La condonación de la deuda del grupo Macri con el Correo y, más recientemente, la concesión de rutas aéreas a Avianca, ha despertado la preocupación por los “conflictos de intereses”. Esto es, si el gobierno Macri debiera favorecer con sus decisiones a empresas de su propia familia. Los que presentan este prurito quieren resolver la cuadratura del círculo, o sea cómo hacer para que un gobierno capitalista no legisle y ejecute decisiones en favor de corporaciones capitalistas. Los que se “preocupan” por el Correo no tienen en cuenta al conjunto de decisiones oficiales que favorecen al grupo Macri, pero como parte de la clase social a la que pertenece –por caso, los tarifazos, las reformas negreras a la legislación laboral o la venia para el reendeudamiento internacional. Con seguridad, nos dirán que lo que se quiere evitar son las medidas que favorezcan “específicamente” a la familia del presidente. Pero, ¿cómo separar la línea entre los intereses generales y particulares? Las licuaciones de deuda en los concursos de acreedores (de eso se trató el Correo) es una práctica general que siempre ha beneficiado a la burguesía nacional. El uso del presupuesto y de las concesiones públicas para favorecer a la patria contratista ha sido otro plato preferido de esa clase social –ahora, con Socma y Calcaterra; antes, con Lázaro Báez, Cristóbal López… y también Calcaterra, según surge de la última ´batida´ de los arrepentidos de Odebrecht.

 

Como se ve, estos “conflictos de intereses” en el marco de un Estado capitalista resultan más difíciles de resolver que la mentada cuadratura del círculo, y los supuestos republicanos lo saben mejor que nadie. ¿Qué reclaman, entonces? Piden un régimen de mediaciones “institucionales” que disimule, en todo lo que se pueda, el carácter capitalista del gobierno capitalista. Lo que tratarán de demostrar, de aquí en adelante, es que el grupo Macri recibirá “las generales de la ley”, las cuales, en cualquier caso, siempre serán las que beneficien al 1% de la sociedad que dispone del monopolio de la banca, la gran industria, la tierra y los medios de comunicación. Los capitalistas le piden al gobierno de CEOs que enmascare su carácter social, para mejor ejercer la defensa de sus intereses de clase.

 

En el fondo, y al rumiar por los “conflictos de intereses”, la burguesía bebe de su propia medicina, y, sobre todo, de la decadencia del régimen político argentino. La descomposición de sus partidos históricos –el peronismo y el radicalismo- ha llevado al poder a un “armado” político peculiar, que se ha nutrido de gerentes y operadores de fondos financieros, por un lado, y de emigrados de los viejos partidos, por el otro. En eso consiste el PRO.

 

Lo que ocurre ahora es que la banda de Macri, Peña, Quintana y compañía no ha demostrado aún si será capaz de remontar la bancarrota económica, ni tampoco si podrá trasladarle esa quiebra a los trabajadores. A partir de allí, la “transparencia” se ha convertido en una chicana para forzar a la claque presidencial a compartir el poder, y afrontar su tarea reaccionaria a través de una coalición de partidos. Ese es el telón de fondo de este debate.

 

Les corresponde a los trabajadores y a la izquierda poner de manifiesto el único, verdadero e irreconciliable “conflicto de intereses”. Entre un gobierno y una clase social dispuestos a continuar saqueando el país en beneficio propio; y una clase trabajadora que debe tomar en sus manos la tarea de reorganizarlo sobre bases sociales nuevas.