El Partido Obrero anunció que se movilizará el próximo lunes 5 a tribunales de Comodoro Py para presentar el recurso de casación correspondiente ante el fallo de la Cámara de Apelaciones, que ordena la prisión preventiva de los compañeros César Arakaki y Dimas Ponce.

En una conferencia de prensa en la que participaron, además de los dirigentes y abogados del Partido Obrero, referentes políticos, sociales y de derechos humanos, señalaron que “el pedido de prisión preventiva, en función de una inexistente posibilidad de obstrucción de la investigación en una causa en la que las penas previstas para las figuras penales que se les imputan a César y Dimas no llegan a los 4 años de máxima, es una violación completa del derecho y de las libertades democráticas, ya que incurren en una completa arbitrariedad con el fin de amedrentar a manifestantes”.

La abogada Liliana Alaniz, de Apel, destacó que la prisión preventiva no puede efectivizarse hasta que se resuelvan todas las apelaciones. “Se han rebajado todas las imputaciones, que antes eran de ´intimidación pública´, ´rebelión´ y ´atentado a la autoridad en concurso real´,   llevando las mismas a un mínimo de acusaciones que se centran ahora en una resistencia a la autoridad y lesiones, que son delitos menores, ordinarios y excarcelables, al punto que César y Dimas –que no tienen antecedentes penales, se pusieron a derecho desde el primer momento y cumplieron todas las gravosas exigencias que les impuso el juez Torres desde que fueron liberados–, si se efectivizar la prisión preventiva, podrían pasar más tiempo presos que el que podría determinar una eventual condena”.  

“Queda claro entonces que César y Dimas no eran autores de lesiones contra ningún policía ni tampoco eran parte de ninguna organización para atentar contra la democracia ni contra el funcionamiento del Congreso. Su detención original fue una acción política, alejada completamente de cualquier lógica jurídica, contra la movilización popular”. 

En la conferencia de prensa estuvieron presentes, acompañando a César y Dimas, los dirigentes del PO Marcelo Ramal, Jorge Altamira, Néstor Pitrola, el legislador porteño Gabriel Solano y la diputada nacional Romina Del Plá; María del Carmen Verdú (Correpi) y Matías Alfieri (Ceprodh), Juan Carlos Giordano (IS), el legislador Patricio del Corro (PTS-FIT), Pablo Vasco (MST) y Lorena Cáceres (PSTU). Entre otros, enviaron sus saludos y adhesiones Pablo Rossano –papá de Esteban, también detenido el 18, al cual le dictaron la falta de mérito tras permanecer encarcelado 42 días– y Lito Borello (CTEP).  

El dirigente nacional del PO, Marcelo Ramal, remarcó que “el fallo de la Cámara da mayoritariamente la razón a todo lo señalado por las defensas de César y Dimas. No hubo sedición ni atentado a la democracia alguno, como sostuvo el mediático fiscal Moldes, por eso caen esas acusaciones. No fueron Dimas y César quiénes provocaron lesiones a la policía, algo que señalamos desde el comienzo, como se puede constatar a través de las imágenes reunidas en la causa que lleva el juez Sergio Torres. Las acusaciones constituyen una operación política tendiente a demonizar a una organización y a los manifestantes contra la reforma previsional. Por eso, esta prisión preventiva que se les quiere imponer cumple la función de sostener la teoría de que existió un plan, porque no tienen otra cosa. El único plan que existió el 18 de diciembre fue el del gobierno y las fuerzas represivas para desalojar la plaza y consumar el robo a los jubilados sin la presión de la movilización popular. Los manifestantes defendieron su derecho a la protesta, y a la noche, miles de personas salieron de sus casas con sus cacerolas para defender a los manifestantes”. 

“En la figura de César y Dimas, el gobierno pretende amedrentar a los que luchan, desde los ingenios del norte del país, al INTI y el hospital Posadas. El motivo es que el pueblo argentino tiene razones de sobra para seguir movilizándose, y el gobierno pretende infundir temor para desanimar las manifestaciones masivas, como la que ocurrirá próximo el 8 de marzo, en el marco del paro internacional de mujeres, y las que deben organizarse aún contra la reforma laboral y todo el ajuste en curso”.

El Partido Obrero y otras organizaciones se movilizarán el lunes 5 a Comodoro Py para reclamar el sobreseimiento definitivo de ambos militantes.