Foto extraída de Cooperativa de Comunicación La Brújula

 

La CGT de San Lorenzo llevó adelante un contundente paro ante el intento de cierre de la empresa ArZinc, ubicada en Fray Luis Beltrán, y que amenaza con dejar a más de 400 trabajadores en la calle. Según fuentes periodísticas, la compañía “es la única productora de ácido sulfúrico y zinc electrolítico en el país” (Rosario 12, 3/3).

El paro fue total y tuvo un particular impacto en empresas claves del Cordón, como Bunge, Nidera, Cargil, Terminal 6 y Celulosa. Como parte del paro general, hubo cortes de ruta en la zona y piquetes frente a los portones de la empresa, donde se desarrolló una asamblea con 400 personas. Muchos comerciantes del Cordón cerraron sus negocios en solidaridad con la medida.

El secretario general de la CGT de San Lorenzo, Jesús Monzón, no descartó la posibilidad de un nuevo paro de 48 horas si no aparece una solución. Se está discutiendo la posibilidad de que el gobierno nacional financie la reactivación del horno, y también se habló de la posibilidad de los Repro.

ArZinc pertenece al grupo Glencore International, dueño de la Compañía Minera Aguilar (beneficiada recientemente por la eliminación de retenciones dispuesta por el gobierno nacional) y accionista de importantes cereleares del Cordón industrial de San Lorenzo como Molinos, Vicentin y Renova. No se descarta una maniobra de la empresa para reabrir a futuro pero con un plantel obrero completamente precarizado y menos trabajadores. La empresa ejerce una enorme presión para que los obreros se acojan a los retiros 'voluntarios'. El conflicto de ArZinc se inscribe dentro de otros duros conflictos que ha vivido en estos años la región, como Paraná Metal.

El cierre de ARZinc tendría un efecto devastador sobre el municipio de Fray Luis Beltrán, ya que aporta el 25 por ciento de los ingresos municipales. Esto explica que la intendenta se haya visto obligada a intervenir en el conflicto. Convocó una asamblea frente a la fábrica en la que participaron el intendente de San Lorenzo, la CGT, la Federación Aceitera, diputados provinciales y una delegación de la Coordinadora Sindical Clasista encabezada por la concejal del PO de Capitán Bermúdez, Jorgelina Signa, entre otros.

En dicha asamblea, que votó el paro general, el PO planteó que el estado provincial pague los salarios de los trabajadores hasta tanto se resuelva el conflicto.