La Universidad Católica Argentina acaba de dar a conocer un informe multidimensional de la calidad de vida de la población urbana realizado sobre varios indicadores (alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y servicios básicos) cuyo resultado arroja un crecimiento de la pobreza que alcanzaría a un 37,5% de la población urbana, que proyectado en todo el país significaría unas 15.750.000 personas pobres. Mientras estos datos confirman el crecimiento de la miseria y la carestía, el gobierno nacional insiste el priorizar los intereses del capital financiero por sobre las necesidades urgentes de la población laboriosa.

El estudio abarca como referencia los últimos 10 años, contados desde el 2010 hasta fines del 2019, y sus resultados arrojan los índices de pobreza más altos en todo ese periodo. Tomado solo el último año se da un incremento del 31,4 al 37,5%, lo que implicaría 1.428.000 nuevos pobres. Esto da cuenta de la esterilidad de las medidas adoptadas por Fernández y su gabinete: las 1.400.000 de tarjetas alimentarias previstas, de las cuales solo se han entregado hasta la fecha unas 603.200 (Página 12, 26/2), están sensiblemente por abajo del crecimiento de la población pobre del último año. A las otros 14 millones de personas les resta esperar un milagro divino.

El deterioro de las condiciones de vida

El informe tiene por propósito ir más allá de las necesidades meramente económicas para lograr una imagen más acabada de la calidad de vida de la población urbana.

Las cifras de la UCA ya habían arrojado un índice de pobreza del 40,8%  tomado solamente en cuenta los ingresos económicos de las personas. El actual estudio combina esta información con al menos una variante de las seis dimensiones señaladas. El informe también hace una distinción para los casos más severos, los cuales son nucleados bajo el mote de “pobreza estructural”, lo que sirve para distinguir aquellos supuestos donde se combinen tres o más carencias. Respecto a estos últimos, nos encontramos ante los índices más elevados en los últimos 10 años, alcanzando un 21,4% de la población urbana, es decir cerca de 9 millones de personas en todo el país.

Mientras unos pocos indicadores, como el acceso a los servicios básicos y medio ambiente, presenten muy leves mejorías; y otras como vivienda y educación ofrecen mejoras imperceptibles; el derrumbe en seguridad alimentaria y acceso a la atención médica es estrepitoso: en doce meses pasó de 22,8% a 26,6%.

La inseguridad alimentaria (tener hambre) pasó de 6% a 7,4% por lo que el año pasado 3,1 millones de argentinos pasaron hambre (ámbito, 26/2).

Los números se vuelven más impactantes cuando son segmentados por territorio o condición social. La pobreza multidimensional llega al 47,7% en el conurbano bonaerense y la pobreza estructural a un 30,4%. Son números alarmantes cuando la obra pública se encuentra paralizada, los aumentos se fijan por decreto y a la baja y el gobernador Kicillof destina los escasos recursos de la provincia a saldar las cuentas millonarias con los bonistas. En todo el país, segmentos como el de “obreros” y “trabajador marginal” superan el 50% de la tasa de pobreza.

Las responsabilidades de esta crisis

El retroceso en las condiciones de vida del pueblo trabajador ha venido de la mano de un hilo conductor en las políticas de ajuste, miseria y carestía, aplicadas contra el movimiento obrero y la población. La perdida de los puestos de trabajo, la creciente inflación, la devaluación y la caída del poder adquisitivo, aparecen entre los principales motivos que impulsan el deterioro en las condiciones de vida de la población.

Agustín Salvia, quien dirige el Observatorio de la Deuda Social (ODS) de la UCA a cargo de elaborar el informe, señala que “No importa quien gobierne, se está empeorando la matriz de pobreza estructural en Argentina”; los datos arrojan que "Un tercio de la Argentina está fuera de toda pobreza, otro tercio sometida a todas las pobrezas, y otro tercio de Argentina sometida a vulnerabilidad y fragilidad de derechos, económicos y sociales".

Mientras todos los indicadores del país se agravan, el gobierno ha puesto todas sus miras en el acuerdo con los acreedores de la deuda externa, que implicará nuevas penurias para el pueblo trabajador. Ante estas circunstancias cualquier paliativo no deja de ser una medida artificial para tratar de ocular el sol con las manos. La erradicación de la pobreza y la miseria en las familias obreras solo podrá tener lugar en la medida de la ruptura con el FMI, el no pago de la usurera deuda externa y la implementación de un plan económico nacional sobre nuevas bases sociales. Esta es la orientación con la que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda encaran esta crisis histórica.