El Ministro de Seguridad porteño finalmente recibió a uno de los abuelos de Brian, el adolescente que murió baleado en Flores, cuyo caso conmocionó a esa barriada y suscitó la toma de la Comisaría 38, identificada por los vecinos como la principal responsable de éste y otros crímenes contra la juventud y los trabajadores del barrio.

De la reunión se conocen tres resoluciones, una vinculada a un reforzamiento del control de los corredores que vinculan el barrio a las villas aledañas, otra sobre la vigilancia de las motos que circulen con dos personas y la de mayor impacto político, relativa a la remoción del comisario de la 38, Carlos Atili, denunciado por los vecinos por amparar el delito organizado.

En su lugar fue designado Juan José Olivi, titular de la Comisaría 48 de Villa Lugano, a cargo de una dependencia que ha sido blanco de serias acusaciones por organizaciones de mujeres y de derechos humanos por la actuación de la Policía Federal en ese barrio, en el que proliferan redes narcos y de trata, mafias vinculadas al copamiento inmobiliario y casos de gatillo fácil contra la juventud.

Un caso emblemático fue el femicidio de Gabriela Villaroel, asesinada por su tío, miembro de la Prefectura Naval, que fue protegido por la comisaría 48. La desaparición de niñas y adolescentes en Lugano es sistemática y ha tenido como respuesta la puesta en pie de una coordinadora para actuar frente a la problemática, dada la inacción de las fuerzas de seguridad.

Esta comisaría ha estado en el centro de crisis sucesivas, tras la toma del Parque Indoamericano y el asesinato de tres personas a manos de la policía, fue removido el por entonces comisario; meses después, el subcomisario era destituido por sus lazos con los ocupantes del Club Albariño (La Razón, 12/10).

Recientemente, se conoció otro escándalo vinculado a las fuerzas represivas de Lugano, esta vez de la Comisaría 52, luego de que el Ministerio de Seguridad trasladara a ese destacamento a Norberto Villarreal, acusado de cobrar coimas a comerciantes y vecinos por “seguridad” en su rol de comisario de la 35 de Núñez. Requerido por el tema, el Ministro Martín Ocampo respondió con la misma frase que lo hizo ahora frente al crimen de Flores: “la única relación admisible entre la policía que conduzco y el delito es la persecución del mismo”, un latiguillo encubridor.

El cambio de cabeza del jefe de la 38 apunta a cerrar la crisis abierta por la movilización popular. Ocampo dejó en claro que no piensa impulsar una investigación relativa a la connivencia policial con el entramado delictivo que opera en Flores, que es precisamente lo que denunciaban los vecinos.

El gobierno tampoco anunció una sola medida relativa al desmantelamiento de los talleres clandestinos que operan con trabajo semiesclavo, la proliferación de redes de trata y el negocio del narcotráfico. Las “medidas” anunciadas apuntan a reforzar la persecución sobre la población trabajadora y a desactivar las expresiones más avanzadas de los vecinos que apuntaban a la responsabilidad política y policial, estableciendo un curso de control popular de la actuación policial.

Como ya planteamos en otro artículo de Prensa Obrera, el problema de la corrupción policial no es una cuestión que pueda aislarse en expresiones individuales, sino que la descomposición estatal, en primer lugar la de las fuerzas de seguridad, es la expresión de un “Estado orientado al delito, con fuga de capitales, evasión, pago de la fraudulenta deuda externa y la corrupción en la obra pública. Y que luego “blanquea capitales” para sus socios, amigos, y ahora, familiares. Con el “blanqueo”, el narco, la trata y el delito organizado son una fuente más de recaudación. Un régimen social que necesita del delito para sostenerse no tiene nada que ofrecer a la población trabajadora.”