14/09/2000 | 680

Convierten en ley a la coima y la coacción

El escándalo por los sobornos en el Senado ha encontrado una salida provisoria digna de este régimen político que hace de la transparencia un encubrimiento y de la hipocresía un principio ético.


Nos referimos a la reforma de la ley de fueros pergeñada por la corriente de Elisa Carrió, que con el pretexto de eliminar privilegios de los funcionarios permite, por un lado, que los senadores que cobraron sobornos puedan seguir sacando las leyes pactadas con el FMI y, por el otro, que el conjunto del Congreso nacional pierda sus últimos trazos de autonomía formal y quede sometido a un régimen de coacción permanente como el que representa la amenaza de que a sus miembros se les pueda fabricar en cualquier momento un proceso judicial. En lugar de desaforar, directamente, a los acusados de sobornos y de defender al mismo tiempo el principio democrático de los fueros políticos de los parlamentarios, se mantiene a los senadores cuestionados en sus puestos para que sigan votando las leyes antipopulares y se los maneja como rehenes de un proceso judicial. Han dejado de ser senadores o diputados, incluso corruptos y entreguistas, para transformarse en marionetas que negocian su voto a cambio de no ir presos. Si se quería erradicar una práctica del Congreso, de no dar curso a los pedidos de desafuero, se podría haber sancionado una ley que permitiera los desafueros mediante un pronunciamiento popular, por medio de un plebiscito o referendum. Lo que han logrado los éticos de la Alianza es condicionar al Congreso a cualquier provocación judicial, y esto para mantener en sus puestos a los senadores que vendieron su voto para la reforma laboral.


Advertimos acerca del carácter profundamente antidemocrático del recorte de los fueros establecidos por esta ley votada como un salvavidas por los mismos que cobraron sobornos, porque la figura de los fueros ya ha perdido su utilidad histórica para los regímenes constitucionales burgueses. Los parlamentarios ya no necesitan una protección legal contra los poderes ejecutivos, que en otra época representaban intereses feudales o monárquicos. Los poderes ejecutivos representan en la actualidad los mismos intereses de clase que los parlamentos, es decir que los presidentes, los jueces y los legisladores son los representantes de la misma clase capitalista. Como si esto fuera poco, los regímenes democráticos han ido evolucionando como verdaderas oligarquías donde los llamados representantes del pueblo se reeligen en forma indefinida y crean de este modo un blindaje para sus intereses personales que supera cualquier fuero legal.


De aquí en más, la autonomía política que ofrecen los fueros queda como una protección formal para los opositores al régimen capitalista, para los representantes de la izquierda revolucionaria *no en vano el 90% de ellos ha pasado de la banca a la cárcel en los países que pasaron por la experiencia de una representación parlamentaria de ese tipo.


 


Desvío pero no salida


La sancion de la ley de fueros ha permitido que el Congreso vuelva a funcionar para cumplir con el dictado de leyes que exige el FMI. Quedó sorteado de este modo el principal factor de crisis política, que para las patronales no es la corrupción sino el peligro de inoperatividad del Estado. En el paquete de leyes figuran exigencias importantes, como cambiar el régimen impositivo con las provincias para profundizar el ajuste y facilitar el pago de la deuda externa y de las deudas de las provincias con los bancos; la ley que contempla un plan de obras de infraestructura para los Techint y compañía, subsidiado por el Estado; la ley de presupuesto que debe determinar los recursos para pagar intereses externos por casi 12.000 millones de dólares; los cambios en la legislación previsional para reducir las jubilaciones; o el paquete legal para el Pacto Educativo II, que privatiza la educación.


Este encuadramiento de la crisis desatada en el Senado tiene mucho que ver con el nombramiento del pulpo Techint para la Secretaría de Industria y con la política de su titular, Tizado, para armar un acuerdo entre los diferentes sectores de la burguesía *bancos, industria y monopolios privatizados*. La función del ingreso de Techint al gobierno se entiende aun más por el apoyo que goza de la Iglesia y de la mayoría de la burocracia de los sindicatos. No es casual, entonces, que Rosendo Fraga, uno de los principales asesores políticos de las patronales, declare que la presidencia de De la Rúa no está en peligro porque no hay grupos económicos interesados en voltearlo (The Buenos Aires Herald, 10/9). Para este mismo asesor, la previsión de elecciones directas para el Senado el año que viene puede servir para el manejo de la crisis, y es hacia esas elecciones que apuntan las maniobras de los distintos grupos políticos.


Pero esta caracterización de la crisis demuestra, más allá de lo que declaran los políticos patronales, que existe un acuerdo para encubrir los delitos. El Chacho pide renunciamientos a los acusados pero no garantiza para nada que se los castigue. En la Alianza, el Frepaso y la UCR están peleando la candidatura a gobernador por la provincia de Buenos Aires; Ruchauf y Duhalde quieren adelantar las elecciones directas al Senado para sacar alguna ventaja del descenso de intención de voto de la Alianza. A ninguno le interesa castigar a coimeros y coimeados porque ello entrañaría el derrumbe del régimen político que los alimenta a todos.


Una reactivación económica que amortigüe los conflictos sociales y le permita al gobierno echar lastre ante los reclamos populares, sería una condición para que prospere la variante de tirar hasta fin del año que viene, aunque sea a un elevado costo político. Pero si prevalecen los pronósticos que dicen que la situación económica se agravará, la crisis política dará un salto de magnitud. En contra de una reactivación económica han comenzado a militar en las últimas semanas el aumento del precio internacional del petróleo y la crisis del euro. Los operadores políticos de la burguesía se creen muy vivos porque consiguen contener dentro de ciertos límites la crisis abierta con el escándalo en el Senado, pero se van a arrepenir de no haber sido capaces de hacer un cambio político de fondo en el caso de que esta crisis se combine con una acentuación de la impasse económica.


La mayor complicidad con este régimen que además de antiobrero es corrupto, la ejercen las direcciones sindicales, porque no aprovechan el deterioro del gobierno, de su política y de todo el régimen ante la opinión pública, para avanzar en la lucha por las reivindicaciones populares. Están a la espera del plan industrialista de Techint. La consigna del Partido Obrero, en cambio, es que hay que aprovechar la crisis del régimen para denunciarlo; para plantear y agitar la necesidad de su sustitución por una Asamblea Constituyente libre y soberana; y para impulsar todas las reivindicaciones que, de conjunto, el pueblo quisiera ver resueltas por otro régimen político.

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