23/03/1993 | 385

Con el garrote del decreto

El FMI, el Banco Mundial y la banca extranjera han conminado al gobierno a sacar la “reforma previsional”, a más tardar el 31 de marzo, aunque ello deba ocurrir por decreto “de necesidad y urgencia”.


Claro que la “reforma” deberá salir sin el artículo 39, que establece una garantía de rentabilidad mínima en pesos y/o dólares para los aportes que se efectúen en la Administradora del Banco Nación. La gran banca ha objetado este artículo porque, simplemente los deja fuera de carrera, lo cual está denunciando que la “jubilación privada” no brinda nigún tipo de garantías sobre los aportes de los trabajadores que serán “invertidos” por las Administradoras privadas.


Es que la jubilación privada consiste “en reemplazar los actuales planes públicos que garantizan beneficios previsionales definidos… (por) beneficios previsionales que no quedan definidos y se autoregulan en función de los ingresos y la acumulación financiera de los fondos” (Clarín, 14/3/92). Si los fondos de pensión se desvalorizan, la jubilación, automáticamente deberá caer lo cual la convierte en la “variable de ajuste” del sistema “privado”, es decir en el pato de la boda. Para la gran banca la existencia de esa garantía sería nada menos que una “contrarreforma”.


Todo es cuestión del bolsillo con que se lo mida.


Pero, a partir de aquí, la gran banca parece haber encontrado la veta del veto, ya que tambien quiere que se derogue el artículo 124 que eleva la jubilación asistencial, garantizada por el Estado del 27,5% al 40% del sueldo medio de la economía, unos 200 pesos mensuales. Para la banca, tal garantía equivaldría a una jubilación de “privilegio”  que el Estado no podría financiar. En realidad, los grandes patrones quieren que la jubilación estatal se reduzca al mínimo para poder eliminar los aportes patronales por completo. En lo inmediato, el gobierno resolvería que dichos aportes empresarios puedan deducirse del IVA. Para los exportadores esto es además un negoción porque el Estado les reembolsa el IVA.


Menem reclama que el propio Parlamento modifique esos artículos, a fin de ahorrarse el veto. Ahora que cuenta con el acuerdo de los banqueros para sacar la “jubilación privada” como sea, Menem puede recurrir al veto parcial (inconstitucional); al decreto que reglamenta la ley o simplemente al decreto (inconstitucional).


Adelante radicales


Para el radicalismo, aunque parezca lo contrario, la aprobación de la “jubilación privada” por decreto de Menem se ha convertido en su propio objetivo. Ante todo, toda una fracción del radicalismo (Angeloz) apoya el proyecto oficial. Ricardo Lopez Murphy, economista angelocista, lo defiende con uñas y dientes, y el Banco de la Provincia de Córdoba ya está armando una Administradora (AFJP). Rodolfo Terragno también se manifestó partidario de un sistema previsional mixto, con una “jubilación privada” no compulsiva (Noticias,14/3), lo que estaría satisfecho por las iniciativas de formar Fondos con Bancos provinciales y el Nación. Con esta posición coincide todo un sector de la banca para el cual, ello evitaría la discusión  sobre garantías y coberturas. Más importante aún los capitales bancarios y de seguros en manos del radicalismo se han largado de lleno a formar AFJP.


El radicalismo (y su aliado el centroizquierda) no planteó en ningún momento una movilización para impedir la aprobación de la jubilación privada. La convocatoria al Congreso el pasado 10 de marzo tuvo para sus inspiradores el único objetivo de entregar un petitorio y no impedir la sanción de la ley. La UCR y el centroizquierda se han llamado ahora naturalmente a silencio, a pesar de que la fenomenal crisis en el oficialismo debiera ser un acicate para impulsar la movilización. Radicales y centroizquierdistas no podrían ser estrictamente acusados de desmovilizadores, esto porque nunca plantearon una movilización. Para la UCR, la aprobación de la “jubilación privada” por decreto se ha convertido en su propia alternativa.


La estrategia de los “opositores” es formar sus propias AFJP. La CTA fue pionera en la meteria al incluir en sus estatutos un artículo (el 12) que la habilita para formar una AFJP. Ahora, por segunda vez, Clarín (18/3) informa que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Banco Credicoop están por formar una AFJP, sin que esto haya sido desmentido por Echegaray y Cia.

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