Políticas

10/4/2020

Ciudad de Córdoba evalúa el uso obligatorio de barbijo

A instancias de la oposición (UCR), el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba evalúa adoptar como medida para mitigar la pandemia el uso obligatorio del barbijo para la circulación. Sobre el punto, el intendente Martín Llaryora dijo que el “uso de tapabocas es la sugerencia oficial” de la Municipalidad de Córdoba atendiendo a que hay pacientes asintomáticos.


De confirmarse la medida, la ciudad capitalina sería la sexta localidad de la provincia en instaurar la obligatoriedad del barbijo. En la última semana, Cruz del Eje, Sinsacate, Jesús María, Colonia Caroya y San Francisco avanzaron en esta disposición. En San Francisco (la primera localidad en oficializarlo) el incumplimiento será sancionado con multas de unos $180 a unos $600.


Por su parte, el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, señaló que “cuando haya circulación comunitaria del virus toda la población tendrá que usar barbijo". Todo indica que en las próximas semanas la ciudad (y posiblemente la provincia) seguirá los pasos de La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero y Salta que ya dispusieron el uso obligatorio. Provincias donde las contradicciones han estallado.


La medida parece desconocer la realidad. En la ciudad de Córdoba, según admite el propio presidente del Colegio de Farmacéuticos, las distribuidoras y droguerías ya se quedaron sin stock; sólo quedan algunos barbijos en las farmacias. La reposición dependerá de los fabricantes, que incluso exportan barbijos, producto de la creciente demanda. Asimismo, los escasos barbijos que hay sufrieron una suba considerable de precios. Los barbijos tradicionales de tela pasaron de $8 aproximadamente a costar entre $30 y $50; mientras que los barbijos quirúrgicos (aquellos que debieran utilizarse para evitar efectivamente el contagio) rondan entre los $100 y $500. Así las cosas, es claro que el acceso a los barbijos será prohibitivo para la inmensa mayoría de las y los trabajadores de las barriadas populares.



Ante tal situación, diversas autoridades han indicado la utilización de “cualquier tipo de cubre-bocas”, desconociendo todas las recomendaciones de la OMS y de virólogos de la UNC que alertan sobre la “falsa sensación de seguridad” que brinda un barbijo que no sea de N-95 para arriba, poniendo a la población en un mayor riesgo. En provincias como Jujuy el gobernador, Gerardo Morales, llegó al absurdo de realizar un video tutorial de cómo realizar barbijos caseros. El proyecto de los concejales de la UCR, Negri y de Loredo, se inscribe justamente en esta línea, la línea de Morales, puesto que para ellos es condición para aprobar la disposición “promocionar lo que se llama el barbijo social de confección casera".


Los concejales se anticipan a lo que saben que el municipio no está dispuesto a garantizar. En estos días se han hecho públicas cientos de denuncias de trabajadores municipales de servicios esenciales, que son obligados a prestar servicio sin las más mínimas medidas de seguridad, mucho menos con la provisión de los barbijos correspondientes. La situación en la que las y los maestros realizan la entrega de alimentos es por demás escandalosa. La iniciativa que se debate en el Concejo no es más que el taparrabo de un gobierno incapaz de resolver medidas elementales para combatir la pandemia. En su lugar se dedica a habilita los negociados y especulaciones de la industria farmacéutica y grandes capitales.


La obligatoriedad del uso del barbijo no puede ser una nueva vía para ensanchar las arcas municipales mediante multas, sino que debe ser garantizada desde el propio municipio, empezando por las y los trabajadores municipales que están prestando servicios. Es necesario poner fin a la especulación de las farmacéuticas y reorientar la producción para responder a la demanda social que supone la situación. Una vez más, el combate de la pandemia no puede quedar en manos de quienes han definido con claridad la defensa de los intereses capitalistas contra las mayorías populares. Es necesario conformar los comités de higiene y seguridad en las barriadas populares, con vecinos y trabajadores de la salud de cada zona, para definir las medidas a seguir y arrancar a las autoridades los recursos necesarios.