En Jujuy, como en la mayor parte del país, las explotaciones agrarias estrangulan el desarrollo de las ciudades y, a su vez, elevan brutalmente el precio de los escasos terrenos y viviendas existentes, favoreciendo la especulación inmobiliaria. El déficit de vivienda alcanza a miles de familias, las que tampoco han encontrado una solución en los planes regenteados por Milagro Sala -basados en el trabajo en negro y absolutamente insuficientes para resolver la enorme demanda.

Es que la tierra que hace falta, la tienen los grandes ingenios, las sojeras y las tabacaleras. El oficialismo K de Fellner-Barrionuevo y la oposición de la UCR con Morales han sido y son agentes políticos de los dueños de la tierra. Juntos acaban de entregarle el ingenio “La Esperanza” de San Pedro a Roggio, con unas diez mil hectáreas.

La tensión permanente en las localidades por las reiteradas ocupaciones es lo que debe haber empujado al gobierno y a los Blaquier a impulsar este desalojo sangriento a modo de escarmiento. Múltiples versiones indican que vehículos y hombres de seguridad de la empresa Ledesma participaron de la represión. Barrionuevo asume así la misma conducta de su colega K de Formosa cuando, en defensa de los terratenientes sojeros, mandó a su policía a asesinar a los Quom -o de Macri y Cristina con los crímenes del Indoamericano.

El gobierno jujeño adjudicó los crímenes a una maniobra política (refiriéndose, probablemente, al hecho de que aquí también se están produciendo desplazamientos de sectores del PJ hacia la “oposición”), de modo que el gobierno sería una suerte de “víctima de la derecha”, pero ha sido la policía dirigida por Barrionuevo la ejecutora del desalojo. Es el mismo gobierno que subsidia con recursos millonarios la producción de biocombustibles el que fue incapaz de satisfacer el reclamo de los vecinos.

Tuvieron que morir cuatro jujeños para que Fellner y Morales, de la UCR (bajo la presión de las movilizaciones y el repudio popular) aprobaran proyectos de expropiación y formaran una comisión investigadora parlamentaria.

Buscaron, seguramente, ahogar el reclamo por un techo, que abarca a decenas de miles de familias de Jujuy, pero sólo lograron multiplicar los asentamientos, que se extendieron a varias ciudades e incluso a sectores asalariados, los que tampoco encuentran salida habitacional y están fuera de la oferta de créditos hipotecarios. De cualquier forma, habrá que ver si, aun con la expropiación aprobada, el gobierno la ejecuta efectivamente o, como pasa en muchos casos, se vota una ley bajo presión de la movilización, la que luego duerme en un cajón hasta caducar si es la presión popular decrece.

Las amenazas de Barrionuevo a las familias ocupantes de excluirlas de todo plan de viviendas (como lo hiciera Macri en el Indoamericano) anticipan esta conducta.

La verdadera solución al problema de vivienda pasa porque todas las tierras aledañas a los pueblos deben declararse de utilidad pública sujetas a expropiación para el desarrollo urbano y la construcción de viviendas populares en toda la provincia, con mano de obra local y trabajo bajo convenio. Desde el Partido Obrero, hemos propuesto impulsar un gran congreso provincial de los sin techo para imponer esta salida de conjunto para que los trabajadores ya no deban arriesgar su vida y la de sus hijos por tierra y vivienda.

Los crímenes de Ledesma no deben quedar impunes. Los parlamentarios dicen que van a investigar las responsabilidades políticas. ¿Alguien puede pretender que creamos que van a investigar a los Blaquier, cuando ni siquiera los han investigado por su responsabilidad en la “noche del apagón”, bajo la dictadura, cuando en vehículos de la empresa se llevaron a decenas de trabajadores?

Deben ser investigados e ir presos todos los responsables -desde el gobernador para abajo. Caso contrario, estaremos bajo amenaza de que el gobierno vuelva a actuar defendiendo a los latifundistas, quienes se van a cobrar nuevas vidas de los jujeños sin techo para defender las ganancias siderales del negocio del azúcar y del biocombustible.