La irrupción del movimiento obrero industrial en Trelew, de la mano de los textiles de Sedamil y los y las trabajadoras de la pesquera Fyrsa, que se movilizan por su salario y por la defensa de los puestos laborales, implica una novedad en el proceso de huelgas y rebeliones que desde el 2018 hasta ahora ha sido protagonizado fundamentalmente por docentes y estatales, contra el gobierno de Arcioni.

El atraso de casi dos meses en el pago a los estatales, la amenaza de pagos escalonados en municipios, reducciones salariales y despidos masivos en el sector privado- que ya se huelen en la estratégica industria petrolera- indican que no estamos solo ante un mero “ajuste fiscal”, sino ante una profunda tentativa de reorganización capitalista, con base material en el derrumbe del mercado externo de la cuarta provincia exportadora del país, producto de la pandemia y la depresión económica mundial.

En este cuadro, la histórica defensa de los intereses patronales y de los capitalistas locales, como Bulgheroni de PAE, Madanes Quintanilla de Aluar, los terratenientes como Benneton y Lewis, las pesqueras como Conarpesa y los acreedores de la deuda provincial, será a costa de una ofensiva recargada contra el conjunto de clase trabajadora chubutense y sus derechos más elementales: el salario, las jubilaciones, los convenios colectivos y los puestos laborales.

Crisis económica y la reestructuración de la petrodeuda

Arcioni ha reconocido que la recaudación por regalías petroleras (más de un tercio de los ingresos provinciales) ha caído un 70%, la recaudación de impuestos provinciales lo ha hecho en una cifra similar y la coparticipación federal se ha reducido un 15%, producto de la recesión general y la pandemia. Ante este colapso, el gobernador no se sonroja y sostiene que la deuda de 900 millones de dólares es “indefaulteable”. Ya existe un proyecto de reestructuración de la deuda, que cuenta con el visto bueno del ministro Guzmán y el apoyo de todos los bloques en la legislatura provincial. Como se ve, y sucede también a nivel nacional, para “honrar” deudas con los especuladores financieros, no existe “grieta” entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

El portal oficialista ADN-Sur ha adelantado el proyecto de reestructuración de la deuda (ADN Sur, 22/05), que necesita el aval del 75% de los acreedores, busca patear el pago de vencimiento de los pagos hasta 2023. A cambio, como figura en su artículo 4º, ofrece la coparticipación federal como garantía de pago, así como “y/o de las regalías hidrocarburíferas y/o el canon extraordinario de producción, y/o los recursos propios de libre disponibilidad”. Es decir, los “tres años de gracia” serían el tiempo necesario para reorganizar la totalidad de la producción y la economía provincial (¿megaminería mediante?) en función del pago de la deuda provincial fraudulenta.

Imposible sin la burocracia sindical

Esta profunda reorganización capitalista resulta inviable sin la complicidad de las diferentes burocracias sindicales. Desde la CGT, con el patotero de docentes “Loma” Ávila, que ante la posibilidad de despidos masivos en el petróleo solo atina a decir que “el trabajador petrolero sale barato”, a la centroizquierdista Mesa de Unidad Sindical, que al margen de desunir cada vez más a los trabajadores, se remite a desempolvar un cada vez más devaluado proyecto de ley tributaria a los grandes capitales y hablar de la suspensión del pago de la deuda provincial (que en los hechos es lo mismo que patear vencimientos, como plantea el gobierno), pero se encuentra con el límite político del Frente de Todos, su referencia política nacional, que cede ante la presión de los acreedores de la deuda externa y dilata el proyecto de impuestos a las grandes fortunas, porque justamente “espanta” a los mismos acreedores y al FMI. Pero para comprender este cortocircuito entre las direcciones sindicales de las CTA provinciales y sus direcciones políticas, basta escuchar el silencio del diputado nacional kirchnerista Santiago Igón, ante el programa provincial de la MUS.

La unidad de las luchas tras un programa de los trabajadores y la izquierda

Para reprimir los potenciales estallidos sociales, el ministro de Seguridad provincial Federico Massoni sigue en pie. La lucha contra los abusos policiales en cuarentena ha significado un freno parcial a su política: más de 30 denuncias de abusos policiales (y otros tantos que continúan) morirán en una Justicia Federal cómplice y el silencio absoluto de, por ejemplo, la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic. A su vez, los choques “por arriba” entre el gobierno de Arcioni y la Justicia reeditan el fantasma del juicio político e incluso de una intervención federal. La descomposición política de un régimen corrupto va en ascenso, botón de muestra es la ruptura del bloque de diputados arcionistas en la legislatura, de la mano del vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y con un Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, motor económico de la provincia, de aceitados lazos políticos con el albertismo, que por ahora la “centrea”. El peronismo de Chubut se devora en sus propias internas y la expresión provincial de la derecha macrista no sirve ni para espiar.

Existe un hilo conductor entre las luchas de los textiles de Sedamil, las y los pesqueros, la defensa de los puestos laborales por parte de los obreros petroleros, de la construcción y los camioneros, entre docentes, trabajadores de la Salud, viales, judiciales, las asambleas del No a la Mina y los pueblos originarios que defienden el agua y el territorio. Todas ellas revelan que la clase obrera chubutense aparece en el escenario político con una fuerte vitalidad. El triunfo de las luchas en curso, de la ocupación de Sedamil y de  la pesquera Fyrsa en primer lugar, debe ser una de las consignas para unificar al conjunto de los trabajadores. Es necesario poner en pie plenarios de delegados de base en los puestos de trabajo, plenarios provinciales como los que han sido arrancados por las bases docentes de la Atech, asambleas populares como en Esquel y Sarmiento en lo más álgido del Chubutazo, durante 2019. El gobierno, la burocracia sindical y los capitalistas le temen como a la peste a estas instancias de organización independientes. Un plan de lucha diseñado por un Congreso Provincial de Trabajadores, con mandato de delegados de base de todos los sindicatos, significaría de una vez por todas, el fin de Arcioni, Massoni y de un gobierno cada día más incompatible con los intereses populares.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda impulsa y pone a debate un programa: en primer lugar, la defensa de los protocolos de bioseguridad en los puestos de trabajo ante la pandemia, que no ha finalizado; el no pago e investigación de la deuda provincial ilegítima, junto a un impuesto progresivo y permanente a los grandes capitalistas; con estos recursos, la defensa irrestricta del salario y las jubilaciones; la toma de toda fábrica que cierre o despida y su control por parte de los trabajadores; el #NoEsNo a la megaminería contaminante.

Ante esta descomposición política, el agravamiento de la crisis y los nuevos ataque que vendrán, el movimiento obrero y el pueblo trabajador de Chubut debe impulsar una deliberación a fondo, y construir una salida propia.