitalista sobre los bienes comunes está íntimamente relacionada con las deudas externas, que funcionan como herramientas de presión de las transnacionales y los estados imperialistas sobre los países oprimidos.

¿Por qué un Congreso de bases en Chubut?

La clave de la situación sigue siendo la respuesta de la clase trabajadora ante esta nueva ofensiva. Ni un mayor endeudamiento, ni un mayor remate de los derechos más elementales como el salario y las jubilaciones, ni la megaminería, ni la criminalización de la protesta, ni la represión del fascistizante ministro Massoni, significan una salida para las mayorías populares.

Como muestra de la precariedad del gobierno, esta semana Arcioni tuvo que desactivar la renuncia, que fue efectiva, por parte del ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, ante el inminente colapso del sistema sanitario producto de la pandemia, y el atraso salarial. Tampoco pudo avanzar en un acuerdo alcanzado con la cúpula del Poder Judicial, que consiste en un préstamo del Banco Chubut para pagar salarios, otra pata fundamental del régimen.

Vuelven a ponerse a la orden del día, a pesar de la pandemia, los piquetes en las rutas, la toma de ministerios y la movilización callejera.

Sin embargo, las direcciones sindicales nucleadas en la Mesa de Unidad Sindical y en ATE, es decir las CTA, pero también la CGT (petroleros, construcción, camioneros, comercio, pesca, etc.) han sellado un pacto social con el gobierno de Alberto Fernández, que como hemos visto, es el garante político de los planes de Arcioni. En este punto, es preciso subrayar que cualquier lectura acerca de la situación de Chubut, que a esta altura no comprenda que la política de Arcioni es sostenida, monitoreada y consensuada junto al gobierno de Alberto Fernández, está reñida con la realidad. Si el brutal gobierno de Arcioni aún sigue en pie, es por el apoyo político del Frente de Todos a nivel nacional, sus derivaciones provinciales que incluso son “oposición” (PJ y “Frente Patriótico”), los colaboradores en las direcciones sindicales y el apoyo de diversos representantes de la burguesía local.

Por eso es necesario impulsar una acción independiente, mediante un congreso de delegados de base de todos los sindicatos, que vote un plan de lucha unificado, que termine con el intolerable gobierno de Arcioni y siente las bases para discutir un plan de salida, pero en los términos de la clase obrera.

La reciente realización del Plenario del Sindicalismo Combativo de la Patagonia Sur, entre Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, ha sido una expresión de las tendencias de los trabajadores a enfrentar la crisis capitalista con sus propios métodos de lucha.

El Partido Obrero acompañará las movilizaciones previstas para esta semana, y pone a discusión un programa: el rechazo a la megaminería, el no pago de la deuda fraudulenta y su investigación, así como impuestos progresivos a los grandes capitales. Con estos recursos: la defensa irrestricta del salario y las jubilaciones, y para enfrentar la pandemia, el fortalecimiento del sistema de Salud, que debe ser centralizado bajo control de las y los trabajadores.