Concejo Deliberante de Salta: una lucha política extraordinaria del Partido Obrero

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A pesar de que en las últimas elecciones legislativas de la ciudad de Salta, el Partido Obrero obtuvo el primer lugar con el 30% de los votos (seguido muy por abajo por el PJ con 20%), los partidos patronales se abroquelaron contra la posibilidad de que presidamos el Concejo Deliberante capitalino. El PO obtuvo 9 bancas sobre 21, el PJ de Urtubey y del intendente Isa tiene 6, mientras que el FV, el romerismo y el olmedismo cuentan con dos cada uno. Desde hacía 20 años que en el Concejo no se imponía tan claramente un partido y nunca se le había vedado al bloque mayoritario el derecho de colocar un presidente.

Pacto contra Salta

El día posterior a la derrota electoral, Urtubey e Isa pusieron en guardia a su tropa contra la posibilidad de tener un presidente de izquierda en el Concejo Deliberante. El PO recorrió la ciudad explicando el peso de la batalla: una presidencia sería una palanca más para reforzar una agenda política popular. Planteamos realizar una auditoría financiera y administrativa del Concejo; sobre el PJ pesan denuncias por un faltante de más 20 millones de pesos. Más allá de ello, poníamos a discusión toda la estructura y los métodos del Concejo Deliberante. Hace tiempo que venimos luchando también por una modificación del Código Urbano, para crear una reserva de suelo para viviendas populares y para imponer impuestos progresivos a la especulación inmobiliaria. Recientemente, los partidos oficialistas rechazaron nuestra propuesta de elevar el mínimo salarial que exime a un trabajador del pago del impuesto inmobiliario, aunque nuestro planteo de fondo es que la eximición sea integral para la vivienda única de un trabajador. Dijimos explícitamente que nuestro programa para la presidencia del Concejo incluía una campaña para convocar a una asamblea constituyente municipal. Los objetivos de la Constituyente debían ser eliminar la tercerización, el trabajo en negro, los superpoderes del Ejecutivo y los privilegios del funcionariado, e imponer la revocabilidad de los cargos y sueldos de representación de acuerdo con el convenio docente. Planteamos sustituir el Ejecutivo burocrático por un gobierno responsable ante el parlamento municipal.

La gran novedad política del planteo del Partido Obrero era que resolvíamos, en términos de una política obrera y socialista, la contradicción entre el carácter capitalista y burocrático del Estado municipal, por un lado, y el mandato popular que hemos recibido para enfrentar la política antiobrera de este Estado, por el otro. En lugar de un abstencionismo que disimulara una impotencia, dimos una pelea para desenmascarar la violación de la voluntad popular por parte de los partidos del régimen. Planteamos convertir a la presidencia del Concejo, habitual gendarme de las roscas y negociados entre los partidos patronales, en una tribuna para luchar con mayor ímpetu contra el aparato municipal de bloqueo a los reclamos populares y permisivos con los intereses capitalistas. Por eso, los partidos del régimen se abroquelaron contra la posibilidad de una presidencia del PO, como si ella fuera sinónimo de una inminente revolución social. El intendente Isa denunció nuestro planteo como el establecimiento de un doble poder, que le impediría a él, por ejemplo, tomarse vacaciones, por temor a que su reemplazo temporario por el presidente del Concejo fuera usado para dar un golpe de Estado revolucionario. Le respondimos que el PO lucha por el poder para los trabajadores, no para disfrutar de un fin de semana largo.

El oficialismo lanzó una campaña fortísima, plagada de difamaciones y macartismo. Nos acusó de “obstinados” y “golpistas” por defender el derecho a la presidencia y una agenda antagónica al gobierno. Llamando “consenso” a la cooptación y “negociación” a los acuerdos espurios a espaldas de la población, el intendente Isa convocó a un “Pacto por Salta”, nada menos que para “mantener la gobernabilidad” y el “plan de gestión del Ejecutivo”. Era una alianza contra el PO, para mantener el impuestazo dictado el año pasado, flexibilizar las exigencias a los especuladores de la tierra, cerrar las paritarias municipales, sostener los contratos leoninos con la patria contratista y cajonear los reclamos salariales, laborales y habitacionales. La burguesía local respondió con la proscripción política al mandato mayoritario del PO, algo que también se ha manifestado en el Senado, donde a nuestra compañera Gabriela Cerrano -la más votada por lejos, ya que representa a la ciudad capital- le fue negada cualquier presidencia de comisión e incluso la pertenencia a las comisiones sensibles que había reclamado (justicia y derechos humanos).

En este “Pacto” se anotaron desde la Iglesia Católica hasta Libres del Sur, la CTA y el MST. Durante todo el verano atravesaron una crisis en apariencia sin salida, porque el candidato del Intendente se enfrentaba a una lucha de camarillas muy intensa, tanto dentro del PJ oficial como de todo el peronismo, y además sin obtener antes ‘contraprestaciones’ generosas. El romerismo intentó marcar distancia, la jugó de vedette y amagó incluso con votar la presidencia para el PO, esto para agotar su recursos extorsivos frente al oficialismo. Logró su propósito en toda la línea: todas las bancadas votaron por un romerista para ese cargo, a pesar de que tiene solamente dos concejales. Los K de todos los colores se avinieron a aceptar a un delegado de Romero (quien, dicho sea de paso, se quedó, en nombre de Massa, con la segunda vicepresidencia del Senado nacional). El oficialismo K, que había colocado en diciembre pasado a una olmedista en la presidencia provisoria del Concejo, ahora resignó la presidencia en forma definitiva a favor de Romero, para consumar la proscripción a nuestro partido.

Dos alternativas antagónicas

El gobierno sabe que el bloqueo a una alternativa socialista que ha arraigado en el pueblo no se puede conseguir con maniobras de esta calaña. Los ataques contra el Partido Obrero, por parte del kirchnerismo, lo han desangrado ante el electorado trabajador y popular, porque lo hizo, además, desde una alianza clara con Olmedo y Romero. Unos renunciaron a su mote de progresistas y los otros al rol de opositores. Ambos se desintegran desde adentro.

La crisis y la tensión política que le imprime nuestro partido al escenario salteño van definiendo dos polos opuestos, dos salidas antagónicas. Contra el ajuste antiobrero de Urtubey, Isa, Romero y Olmedo, la alternativa obrera y socialista debe ser fortalecida para enterrar definitivamente al régimen que saqueó la provincia los últimos 30 años. Sí, podemos.


Arturo Borelli