El conflicto está ingresando a su décima semana de paros, cortes y movilizaciones. Hay un cuestionamiento creciente al poder político local y en algunas ciudades, como Rawson, un principio de disolución del Estado.

El movimiento de lucha está agotando una fase pero, para desarrollarse, necesita una dirección que lo unifique y objetivos más definidos.

Quiebra provincial

El gobierno no logra enderezar un rumbo de salida a la crisis política y económica de la provincia. El endeudamiento del Estado, con acreedores financieros y proveedores, compromete el grueso del presupuesto, que en gran medida está atado a la producción petrolera.

La alternativa de tomar nueva deuda está cancelada y la necesidad de financiamiento es varias veces superior a los ingresos corrientes. Macri envió un adelanto de fondos que apenas sirvió para completar el pago de salarios.

El amparo que el juez de Rawson dictó al gobierno nacional para que cumpla con su obligación de garantizar el funcionamiento del sistema educativo introduce un nuevo actor: el arbitraje de la Justicia.

 

Una nueva etapa

La política de “mano firme” desplegada por el gobernador Mariano Arcioni fue impotente para quebrar al movimiento. Las detenciones de algunos dirigentes, el desalojo del piquete por las bandas de “Loma” Ávila, la amenaza de descuentos y el intento de forzar la vuelta a las aulas acordando con una fracción de los auxiliares, fracasaron.

Al revés, fue el movimiento el que se “cargó” a varios ministros (en tanto que el monje negro del Gobierno, el jefe de gabinete Federico Massoni, pende de un hilo) y a la intendenta de Rawson; conquistó la solidaridad de gremios “pesados” como Camioneros o la Uocra y el apoyo de la base petrolera; y se expandió a la juventud con la ocupación de escuelas. Incluso logró conmover la tregua nacional, ordenada por los Fernández, forzando los dos paros de la Ctera, aunque carecieron de toda continuidad. 

La indignación que produjo el anuncio de aumento a los funcionarios políticos y luego la tremenda noticia del fallecimiento de las docentes caldeó todos los ánimos. La generalización del “Fuera Arcioni”, la quema parcial de la Legislatura, el bloqueo de Aluar o la reinstalación de los cortes, fueron expresiones de una radicalización en los métodos y en las consignas de los sectores más avanzados, que la mayoría de los trabajadores aprueba.

Lo más importante es que han empezado a despuntar instancias de coordinación superiores como el plenario provincial de delegados de Atech, las asambleas inter-hospitalarias e incipientes “asambleas populares” en los acampes y en algunas localidades como Esquel y Sarmiento.

Los recursos están en las cuentas de la petroleras y Aluar

Los  piquetes a las “rutas del petróleo” en  Comodoro Rivadavia y Sarmiento, que se sostuvieron durante más de dos semanas, y el bloqueo a la planta de Aluar en Puerto Madryn, revelan una comprensión profunda sobre quiénes son los saqueadores de la provincia y dónde están los recursos para salarios e infraestructura.

Algunos gremios de la Mesa de Unidad Sindical y el kirchnerismo impulsan un proyecto de Ley Tributaria que esencialmente consiste en una alteración del cronograma de impuestos ya existentes; es decir que apenas roza los intereses empresarios. Pese a eso se encuentra trabado en la Legislatura por los lobbys patronales.

Claro que quienes lo defienden no han demostrado voluntad política alguna para imponerlo. No se descarta que en caso de que la presión popular crezca, las fuerzas políticas que dominan la Legislatura – el Chusoto, el PJ-kirchnerismo y el radicalismo– lo saquen por acuerdo.

El juicio político es para salvar la institucionalidad

Más allá de sus bravuconadas, la incapacidad de Arcioni para resolver la crisis es inocultable. Solo la expectativa en un salvataje de un futuro gobierno de Alberto Fernández (con quien se alineó, siguiendo a su amigo Sergio Massa) puede sostenerlo. Pero para los tiempos de Chubut, diciembre es el próximo siglo.

La maniobra de canalizar el descontento hacia un recambio electoral, en tanto, obviamente no es viable ya que Arcioni fue reelecto hace muy poco.

Un derrocamiento de Arcioni abriría una situación extraordinaria que condicionaría incluso al próximo gobierno nacional.  El juicio político que han empezado a levantar varios sectores ofrece una salida “institucional” al Fuera Arcioni que empieza a extenderse.

Ya sea que eso dé lugar a una transición encabezada por el presidente de la Legislatura hasta la asunción de Ricardo Sastre (el vice electo) u otra combinación, su finalidad sería evitar una caída por la acción de los trabajadores.

La burguesía se juega por ahora a sostener a Arcioni dirigiendo su presión hacia Macri (trascendió un llamado de Javier Madanes Quintanilla, de Aluar, a la Casa Rosada exigiendo un solución a los bloqueos). “Wado” De Pedro y Sergio Massa están interviniendo directamente en el armado de una mesa de consenso en la provincia, en línea con el pacto social en gestación a escala nacional. La agenda “local” incluirá muy probablemente, a cambio de un rescate, la seguridad jurídica de las operadoras, la extensión al ámbito de Chubut de los convenios flexibles que rigen en Vaca Muerta y el avance de la mega-minería. 

¿Qué hacer?

El peso de las regalías petroleras y de la deuda en dólares, vuelven a Chubut especialmente sensible a los giros de la crisis mundial. La persistencia del conflicto, que es una manifestación de eso, ha ido clarificando las posiciones de las fuerzas que intervienen en él, en particular de la izquierda. Hasta los que desde un primer momento criticaron nuestra consigna “Fuera Arcioni” la han adoptado ahora. Lo mismo vale para el congreso de bases y las asambleas populares.

Nuestro planteo es:

-Fuera Arcioni.

-Pago inmediato de salarios, jubilaciones, coberturas médicas y de todos los reclamos de infraestructura.

-Elección de una comisión independiente, formada por los sindicatos y los sectores en lucha, para abrir los libros de la administración pública, suspender el pago de la deuda e investigar todos los negociados.

-Disponer el cobro directo de las regalías petroleras (que hoy se depositan en un fideicomiso para destinarlos al pago de la deuda) y un impuesto progresivo a las grandes empresas.

-Asambleas populares en cada localidad para votar un programa de emergencia ante la crisis.

-Fuera Ávila de Petrominera. No a la megaminería

-Que la Mesa de Unidad Sindical y los gremios en lucha convoquen a un congreso provincial de delegados de todos los sindicatos de la provincia.

Por un plan de lucha provincial y la exigencia a la CGT de un paro activo de 36 horas y un plan de lucha, por estas reivindicaciones.