El ataque de una patota en la sede de la Comuna 4 es una acción criminal organizada desde el Estado. Fue comandada por un funcionario de la propia comuna, Rodolfo Corzo, quien revista en la Secretaría de Descentralización como agente de Poder de Policía Comunal. Su hijo Rodolfo -con un cuchillo en la mano en las fotos del ataque- también es empleado del gobierno porteño.

Ambos responden a Jorge Apreda, presidente de la Comuna 4 y hombre de Rodríguez Larreta. Los agresores fueron identificados por los vecinos que se encontraban presentes en el lugar y que aportaron las fotos. La brutal agresión constituye un verdadero intento de homicidio, que dejó al borde de la muerte a dos militantes. Sin embargo, a casi una semana de los hechos, los agresores continúan en libertad.

El accionar de la patota estuvo amparado por una zona liberada en la sede comunal, responsabilidad de Apreda y de su segundo, Diego Weck, quien presidía la reunión. Como en el crimen de Mariano Ferreyra por parte de una patota de la Unión Ferroviaria, se trató de una tercerización de la represión del Estado.

El objetivo del ataque fue la defensa del negociado con los terrenos de Casa Amarilla, denunciado por vecinos y organizaciones populares en la reunión del Consejo Consultivo. El acuerdo urdido entre el Gobierno de la Ciudad y Angelici enajenó tres hectáreas que estaban destinadas a vivienda popular y espacio público, en favor de su proyecto de estadio-shopping. El club Boca Jrs. fue el único oferente de una licitación a medida realizada por la Corporación del Sur.

En la Ciudad, la privatización de tierras públicas se realiza a través de un verdadero golpe institucional. Las corporaciones como Puerto Madero o del Sur fueron creadas para traspasar “en paquete” las tierras públicas para su venta, sin la aprobación de la Legislatura que ordena la Constitución.

Negocios inmobiliarios

Está claro que no estamos en presencia de “incidentes” o enfrentamientos, sino de una política del Estado orientada a los negocios inmobiliarios. Para llevarla a fondo, recurre a mecanismos de excepción -o sea inconstitucionales- y a la violencia para-estatal. La lucha contra la Agencia de Bienes, las muertes en la concesión de Costa Salguero y el ataque a vecinos de La Boca ponen de manifiesto la crisis social y política que está engendrando la defensa de los intereses del capital por encima del derecho a la vivienda, el espacio público e incluso la vida de los habitantes de la Ciudad.

El avance privatista se desarrolló a través de sucesivos pactos entre el PRO y el kirchnerismo, incluyendo la transa de votos por cargos en organismos de control y la Defensoría del Pueblo. Pero viene desde los gobiernos anteriores, incluso los autodenominados progresistas. La votación en primera lectura de la Agencia de Bienes fue parte de este cogobierno legislativo, y hoy no consigue los votos para su segunda aprobación por la enorme lucha de los vecinos que defienden el patrimonio público.

El Partido Obrero exige el juicio político y la destitución de Jorge Apreda, de Diego Weck y el juicio y castigo contra Rodolfo Corzo padre, su hijo y toda la patota que agredió criminalmente a los vecinos de La Boca. Para ello planteamos una campaña en toda la Comuna 4 para reunir las firmas necesarias para un referéndum revocatorio. Es el primer paso para redoblar la lucha contra la venta de tierras públicas para negociados inmobiliarios en Casa Amarilla y en toda la Ciudad.