El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, declaró a medios de prensa que su objetivo es realizar una reforma previsional que establezca la edad “optativa” de jubilación. Aunque el planteo suena liberal, en realidad, esconde una coacción por parte del Estado. Es que si a las personas se les paga una jubilación mínima de 6.080 pesos, como ocurre con más del 35% de los jubilados, se las obliga de hecho a continuar trabajando para poder solventar los gastos elementales de subsistencia. En la actualidad, sólo una minoría de los jubilados alcanza la canasta básica de la tercera edad que mide la Defensoría a cargo de Eugenio Semino.

 

La extensión de la edad jubilatoria, ya sea que se establezca taxativamente por ley o que se imponga por los hechos mediante la coacción de haberes de miseria, representa un ataque al conjunto de los trabajadores. En particular afectará a la juventud, a la que le costará aún más conseguir un empleo dado que la extensión de la edad jubilatoria actuará como tapón al mantener en sus puestos de trabajo a personas que deberían jubilarse. Así, se incrementa el ejército de desocupados que impulsa la competencia por conseguir un empleo, permitiendo a las patronales pagar menores salarios.

 

Según Basavilbaso, las personas que decidan jubilarse a una edad más avanzada serán compensadas con jubilaciones más altas, pues tendrán mayores años de aportes y menos años en los que cobrarán el haber. Pero por esta vía se vuelve a la jubilación de capitalización individual, contraria al concepto de universalidad que es un principio rector del sistema previsional argentino. Por eso, aún si fuese cierta la promesa del titular de la Anses de que no se volverá a privatizar el sistema previsional, tendríamos una especie de AFJP estatal.

 

Las declaraciones de Basalvibaso se producen en momentos en que se agrava la ofensiva contra los jubilados. La Anses, contrariando las promesas realizadas durante la campaña de Macri, ha vuelto a apelar los juicios que debe pagar a quienes tienen sentencia a favor. Esto porque pretende ajustar los pagos por un índice (Ripte) que no llega al 50% del que se venía usando hasta el momento (ISBIC). Con el criterio del gobierno, la actualización sería del 91% y con el fijado por la Corte Suprema, es del 183%. La llamada ‘reparación histórica’ esconde una confiscación enorme.

Denunciamos esta reforma que está en marcha, que ha sido solicitada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) junto con la reforma laboral y la reforma educativa diseñadas por las patronales y el Banco Mundial. El Frente de Izquierda le opone a estos planteos la plena vigencia del 82% móvil, la reinstalación de los aportes patronales reducidos por Menem-Cavallo y la dirección de la Anses por trabajadores y jubilados.