Durante todo 2020 Axel Kicillof gobernó con la prórroga del presupuesto de Vidal. Al igual que Alberto Fernández, subordinó el tratamiento de la “ley de leyes” al acuerdo con los bonistas y las auditorías del FMI. Tras la reciente media sanción en el Congreso del Presupuesto 2021 de Nación, el cristinista Kicillof reflotó su intención de cerrar la reestructuración de la deuda externa bonaerense “antes de fin de año”, como paso previo al envío del proyecto de presupuesto provincial a la Legislatura.

Del dicho al hecho, como se dice, hay mucho trecho. Por lo pronto, invocando las “difíciles condiciones de emergencia” impuestas por la pandemia, el gobierno continúa demorando la publicación de los datos de ejecución presupuestaria de los distintos ministerios. En estas condiciones, el presupuesto bonaerense se cocina de espaldas al pueblo, un secreto de Estado para encubrir su contenido ajustador.

El fracaso de la “reestructuración” de la deuda

Las negociaciones con Juntos por el Cambio están teñidas por los sucesivos fracasos en la negociación de la deuda externa de la provincia de Buenos Aires. En los primeros días de noviembre, Kicillof deberá enfrentar la novena convocatoria a los mismos bonistas que rechazaron una y otra vez la oferta de canje de los 7.148 millones de dólares. Como venimos informando en Prensa Obrera, el 84% de la enorme hipoteca que asfixia a la provincia (unos 12.000 millones de dólares) está nominada en moneda extranjera.

Los bonistas demoran el acuerdo “sustentable” a la espera de la devaluación, para imponer menores plazos de repago. Toda la política del gobernador está condicionada por esta deuda fraudulenta que tanto Kicillof como el Frente de Todos han engrosado.

El gran problema del presupuesto es precisamente el rojo financiero. Esto por la caída de la recaudación impositiva por la recesión y el derrumbe del consumo, una menor coparticipación federal, el costo del pago de deuda en efectivo al fondo Fidelity en febrero pasado, y los subsidios al transporte y la energía transferido a las arcas provinciales por el Pacto Fiscal en vigencia (este año estimados en 50.000 millones de pesos).

Según el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, la “puntada final” para el Presupuesto 2021 requeriría de la “gestión exitosa” de nuevos préstamos con los organismos multilaterales de crédito (como el BID y la CAF) y la reactivación de los ya otorgados bajo la administración de Vidal, de un mejor acceso al mercado financiero para endeudarse en pesos, y de la resolución del postergado canje de deuda. En definitiva, las cuentas dependen de un nuevo curso de endeudamiento, que exige nuevas garantías de ajuste. En esto consiste el apriete de los bonistas.

El ajuste

En este cuadro de desmoronamiento y bancarrota se inscriben las paritarias a la baja para los docentes y estatales bonaerenses, incluida la suspensión sin fecha de la paritaria de los trabajadores del Astillero Río Santiago. Los recursos que le niegan a los trabajadores se destinan a reforzar el aparato represivo para que repriman como lo hicieron salvajemente en Guernica, con un verdadero ejército de ocupación contra las familias que luchan por tierra y vivienda.

El escandaloso video de Sergio Berni confirma que los desalojos de la Bonaerense nacen de la cabeza del gobierno kirchnerista, y se han convertido en una política de Estado para el disciplinamiento de los reclamos populares, cuando se viene un presupuesto que consagra el ajuste en vivienda, salud, educación y salarios.

En resumidas cuentas, la “discusión” del Presupuesto 2021 no es otra cosa que la acumulación de deuda sobre deuda, junto a todo tipo de garantías al capital. El derrotero de los créditos solicitados al Banco Mundial, el BID, la CAF (Corporación Andina de Fomento) y otros organismos multilaterales exige como condición la ejecución de la cartera de préstamos firmados bajo el gobierno de Vidal y una drástica reducción del gasto público que los avale.

Los “nacionales y populares” se quejan de la “herencia recibida” pero reconocen íntegramente la deuda fraudulenta dejada por el macrismo y se aprestan a incrementarla. Recordemos que el endeudamiento de 500 millones de dólares -habilitado sin grietas en la Legislatura por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio- está frenado a la espera de la renegociación con los bonistas.

La clave del presupuesto provincial, como su par nacional, pasa por el plan de ajuste, un plan de guerra contra los trabajadores. Kicillof ha pasado a depender cada vez más de los rescates del gobierno nacional, cuyo presupuesto está diseñado a la medida del FMI, lo que torna inviable una restitución de los subsidios a las privatizadas transferidos en su momento con el Pacto Fiscal firmado por Macri y los gobernadores.

Como adelanto de lo que se viene, vale tener presente que acaban de habilitar desde Nación un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que pone como garantía la coparticipación federal. Es decir que los vencimientos tendrán asegurado el pago a cuenta de los fondos nacionales que se giran a la provincia.

Por un plan económico de los trabajadores

En la mira inmediata del ajuste están las jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), consideradas “de privilegio” por los ajustadores. El desfinanciamiento del IPS es consecuencia del saqueo continuo de todos los gobiernos patronales, de la precarización laboral y de los bajos salarios de los trabajadores. La liquidación de los haberes y sobre todo de la movilidad atada a los salarios es una exigencia del FMI, para alinearlas a la baja con la Anses.

Con ese propósito, los capitalistas agitan el déficit de 40.000 millones de pesos del IPS, en función de forzar la “armonización” con el sistema previsional nacional. Las burocracias sindicales kirchneristas y cegetistas no han hecho otra cosa que encubrir esta amenaza de reforma previsional. El Plenario de Trabajadorxs Jubiladxs marchará en La Plata este miércoles 4 de noviembre, para denunciar este ataque en el marco de la jornada nacional de lucha.

La preparación de una campaña de rechazo al Presupuesto 2021 de ajuste de Kicillof es de interés de todas las organizaciones del movimiento obrero, políticas, sociales y sindicales. La clase obrera debe intervenir para quebrar el alineamiento automático de la burocracia con el gobierno, y fijar una posición independiente de estos presupuestos del FMI.

Esto vale especialmente para los obreros del Astillero Río Santiago y sus reclamo de fondos para la reactivación de la fuente de trabajo, de aumento de los salarios y conservación de todo el plantel; para las decenas de miles de familias que exigen una vivienda, la creación de un banco de tierras y un plan de urbanización de los barrios; para el personal de salud que está en la primera línea de lucha contra el coronavirus mientras reclama por los pésimos salarios y al precarización laboral; para los docentes que rechazan volver a clases presenciales sin tener garantizadas condiciones sanitarias y sin un plan de obras para tener escuelas seguras; y para todos los trabajadores a quienes este régimen pretende hacerles pagar la crisis capitalista.

¡No pago de la deuda externa! Por un impuesto extraordinario a los capitalistas y a la oligarquía de la provincia de Buenos Aires. Por un plan económico y de reorganización social bajo el control y ejecución de los trabajadores.