30/09/1998 | 602

Compiten por mayor represión

El menemismo se ha lanzado a una escalada represiva mediante el aumento del presupuesto y los efectivos policiales y el envío de un paquete de reformas del Código Penal y de las leyes inmigratorias, que incluye el endurecimiento de las penas para delincuentes reincidentes; la reducción del beneficio de la excarcelación; la introducción de la figura de conspiración delictiva, que devuelve a la policía atribuciones perdidas con el retiro de los edictos policiales.


Se faculta a expulsar a extranjeros aún cuando tengan un proceso judicial en marcha, se penaliza la tenencia de documentos ilegales y se sanciona a empresas que tomen a extranjeros indocumentados (Clarín, 24/9).


Uno de los aspectos decisivos de la reforma es que otorga poder a la policía para realizar detenciones preventivas y le devuelve la facultad de hacer interrogatorios.


Varios medios atribuyen la iniciativa a una especulación electoral del menemismo: arrinconar a la Alianza y a De la Rúa. Pero el fondo de la cuestión consiste en reforzar los aparatos represivos ante la explosividad de la situación social, que se agravará con el curso de la crisis económica. En un reciente trabajo, el 42% de los 60 jueces, comisarios y subcomisarios de Capital y el conurbano entrevistados, lo atribuyó»al desempleo y la pobreza»; sólo el 10% a una legislación débil (encuesta del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría).


Los fondos para la mayor represión serán extraídos del Ministerio de Educación, con el acuerdo de Decibe. Esto revela cuál es el futuro del proyecto de ‘incentivo docente’ de Decibe-Maffei.


La «mano dura» y «tolerancia cero» que propugna Menem, no se aplica, por supuesto, para los delitos como el tráfico de armas a Croacia, las coimas de IBM o el lavado de narcodólares, en los que la camarilla de Menem está metida hasta el cuello.


Lo más notable ha sido la reacción de la cúpula aliancista. Como buenos cobardes, rajan para el lado que los corren. De la Rúa impulsa la incorporación al Código capitalino de la figura del «acecho» (detención ante sospecha). Dirigentes y juristas del Frepaso han pedido más rigor punitivo contra la reincidencia y la portación de armas (Clarín, 24/9). Y la perla negra de este Pacto de Olivos represivo está en la Ley Lázara. El operativo ‘espiral’ de la Federal en la Capital, con el que debutó esta escalada, capitaneado por Corach y Toma, se basa en esa ley, que autoriza a detener por 10 horas, en averiguación de antecedentes, ante la presunción de la comisión de delitos. Para borrar las dudas de los más descreídos, una delegación de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, integrada por Simón Lázara, Alfredo Bravo y Antonio Cartañá, se reunió con Toma y la cúpula de la Federal, para transmitirles su ‘pesar’ por un agente caído en un tiroteo (Clarín, 25/9).

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