Esta última semana se conoció la condena de cuatro años y medio de prisión para el ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos (PJ), por defraudación al Estado y administración fraudulenta. Por la misma causa fue condenada a tres años y medio su ex mujer, Claudia Sgró. Ninguno de los dos irá a la cárcel, de momento, debido a que la sentencia será apelada.

Lo que se ha comprobado en el juicio son dos casos de designación irregular de empleados municipales a instancias de una suegra de Lobos, hecho al que no podía estar ajeno el ex intendente. La suegra de Lobos retenía las tarjetas de débito y cobraba el sueldo de estos “empleados”, a los que les daba una pequeña parte en concepto de “ayuda económica”.

Este juicio forma parte del "Caso Lobos", un conjunto de causas por corrupción iniciadas a raíz de una denuncia realizada por nuestros compañeros Federico Telera, quien por entonces era concejal de Guaymallén; Héctor Fresina, actual precandidato a intendente y Víctor da Vila, senador provincial, en colaboración con un grupo de abogados y periodistas de un reconocido portal digital.

Las denuncias se dividieron en dos partes, una sobre su manejo personal de ñoquis y otra -que involucra también al arco empresarial- que comprende contrataciones por servicios no prestados, sobreprecios, así como también el enriquecimiento ilícito, la construcción de condominios, countries y departamentos.

Desde el Partido Obrero denunciamos la maniobra de separar las causas desde el principio de las denuncias, ya que constituye un salvoconducto a todo el arco del capital, que lucró y sigue lucrando con el presupuesto municipal. Este rescate no es casual ya que el actual Intendente de Cambiemos, Marcelino Iglesias, sigue trabajando prácticamente con todas las empresas involucradas en la gestión Lobos.

Así como Telera denunció en tiempo real y en la cara a Luis Lobos, también lo hacemos con Iglesias, que pagó en regla todas las deudas irregulares que dejó la anterior gestión, sin investigar ni una sola de las mismas.

Nuestro municipio nunca ha dejado el negociado que demanda el arco de empresas constructoras, las cuales vienen ya cartelizadas desde la Cámara de Construcción. A los  sobreprecios de la gestión del peronismo, Cambiemos los maquilló bajo una indexación mensual, lo cual hace que el valor de la obra se actualice al mismo precio del dólar, estirando las mismas indefinidamente en el tiempo como el caso del Carril Godoy Cruz, para de esta manera garantizar un enorme parasitismo del presupuesto municipal.

La corrupción solo se quiebra con los trabajadores y la izquierda

La única manera de terminar con esta corrupción es procediendo a una reorganización total del municipio en función de los intereses de los trabajadores y no de un puñado de capitalistas.

Esa reorganización debe incluir el total desconocimiento de la deuda municipal y la apertura de todos los libros contables para saber el destino de los fondos de la comuna; la obra pública por administración directa bajo control de los trabajadores y los vecinos del municipio y el desconocimiento de las licitaciones con privados que encarecen la misma; la tierra para garantizar la vivienda y no la especulación inmobiliaria. Asimismo, se debe garantizar el trabajo y el salario digno.

Para esto es necesario que la clase obrera irrumpa en el escenario político. En esto se basa la campaña del Frente de Izquierda en Guaymallén y la provincia, para que esta crisis la paguen los capitalistas.