No hay que ir contra los efectos sino contra las causas.

Si hay un 55% de argentinos debajo del nivel de pobreza, hay que poner fin al gobierno que la provoca.

Si existe la amenaza de un aumento mortal de tarifas, hay que decirle basta al gobierno cómplice de las privatizadas.

Si queremos poner fin a la confiscación de los ahorros, tenemos que enfrentar al gobierno que protege a los bancos y a los que subsidia diariamente con un festival de bonos y con más deuda pública.

Si queremos recuperar los salarios y por sobre todo el derecho al trabajo, y si queremos que las fábricas ocupadas sean expropiadas en beneficio de los obreros que las gestionan, tenemos que cambiar definitivamente el régimen político que llevó al vaciamiento y al derrumbe del país.

El momento es ahora.

Duhalde es incapaz de gobernar.

Le fracasa el plan electoral; los peronistas no quieren las internas.

Le fracasa el plan económico; ni los bancos ni el FMI se lo aceptan. El pueblo mucho menos, como lo prueba la nueva onda de rebelión popular.

Los opositores que militan en el centroizquierda dicen que la salida sería la caducidad de todos los mandatos y elecciones generales.

Todos sabemos que esto es falso, porque el régimen sigue en pie y el monopolio político de los que mandan seguirá intacto. Pero el reclamo centroizquierdista, que se había embarcado en las elecciones truchas, no deja de ser un síntoma de la creciente zozobra del régimen incapaz que se hunde irremediablemente.

La salida es echarlos a todos y quebrar su régimen político; sin esto último, lo primero no existe.

Para eso es necesario convocar a una Asamblea deliberativa y ejecutiva, electa por el pueblo, que se haga cargo del poder sin ninguna clase de limitación constitucional.

Es decir a una Asamblea Constituyente con poder.

Para proceder a la reorganización social y política de Argentina sobre nuevas bases.

¿Quién puede convocar a esta Asamblea?

No lo va a hacer Duhalde. No lo va a hacer el Congreso. No lo van a hacer los que le piden al Congreso trucho e impotente que declare la caducidad de los mandatos.

Sólo puede hacerlo el pueblo que lucha para sobrevivir y que lucha por un porvenir.

Las Asambleas Populares, a las que hay que masificar.

Las organizaciones piqueteras.

Los sindicatos que luchan y defienden a los trabajadores, como lo hizo recientemente el cuerpo de delegados de Metrovías, que arrancó la jornada de seis horas y la posibilidad de nuevos empleos.

Las empresas que están gestionadas por sus obreros, contra el intento de vaciarlas por parte de los capitalistas y los jueces que los apañan.

Los trabajadores que organizan emprendimientos y comedores comunitarios.

O sea, a la Constituyente la debe convocar un gobierno de representantes de las organizaciones en lucha.