El decreto de necesidad y urgencia dictado por Kirchner —y legalizado por el Congreso— faculta al Ejecutivo a la sustracción del 40% de las reservas del Banco Central. La carta orgánica del Central establece, por su lado, que los adelantos transitorios al Gobierno Nacional no pueden superar el 12% de la base monetaria o el 10% de los recursos anuales recaudados por el Tesoro, lo cual representa un poco más de cinco mil millones de pesos (mil ochocientos millones de dólares). De cualquier modo, este equivalente de una quinta parte de la deuda con el FMI ya ha sido utilizado por el gobierno para la realización de pagos previos de la deuda pública. Para proceder al pago de la deuda con el FMI el gobierno ha tenido que recurrir a la confiscación lisa y llana de las reservas internacionales. A este saqueo, una ley del congreso lo llama disponer de las “reservas de libre disponibilidad”.

 

En la jerga bancaria, esa denominación corresponde a las reservas del BCRA no afectadas por convenios específicos. El decreto de Kirchner, el concepto de ‘libre disponibilidad’ es transformado en piedra libre para el Gobierno nacional. O sea que se ha sancionado un derecho a la ‘libre’ confiscación de las reservas del BCRA. De hecho, se ha creado un impuesto de tasa incierta y de base indiferenciada.

 

Los decretos y leyes en cuestión reforman la ley de convertibilidad, que en la práctica no tenía ya ninguna vigencia, porque el Banco Central estaba autorizado a emitir siguiendo otras reglas (en algunos casos la llamada ‘meta de inflación’, en otros la llamada ‘meta del tipo de cambio’. De todos modos, este intento de meter de contrabando la ley de convertibilidad mediante la reforma de una ley que no se practicaba ha producido un nuevo desatino. La nueva ley proclama la necesidad de una “relación” entre reservas y base monetaria sin indicar a qué tipo de cambio debe establecerse esa relación. En la práctica se autoriza al gobierno a seguir sacando las reservas que quiera, o al Banco Central a endeudarse sin limitaciones, para lo cual alcanzaría con manipular el tipo de cambio hasta obtener la relación que corresponda al nivel del saqueo por parte del Tesoro o del endeudamiento de parte del Central. La reforma planteada consagra, alternativamente, un régimen de inflación permamente o un régimen de confiscación patrimonial de las reservas.

 

Régimen de confiscación social

 

Consecuentemente, el gobierno ha retirado los dólares que necesitaba a cambio de un título público inexistente, porque no se negocia en ningún lado, privando al Central de la liquidez normal de un Banco Central. En cambio de qué modo “compensará” al Banco por esa sustracción. Si hubiera entregado títulos reales, por ejemplo, Bodenes, ello habria causado de todos modos al Banco Central un perjuicio del orden de los 1.500 a 2.000 millones de dólares, debido a que la cotización de esos bonos es inferior a su valor nominal. El Tesoro prefirió entregar al Banco un simple certificado a diez años. Pero, en definitiva, esta indefinición obedece al hecho de que no se pretende compensar nada: “el retiro de reservas se ha concebido como un impuesto de base y gravamen indefinidos, el cual —por otra parte— no está previsto en el Presupuesto nacional 2006. Los funcionarios del Ministerio de Economía han señalado que para reponer al Banco Central las reservas que se han utilizado se recurrirá a un mayor ajuste fiscal. Está claro, entonces, que estaríamos ante un impuestazo sancionado por decreto, sin determinación de porcentaje ni mucho menos de qué parte de la población lo pagaría.

 

En el amparo que presentamos ante la Justicia, el 28 de diciembre, declaramos que “se ha recurrido a una confiscación para hacer un pago al FMI, con características de privilegio, que contrasta con la pesificación de ahorros personales y de salarios. La sustracción de las reservas responde, por lo tanto, al propósito de profundizar un régimen de confiscación social”.

 

Nuestro texto concluye reclamando se declaren inconstitucionales e ilegales los decretos y leyes que sancionan el pago anticipado al FMI, y “que se impida cualquier remisión de fondos con ese propósito”. En realidad, hubiéramos debido plantear el juicio político contra todos los legisladores que votaron favorablemente el saqueo. De cualquier modo, la presentación de este recurso judicial es un medio de agitación política contra el gobierno, que sirve, asimismo, para denunciar la complicidad de la oposición patronal que —de Macri a Carrió— se rasga las vestiduras para defender la ‘propiedad’ y el ‘patrimonio’ de los grandes capitalistas, pero que votada esta confiscación, o simplemente la ha consentido sin hacer olas, anotándola al rubro de pérdidas y ganancias de la ‘democracia’.