En el día de hoy se han conocido las resoluciones ante los tres Habeas Corpus preventivos presentados por parte de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, la Defensa Pública y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a favor de las y los ciudadanos de Chubut, ante las graves denuncias de abuso de autoridad y vejaciones a lo largo y ancho de la provincia. 

La sola lectura de las denuncias que se recogen en estas presentaciones da cuenta del estado de excepción que rige en la provincia a los efectos de contener a la población, golpeada por el avance de despidos, suspensiones, rebajas de salarios y no pago para el sector estatal. 

Los pedidos en concreto de los presentantes de los habeas corpus fueron que “… se tomen las medidas para evitar turbaciones más allá de la normativa de emergencia sanitaria nacional…” y “…que se dé cumplimiento de manera estricta a las recomendaciones del Ministerio de Seguridad Nacional… y el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 que establece el protocolo nacional”, en más de en uno de los Habeas Corpus “… identificar a funcionarios públicos y particulares que pudieron haber realizado acciones de turbación de la libertad excesivas y la imputación de hechos ilícitos…”.

A la hora de las resoluciones, es el gobierno quien da un paso atrás y propone la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Seguridad provincial y adhesión al protocolo nacional, que la jueza Mirta del Valle Moreno avala en su fallo, que contempla también la continuación de la investigación de las causas particulares denunciadas para establecer las responsabilidades de los agentes actuales. 

El cese de las disposiciones, bajo las cuales se detuvieron e imputaron de delito a más de 4.500 personas en la provincia, pone un freno a la política represiva del gobierno, de la mano de la enorme ola de denuncias públicas que puso de relieve esta situación. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales se gestó toda esta brutalidad policial se mantienen. El propio ministro de Gobierno, Grazzini, aprovechó la audiencia para defender el accionar de los 10 mil efectivos policiales en las calles y adjudicó al cansancio y a las horas en la calle su accionar. La remoción lógica de los agentes policiales que protagonizaron los abusos así como de las cúpulas, que como Gómez y Massoni, avalaron y promovieron los mismos, quedó truncada con testigos que se fueron de la audiencia sin declarar y promesas de capacitaciones para los efectivos y más diálogo con las organizaciones de Derechos Humanos. 

Advertimos también que bajo el protocolo nacional crecen en el resto del país las denuncias por abusos, apremios y vejaciones en las barriadas tanto a trabajadores como a la juventud por parte de las fuerzas policiales y militares, cuyo accionar da cuenta de una política represiva que nada tiene que ver con el combate a la pandemia.

El gobierno de Mariano Arcioni continúa sin tomar ninguna medida tendiente a proteger el estado de vulnerabilidad de cientos de familias obreras que se ven imposibilitadas de guardar la cuarentena por la necesidad de conseguir el sustento para llevar comida a sus hogares y otorgar presupuesto e insumos a un golpeado sistema de salud que viene siendo vaciado hace años y cuya consecuencia la vemos nítidamente con la situación del Covid-19 y la amenaza de tener que responder ante una escalada de contagios del virus. 

Las nulas medidas del gobierno para paliar la falta de comida y trabajo dejan desamparada a la población trabajadora y cada vez más compelida a la quiebra de la cuarentena. Para enfrentar a pandemia planteamos la prohibición de despidos y suspensiones por un año, la defensa de los salarios, el pago inmediato de salarios y jubilaciones, el no pago e investigación de la deuda provincial, impuestos a los grandes capitales, presupuesto ya para salud y educación. 

Exigimos la baja de todos los efectivos policiales responsables de las vejaciones a las trabajadoras de salud y todas las denuncias realizadas. Fuera el ministro de Seguridad, Massoni, y el gobernador Arcioni.