Políticas

5/4/2022

Pulseada judicial

Coparticipación: qué se discute y qué no en la disputa entre los gobernadores y Rodriguez Larreta

19 mandatarios respaldaron la reducción del porcentaje de fondos para la Ciudad.

La torta a repartir se achica, mientras se engrosa el ajuste.

Diecinueve gobernadores presentaron un amicus curiae respaldando la posición del gobierno nacional en su disputa por la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, que apunta a mantener el criterio establecido por la Ley 27.606 de diciembre de 2020, cuando se eliminó el porcentaje para CABA que había establecido el gobierno de Macri y estableció los fondos para la policía de la Ciudad aportados por el gobierno nacional en 24.500 millones, ajustables año a año.

Macri había aumentado la coparticipación de la Ciudad del 1,4% al 3,75%, luego de que la seguridad porteña fuera asumida por la Policía Metropolitana, para compensar los gastos del traspaso. La diferencia en juego es de 120.000 millones de pesos para 2021. Lógicamente, ese aumento del porcentaje para la Ciudad implicaba un descuento en lo que reciben el resto de las provincias.

La de Alberto Fernández fue una medida de ajuste en línea con el recorte presupuestario para cumplir con los acuerdos con los bonistas privados y el Fondo Monetario. Horacio Rodríguez Larreta judicializó la disputa luego de sancionada la ley, recurriendo a la Corte Suprema. Esta estableció el 22 de marzo un plazo de un mes para que Ciudad y Nación lleguen a un acuerdo. El apoyo de los gobernadores apunta a respaldar la posición del gobierno nacional, en un escenario en que la Corte podría arbitrar en favor del gobierno porteño. De no haber acuerdo, el tribunal -vitalicio y no electo- deberá fallar sobre un problema eminentemente político: la distribución entre jurisdicciones de los fondos recaudados por el Estado nacional. El arbitraje de la Corte benefició en el pasado a gobiernos provinciales afectados por medidas del gobierno nacional.

Los gobernadores presentan su posición como una defensa de los intereses de las provincias más empobrecidas del país, frente a una Ciudad de Buenos Aires que califican de próspera. Esta última presenta la cuestión como un ataque al distrito, lo cual es usado por Larreta para justificar el ajuste en el gasto social y la obra pública, la educación y la salud, y los impuestazos sobre la población como los que gravan las compras con tarjeta de crédito o el tasazo en el ABL. Emblocar el tema como una pelea de “los porteños” contra “el interior” le sirve a los gobiernos de cada jurisdicción para presentarse como defensores de los intereses provinciales, pero es una maniobra de bajo vuelo.

Otros capítulos de este mismo conflicto pueden verse en el intento de traspasar 32 líneas de colectivos a la órbita de la Ciudad, boletazo mediante, y el cambio en la valuación fiscal de las propiedades en CABA por parte de la Afip, que no busca desarmar la especulación inmobiliaria sino incorporar a todo un sector de la clase media porteña a la tributación de Bienes Personales.

Además del ajuste, la pulseada por la coparticipación tiene un trasfondo político en el intento de Fernández de condicionar a Rodriguez Larreta como opositor presidenciable. Un fallo favorable sería un espaldarazo al jefe de Gobierno de la Ciudad.

Lo que nadie discute

Lo que no pusieron en discusión ni los gobernadores ni Larreta es que la torta a repartir se achica, mientras se engrosa el ajuste para el pago de la deuda, que todos apoyan. Esto incluye un zarpazo sobre los giros no automáticos a las jurisdicciones, lo cual se traduce en todo el país con los mismos impuestazos habilitados por el Consenso Fiscal y recortes presupuestarios.

De hecho, muy superior a lo que reclama la Ciudad es el recorte en adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, que Nación se comprometió a reducir en el marco del acuerdo con el FMI. En 2022 serían 485.000 millones de pesos, cuatro veces el monto que reclama la Ciudad de Buenos Aires. Además, cualquier comparación entre los pagos de la deuda y la coparticipación muestra esta situación, inclusive los 1,3 billones de pesos que se van por la canilla del pago de intereses de leliq a los bancos, que ningún mandatario cuestiona.

Lo segundo que ni los gobernadores ni Larreta ponen en discusión es la estructura de traspaso de servicios sin recursos. En la Argentina el grueso de los impuestos los recauda el Estado nacional, que los destina fundamentalmente al pago de la deuda y a subsidiar a la caja negra de las empresas energéticas y de transporte. Pero la educación, la salud e incluso la vivienda corren a cargo de los gobiernos provinciales, y fueron trasladados sin su contrapartida de fondos nacionales para sostenerlos.

Así, la diferencia en la educación y la salud entre distritos se profundiza según las posibilidades recaudatorias de cada jurisdicción, mientras el grueso del presupuesto nacional se destina a los acreedores internacionales. Vale tener presente a su vez que la coparticipación es el reparto de lo que se recauda mayormente a costa de la población trabajadora, como sucede con el IVA que grava el consumo o Ganancias aplicado sobre más de un millón de asalariados.

Un tercer asunto es el destino de los fondos en manos de los gobiernos provinciales, quienes financian con ellos exenciones impositivas y subsidios de todo tipo a las oligarquías de negocios locales, en desmedro de las necesidades populares de cada distrito.

Todo esto muestra que esta disputa es un tironeo entre ajustadores. Los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados que se abren paso en todo el país chocan por eso con todo el arco de gobernadores y con el gobierno nacional. Ese es el camino, sin apoyar a un bando contra el otro en una disputa entre sectores igualmente antiobreros.