El desarrollo de las causas penales contra los sacerdotes salteños Emilio Lamas y José Carlos Aguilera, acusados de abuso sexual y con prisión domiciliaria, arroja nuevas muestras del encubrimiento a los victimarios por parte de la institución, con complicidad del Estado.

En el caso de Lamas, actualmente en prisión domiciliaria, es pasmosa la obstrucción a la investigación –ya largamente demorada por la justicia- por parte del arzobispo salteño Mario Cargnello. Luego de la realización de un juicio eclesiástico a Lamas y de su subsecuente expulsión del sacerdocio, la Iglesia local se negó a otorgar a la justicia los documentos del proceso, que contienen testimonios de más víctimas que no lo denunciaron penalmente, así como la confesión escrita por parte del ex sacerdote. Frente a ello, el fiscal Federico Obeid solicitó el allanamiento del Arzobispado.

Sin que se haya realizado esa inspección, ahora el fiscal pidió que se tome como declaración un escrito presentado por Cargnello. El abogado de la querella, Luis Segovia, se ha opuesto, exigiendo que comparezca personalmente y que se le puedan realizar preguntas, y señaló que “el derecho a la verdad de las víctimas, que ‘debe ser protegido por la Justicia’, estaría siendo violado”. A su turno, marcó que de aceptarse la declaración por escrito “se sentaría ‘un precedente grave’ en los casos de abusos eclesiásticos: ‘Después van a venir otros, y si la Justicia no los llama a declarar en persona van a asentar que el arzobispo tiene tratos de diplomático extranjero’” (El Tribuno, 8/5). Y señaló que insistirán con el pedido de allanamiento, si el arzobispo continúa su negativa a entregar las actas.

La Iglesia se ampara en el Concordato que firmó en 1966 con la dictadura de Onganía, y que han mantenido los sucesivos gobiernos, por el cual podría juzgar a los sacerdotes acusados de abuso bajo secreto pontificio y derivar cualquier pedido de documentación al Vaticano.

Con ese mismo fundamento el Arzobispado se niega a entregar la documentación en el caso de Aguilera, quien además se ha negado “a someterse a careos con las víctimas y a pericias psicológicas y psiquiátricas”. En este proceso, la jueza Claudia Puertas rechazó dar prisión efectiva al imputado, pese a los señalamientos de la fiscal de que “su arresto domiciliario [sin tobillera electrónica] pone en riesgo la investigación” (El Tribuno, 25/4).

A su turno, los bloques mayoritarios en la Legislatura provincial acaban de rechazar un proyecto de repudio a la no entrega de las actas y el encubrimiento de Aguilera por parte de la Iglesia, presentado por el diputado del Partido Obrero Claudio del Plá. En su intervención, Del Plá marcó que tal accionar “simplemente termina de confirmar que tenemos un Estado sometido a una institución reaccionaria”; reclamó el fin de la impunidad de los abusadores y dio cuenta de los enormes beneficios económicos que se le ha otorgado a la curia en la provincia, tanto por parte de los gobiernos anteriores como del actual gobernador Juan Manuel Urtubey.

Meses atrás, el caso de otro abusador de la curia salteña, el ex obispo de Orán Gustavo Oscar Zanchetta, alcanzó repercusión internacional, al revelarse que la trama de encubrimiento incluía al propio Papa Jorge Bergoglio, que lo colocó como funcionario destacado en el Vaticano a sabiendas de las denuncias en su contra.

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