Estatización

Los 72 trabajadores de Cive ya llevan una semana de toma, acompañados por sus mujeres, familiares y organizaciones gremiales y políticas. La jueza que entiende en la quiebra manifestó su voluntad de entregar la planta a Ardiles, el “principal acreedor”. Los trabajadores se oponen decididamente al vaciador. Este personaje fue el apoderado de la patronal, como así también socio del gerente general, en el período de la sindicatura; incluso su sociedad es deudora de Cive. La propuesta de Ardiles dejaría a la mayoría de los trabajadores afuera, mediante el examen preocupacional.

Ardiles, responsable de la situación actual de Cive, no está solo. Él dice que lo apoyan el gobierno provincial y los sindicatos del vidrio. La jueza de la quiebra dejó pasar todas las advertencias contra este personaje y le entregó la planta por monedas. Sólo empezó a “escuchar” a los trabajadores cuando éstos se decidieron a la ocupación.

Antes de la toma se había constituido una cooperativa de trabajo. Con la ocupación, que ha tenido una enorme repercusión, ha surgido la discusión de cómo se pone a producir la planta.

El abogado que los representa planteó la conformación de una UTE con Ardiles, lo cual fue rechazado de plano por los trabajadores. Posteriormente se establecieron otras vías: alquiler con opción de compra, la compra y la expropiación. En el proceso ha comenzado a actuar el kirchnerista Luis Caro (que logró el control en Grisinópolis y Bruckman, entre otros). Es un ex aliado de Aldo Rico y de la Pastoral Social. En la audiencia con la jueza, Caro realizó una oferta por parte de la cooperativa.

Los fondos para la transacción que propone Caro saldrían del seguro de desempleo y de la indemnización de la totalidad de los trabajadores, más un subsidio y un crédito del gobierno nacional que Caro se comprometió a conseguir.

En esta salida los trabajadores se harían cargo de la quiebra, invertirían todo lo que se les debe en pagar a Ardiles y a todos los vaciadores. Luego habría que conseguir los fondos para poner a funcionar una fábrica que tiene su mercado totalmente disminuido: Iveco, Mercedes Benz, maquinarias agrícolas y la construcción. O sea, los trabajadores se harían cargo de la crisis.

El Gobierno, que subsidia a las multinacionales de Córdoba con el argumento de “sostener las fuentes laborales”, es quien tiene que garantizar la continuidad laboral de los trabajadores de Cive, sostener su salario de convenio y cobrárselo a los vaciadores.

El conflicto ha cobrado mayor fuerza, especialmente después del 1° de Mayo. Los trabajadores de Cive parte de una Córdoba convulsionada por la lucha de los trabajadores automotrices contra las suspensiones y los despidos, de la lucha salarial de Renault, estatales, judiciales, de los autoconvocados de la UTA y del conjunto de la clase obrera que se enfrenta al derrumbe de la industria.

En Cive, como en el resto de las fábricas de Córdoba, el debate de fondo a resolver es quién paga la crisis. Los capitalistas la vaciaron y la quebraron y especulan para su desguace. La oportunidad ahora es de los trabajadores.

Alejandro Roqueiro