Políticas

26/1/2022

CABA

Comprar un departamento cuesta el salario de 14 años de trabajo

Precios inaccesibles, ingresos deprimidos y crédito hipotecario restrictivo.

Según un estudio inmobiliario, para adquirir un departamento estándar en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, uno usado de dos ambientes de 42 metros cuadrados, un asalariado medio debería destinar todos sus ingresos percibidos durante 14,2 años (Infobae, 25/1). Este dato da un indicio de cuán vedado está el acceso a la vivienda para la población trabajadora, cuyos salarios se deterioran día tras día.

El informe también arroja que, actualmente, el esfuerzo salarial para poder comprar un departamento es un 14% superior que en mayo 2021, lo que equivale a dos años más de trabajo. Sucede que mientras el precio del metro cuadrado se encarece a partir de las sucesivas devaluaciones -puesto que es un mercado dolarizado fruto de la especulación inmobiliaria-, el ingreso de los trabajadores va perdiendo poder de compra a través de la escalada inflacionaria y la depreciación del peso. Esto, en un escenario laboral caracterizado por los techos paritarios y la extensión del trabajo precario.

A su vez, la posibilidad de adquirir un crédito hipotecario está cada vez más restringida para amplias capas de la población. El año pasado la cuota mensual del mismo oscilaba en los $87 mil para un departamento como el mencionado anteriormente, y, quienes tomaron un crédito UVA, al estar indexado a la inflación, pasarán a pagar aproximadamente $114.727 por mes. Como vemos, se trata de una suma completamente alejada del promedio salarial de Argentina, el cual en noviembre 2021 se ubicaba en los $100.590,14 en el caso del sector privado en blanco. De más está decir que un trabajador que realiza sus tareas en el ámbito informal, donde se gana la mitad que en un empleo bajo registración, no puede ni empezar a pensar en afrontar semejante suma mensual.

Como si fuera poco, para acceder a dichos créditos es preciso demostrar ingresos mensuales por $458.908, equivalente a más de cuatro sueldos promedio del sector privado registrado. De todas maneras, las personas, si quieren comprarse una vivienda, no tienen más remedio que recurrir a estas hipotecas privativas que ofrecen los bancos, en la medida que los planes de financiamiento lanzados por el gobierno, como el Procrear y el programa Casa Propia, son escasos y se distribuyen a cuentagotas.

La brecha descripta entre los ingresos de las mayorías y los precios en el mercado inmobiliario explica que los últimos dos años hayan tenido, en CABA, los peores registros de compra-venta de inmuebles desde 1998 (La Nación, 26/1). 

 

Por otra parte, la situación se vuelve cuesta arriba también para aquellas familias que buscan construir en lote propio. Según la consultora Focus Market, hoy en día construir una vivienda de 51 metros cuadrados cuesta aproximadamente $5,8 millones, cuando hace un año atrás costaba $2,8 millones. Sucede que el precio de los materiales de construcción ha escalado, entre diciembre 2020 y diciembre 2021, un 55,3%, ubicándose por encima de la inflación general del período. Uno de los motivos que explica este aumento es que los capitalistas acuden a la compra de ladrillos como reserva de valor para cubrirse ante una devaluación.

Así es como la población más vulnerable se ve obligada a vivir en las peores condiciones habitacionales. Finalmente, la noticia de que 2.400 viviendas en el conurbano bonaerense están construidas en terrenos donde pasan líneas de alta tensión eléctrica -constituyendo un verdadero peligro- retrata esta realidad, donde los sucesivos gobiernos orientan sus políticas en favorecer los negociados inmobiliarios, mientras que obturan el derecho a la vivienda digna para los sectores populares, a la vez que reprimen sin miramientos cada proceso de recuperación de tierras que se suscita.

Esta crisis debe resolverse creando un banco de tierras ociosas y fiscales para construir allí vivienda popular. En ese sentido, es necesario impulsar un plan de vivienda, urbanización y extensión de servicios públicos acorde a las necesidades, gestionado por los vecinos, que emplee mano de obra desocupada bajo convenio colectivo. A su vez, es preciso garantizar el acceso universal al crédito hipotecario, a tasa cero y con cuotas que no superen el 10% del ingreso familiar. Esta hoja de ruta debe financiarse mediante la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa y a los desarrolladores inmobiliarios.