Tal como se ha venido señalando desde las páginas de este periódico, y como lo ha dicho el Partido Obrero de Córdoba, el gobierno delasotista ha fracasado abiertamente y la provincia va, de su mano, indefectiblemente hacia una catástrofe.

De la Sota ha enviado a la Legislatura provincial una ley para conseguir “superpoderes” para reprogramar el pago de la deuda pública, privatizar el cobro de impuestos y manejarlos a discreción, introducir al capital privado en la administración pública, modificar la Ley de Ministerios, etc. De la Sota pretende emitir un bono de consolidación de deudas a cuenta de las futuras privatizaciones de la empresa de energía y del juego, y otro para pagar a trabajadores del Estado a los que se les quiere adelantar su jubilación. Las razones de estas medidas están en el feroz endeudamiento de la provincia, que “tendría vencimientos cercanos por unos 900 millones, de un endeudamiento total de entre 1.200 y 1.500 millones” (La Nación, 19/4).

De la Sota pretende un cheque en blanco porque la provincia está, de hecho, en cesación de pagos. Hace 8 meses que no paga a los proveedores del Estado y a los pasantes de Rentas, y no puede rendir cuentas de la ejecución del presupuesto 2000. En el medio de todo esto, la recaudación impositiva viene en caída libre (cayo 9% en marzo) y el gobierno debió endeudarse en casi 300 millones de dólares en los primeros 4 meses del año. De la Sota ya había obtenido facultades extraordinarias con la Ley de Reforma del Estado (la ley privatizadora); pero estas privatizaciones no caminan. La propia enviada del Banco Mundial, Myrna Alexander, ha declarado que “este contexto de recesión y desconfianza va a complicar la privatización de las empresas provinciales” (La Voz del Interior, 21/4). Es decir, De la Sota fracasó con poderes extraordinarios, con reducción impositiva, con ley de privatizaciones a favor, etc., y hoy la provincia se hunde.

La privatización de la recaudación impositiva tendría como fin obtener 300 ó 400 millones de dólares, pero De la Sota ya privatizó el cobro de la moratoria, lo que no evitó la caída de la recaudación. La reducción impositiva del 30% del impuesto inmobiliario y la eliminación de impuestos que “perjudiquen la competitividad”, como Ingresos Brutos y Sellos, serán compensadas con un “tax o suplemento del IVA” (Ambito Financiero, 19/4), es decir, sobre los consumidores (algo que el PO anticipó en la campaña electoral para gobernador, en diciembre de 1998).

El editorialista de La Mañana de Córdoba ha sintetizado el intríngulis del gobierno provincial con un pronóstico francamente desalentador. Para sacar un bono para pagar a los empleados provinciales y las deudas judiciales (muchas de ellas por juicios de jubilados) debe declarar la emergencia económica. Pero los “inversores mirarán de reojo cualquier tipo de título emitido por una provincia que pide o admite su propia declaración de emergencia” (20/4); por lo tanto, el panorama es que la “Provincia tendrá que sopesar muy bien qué le conviene: si reingresar a los mercados internacionales, tal como se hizo durante la gestión de Angeloz o, por el contrario, privilegiar el ordenamiento de las obligaciones con sus empleados” (ídem). Las movilizaciones de los empleados públicos y docentes, las huelgas, la quema de la Casa Radical y la caída de Angeloz sobrevuelan al “jabalí” De la Sota.

Reclamemos asambleas generales

La percepción de que esta crisis la terminan pagando los trabajadores (vía despidos o no pago de salarios) ha motorizado asambleas y acciones de lucha. Los trabajadores de la fábrica Montich (UOM) han ocupado la planta durante un día, ante el atraso del pago de salarios y la evidencia de que se vienen despidos. Los trabajadores de UTA, hace casi un mes, ocuparon literalmente la ciudad para garantizar sus puestos de trabajo frente a la nueva concesión del transporte. Los ingresantes a Medicina ocuparon durante una semana el decanato para lograr nuevos recuperatorios. Son sólo algunos síntomas de que los trabajadores cordobeses no están en retirada ni cooptados por el gobierno provincial (cosa que sí corresponde a sus dirigentes, convertidos en funcionarios del gobierno). Sencillamente, De la Sota, no se ha animado hasta ahora a ir a fondo contra los trabajadores, retrocediendo ante los primeros choques. Los trabajadores de Luz y Fuerza mantienen su convenio; los municipales han obligado a retroceder a la Municipalidad; los docentes obligaron a postergar, mediante la movilización, la implementación de las modificaciones al CBU (EGB3); los choferes lograron un compromiso escrito de preservación de los puestos de trabajo. En síntesis, el gobierno ha debido dar una y mil vueltas frente a la resistencia obrera. Y éste es el gobierno que pretende atrasarse en el pago de los sueldos o pagar con un bono, despedir empleados públicos, desconocer deudas salariales o jubilatorias, imponer una nueva carga con el tax, etc.

Lo que corresponde es que preparemos, desde ya, la intervención obrera: asambleas generales en todos los gremios, dependencias y barrios, para marchar así a un Congreso de delegados obreros y de desocupados que imponga un programa de salida a la crisis, pero a costa de los banqueros y no de los trabajadores.

De la Sota fracasó. Su presencia sólo puede garantizar la catástrofe. Asamblea Constituyente soberana para reordenar la provincia en función de los interes de la población trabajadora.