En las últimas horas del día de ayer, finalmente trascendió que el gobierno no habilitará ninguna sesión parlamentaria (para lo cual existen todos los recursos técnicos que habilitan las medidas de cuidado y prevención, junto con la participación a distancia de que quienes integran grupos de riesgo), sino que dictará por decreto las medidas de congelamiento de alquileres y cuotas hipotecarias que por estas horas redacta la secretaria de legal y técnica, Vilma Ibarra. 

Mientras la oposición derechista que comanda Juntos por el Cambio sigue como segundo violín las disposiciones del Ejecutivo -y se opuso en teleconferencia de jefes de bloque a sesionar-, el Frente de Izquierda continúa insistiendo en la convocatoria a una Sesión Especial, donde se traten todos los proyectos presentados respecto de la Pandemia. Romina Del Plá y Nicolás Del Caño presentaron la semana pasada una nota formal a Massa (presidente de la Cámara) con ese reclamo. 

Explotan la crisis para alterar el régimen político

Sucede que, desde que se declararon las medidas de emergencia frente al coronavirus, el funcionamiento regular de la Cámara fue reemplazado por reuniones de jefes de bloque, sin capacidad resolutiva sobre nada, sino que solo tienen por objetivo reforzar la subordinación de todas las fuerzas políticas parlamentarias a un régimen de poder personal “comandado” por el Presidente (como expresó el líder radical, Mario Negri, o el inefable Berni, que lo tradujo a un temerario lenguaje militar en momentos en que vuelcan el Ejército y las FFAA a los barrios pobres para contener una respuesta popular frente a las condiciones desesperantes en que las grandes mayorías deben hacer frente a la pandemia).

La crisis ha impuesto un giro político que tiende hacia un régimen de poder personal cada vez más marcado, que incluye la virtual anulación del parlamento y una alteración autoritaria del régimen político. El parlamento quedaría reducido al funcionamiento de la Comisión Bicameral que debe aprobar o rechazar los DNU, sin más potestad que eso.

El contenido concreto y en detalle de los decretos que enviará el gobierno, por otra parte, aún no se conoce. Se suspenderían desalojos y remates y se congelarían por 180 días (6 meses) el valor de los alquileres y cuotas de créditos hipotecarios –pero nada se sabe sobre qué pasará respecto de estos cuando termine el congelamiento, y tenemos el antecedente negativo de lo que ya pasó con los créditos UVA cuando Fernández suspendió el congelamiento de Macri y pasó a cobrárselo a los hipotecados en “cómodas cuotas” (lo que supuso una sobrecarga para créditos de que no paran de dispararse). Afectar los intereses de los bancos no está en el horizonte de este gobierno. Sobre prohibir despidos y suspensiones, el problema central que atraviesa a los trabajadores, ni noticias.

El planteo en que insistimos desde la banca del Partido Obrero en el FIT es que debe haber una sesión especial, donde se puedan incluir los proyectos de todos los diputados y, en particular los del Frente de Izquierda, que expresan un programa completo de protección de los trabajadores frente a la pandemia. 

Los proyectos del Partido Obrero

Romina Del Plá presentó en la Cámara de Diputados un paquete de proyectos de ley que expresan los 20 puntos que hemos presentado por escrito al presidente Alberto Fernández y que detallan medidas urgentes para dar cabal respuesta a la crisis creada por el avance del coronavirus en un contexto de vaciamiento del sistema de salud y de aguda precarización de las condiciones de vida de un amplio sector de la población trabajadora, ocupada y desocupada.

Un primer proyecto establece la designación de una partida presupuestaria extraordinaria para el sistema de salud y su centralización (del sector público, privado, de universidades nacionales y obras sociales) mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, bajo control de trabajadores y profesionales de los distintos sectores, involucrando a los Estados nacional y provinciales; la triplicación del presupuesto del Malbrán; el reparto masivo y gratuito de todos los insumos de higiene y de prevención necesarios; la creación de comités de higiene y salubridad interdisciplinarios en cada hospital, centro de salud y establecimiento educativo, con miembros electos por los profesionales y trabajadores de la salud, y la creación de comités electos por los trabajadores en cada lugar de trabajo para coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las licencias a los grupos de riesgo y las medidas sanitarias en todos los establecimientos laborales que integran actividades esenciales –entre otras medidas.



Proyecto de Ley Pandemia Salud y comités de control. Descargar proyecto en pdf

El punto de partida para hacer efectivas estas disposiciones es el no pago de la deuda externa -requisito fundamental para concentrar todos los recursos nacionales al servicio de las necesidades obreras y populares y frenar el saqueo en beneficio de los especuladores, los bancos y los bonistas.

