Todas las declaraciones de los integrantes del gobierno de Kirchner para zafar de la grave denuncia realizada por el juez Garzón sólo han servido para dejar en claro que la verdad está del lado del juez español.

 

Garzón ha señalado en un libro que fue el ministro de Justicia de España quien le informó que el pedido de extradición de los militares argentinos sería rechazado por pedido expreso del presidente Kirchner; Garzón denunció a esto como un nuevo “punto final”.

 

El gobierno argentino ha tratado de negar lo sucedido. La ex canciller española, Ana Palacio, confirmó que Bielsa le solicitó telefónicamente que no soliciten las extradiciones de los militares ( La Nación , 8/2).

 

En función del objetivo de evitar las extradiciones, Kirchner habilitó al peronismo a tratar y aprobar en el Congreso la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Por otro lado, el gobierno mantuvo inalterables los indultos.

 

Frente a la denuncia de Garzón muchos partidos, como el ARI, salieron a criticar el doble discurso del gobierno pero no dicen que formaron parte de la maniobra. En ese momento el PO denunció que la “anulación es un pacto para salvar los indultos y evitar las extradiciones” ( Prensa Obrera Nº 813).