Mientras la Argentina mediática se escandaliza por la “judicialización de la protesta” de las entidades patronales ruralistas, ocho campesinos de El Chacho, en el extremo noroeste de la provincia, fueron condenados por la “usurpación” de un campo del que tenían la posesión ancestral y es su único sustento.

El fallo del juez penal de Cruz del Eje, Ricardo Py, ordena también “restituir” el inmueble al empresario Martín Buttie, a pesar de que la Justicia Civil había reconocido el derecho posesorio de las familias campesinas. La palabra de los acusados es un elocuente testimonio de ese otro “campo” en el que se lucha por sobrevivir.

En las caras de los imputados y sus allegados había semblantes calmos y gestos esperanzados, durante el breve cuarto intermedio previo a la sentencia. Las alternativas del juicio oral, pero especialmente el contenido de los alegatos en la última audiencia, parecían indicar que serían declarados inocentes. Sobre todo el pedido de sobreseimiento por parte de la fiscal de Cámara, Ahidé Gersicich, luego de desestimar todos los posibles fundamentos del delito de usurpación previstos en el artículo 181 del Código Penal. También pesaba el antecedente de un fallo civil que les reconoce el derecho a la posesión del campo que defendieron aquel 4 de septiembre de 2004, en ese pueblo que nació con un ferrocarril que dio trabajo mientras duró, y en el que hoy sobreviven unas 40 familias.

Pero la calma y la esperanza mutaron en estupor e indignación con la lectura del fallo con el que el juez Ricardo Py dispuso declarar a Graciela del Valle Arévalo (42), Clara María Farías (64), Roque Teótimo Farías (58), Ramón Nicolás Fernández (55), Santo Ernesto Fernández (54), Tomás Cornelio Silva (71), Martha Agustina Silva (52) y Prudencio Ricardo Navarrete (70) “culpables del delito de usurpación” y “aplicar para su tratamiento la pena de seis meses de prisión en forma de ejecución condicional y con costas”.

La tensión en la sala se acentuó al escucharse la segunda resolución: “Ordenar la restitución del inmueble objeto de la presente (…) a Martín Rodolfo Buttie”. Los allegados a los acusados y militantes del Movimiento Campesino de Córdoba presentes en la sala, asimilaron en silencio el golpe y recién hicieron sentir su bronca en el hall del frío edificio de los Tribunales de Cruz del Eje.

Veinte minutos antes, varios acusados habían ejercido su derecho a declarar. Roque Farías expresó: “Mi abuelo vivió hasta los 103 años manteniendo la tierra, los animales y el campo sólo para subsistir. Queremos que nuestros hijos no sean como nosotros, campesinos que estamos sobreviviendo en el campo, sino que estudien y se hagan un futuro mejor”.

Martha Silva se animó a narrar: “Vivo en el campo y trabajo desde los ocho años. Cuando había una cosecha y se podía comer, era una fiesta. Teníamos una comida al día y el maíz con sal era nuestro pan. No conocíamos el pan. Mi madre me enseñó a pelar pencas para alimento de los animales. Trabajé a la par de mis abuelos y mi madre en la Novena Acción. Esa es la vida que hemos tenido. Me siento mal acusada porque nunca robé nada. Al contrario, siempre trabajé y nunca hemos tenido ni muñecas para jugar. No me siento usurpadora, señor juez. Le pedimos que sea justo, porque si nos quitan el campo nos cortan los brazos. Queremos poder mandar nuestros hijos a estudiar para que no sean como nosotros”.

Nada de esto sirvió para apartar al juez del libreto escrito por el cuestionado ex fiscal de instrucción Raúl Casado. Como si el juicio oral no hubiera existido, aquel texto acusatorio parece haber gravitado más que cualquier otro elemento en el fallo de Py. Se sabrá el 21 de julio próximo, a las 12:30 horas, cuando se den a conocer los fundamentos de la sentencia y se abra un plazo de quince días para la casación.

Mientras tanto, eso que tintinea por estos días en los medios masivos nacionales como “criminalización de la protesta y las luchas sociales” ha recobrado en los tribunales de Cruz del Eje el contenido que siempre tuvo.