Otro proyecto dicta medidas elementales de protección de los trabajadores como la prohibición de despidos y de suspensiones con descuento salarial en todos los ámbitos de la actividad económica, formal o informal, del sector público o privado; junto con la elevación del salario y la jubilación mínima a $30.000, de igual modo que el seguro al desocupado, los planes sociales vigentes, y la asignación de un bono por ese monto para todos los trabajadores desocupados, precarizados, las empleadas domésticas (registradas y no registradas) y para los monotributistas de las categorías A, B, C y D -alcanzando realmente a todos aquellos que viven de su trabajo y no se encuentran en condiciones de hacer frente al aislamiento y cubrir las necesidades básicas para la subsistencia al mismo tiempo. Junto con ello, se establecen disposiciones para proteger la salud de quienes están exentos del aislamiento por integrar el rubro de “actividades esenciales”, mediante la creación de comités de control obrero con poder de veto y supervisión sobre las patronales; de igual modo para quienes están en tratamientos en las ART, frente a múltiples denuncias de violación de las normas sanitarias por parte de quienes están en algún tratamiento. Incluimos asimismo un capítulo especial para las personas privadas de libertad, que viven brutales condiciones de encierro en un contexto de hacinamiento, abusos policiales, y nula asistencia profesional de la salud. Para este caso, se crean comités de control integrados por organizaciones de derechos humanos. 

Proyecto de Ley Protección a los trabajadores ante la Pandemia. Descargar proyecto en pdf

Ese proyecto dispone asimismo el inmediato pase a planta permanente de todo el personal de salud (profesionales médicos y no médicos, trabajadores administrativos, de limpieza, de seguridad, etc.) y establece para todo ellos la duplicación de su salario durante el plazo que dure la emergencia sanitaria.

Aspectos fundamentales de esta ley son, por un lado, la anulación de la resolución del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que prohíbe la acción sindical –en un acto extremo de regimentación del movimiento obrero, en momentos donde proliferan las denuncias por múltiples atropellos patronales en el cuadro de la crisis. Defendemos la más amplia acción sindical y gremial de los trabajadores para defender sus derechos laborales y su derecho a la salud. Por otro lado, las sanciones efectivas a las patronales o instituciones públicas que violen cualquiera de estas disposiciones, sin cuya implementación las normas aquí volcadas quedarían libradas a la “buena voluntad” de los afectados –que es la vía por la que se violan sistemáticamente derechos de la población trabajadora en nuestro país.

La tercera ley dictamina la suspensión de ejecuciones a la vivienda única, el congelamiento y suspensión de pago de alquileres y pensiones y cuotas de préstamos hipotecarios y personales de distinto orden, así como el congelamiento de los tarifazos (y su retracción a los valores de enero de 2019) y la suspensión del pago de los servicios públicos durante el período en que se extiendan las medidas de aislamiento y prevención sanitaria. En el caso de los alquileres, el Estado debe compensar los meses caídos cuando se trata de propietarios individuales de no más de dos unidades de cien metros cuadrados como máximo, y no de empresas inmobiliarias. En el caso de los créditos hipotecarios, el no pago de las cuotas con cargo a los bancos, por el mismo plazo, sin sumarlas a la deuda pendiente.



Proyecto de Ley Vivienda y servicios basicos. Descargar proyecto en pdf

Como remate de todos estos proyectos, colocamos la medida fundamental que debe disponerse para hacer viable todas las medidas y que hacen a la vía de su financiamiento, que solo es posible sobre la base de detener el saqueo de recursos nacionales a favor de los especuladores y usureros de la deuda. Por ello nuestros proyectos de ley establecen la inmediata anulación unilateral de todo pago de la deuda, con la excepción de los vencimientos que están en manos del Anses –y que es dinero de los jubilados, que debe tener por destino un aumento urgente de todas las jubilaciones y pensiones, la reposición de la movilidad que le robó este Congreso con la ley de “emergencias” (mal llamada de solidaridad) de diciembre del año pasado, y el financiamiento del 82% móvil. 

Las medidas que ha tomado hasta ahora el gobierno, y los que anunciaron que incorporarán en proyectos de ley enviados al Congreso, están muy por detrás de las reales necesidades de la población trabajadora. Por eso ofrecemos estos proyectos –por los cuales queremos batallar en un debate público en sesión especial- como un aporte a la lucha que los trabajadores ocupados, precarizados y desocupados, ya comenzaron a librar en distintos lugares.