Este miércoles los legisladores buscarán la sanción de la ley de “Sostenibilidad de la Deuda Pública” de la provincia de Córdoba. Este es un eslabón más en la cadena de ajuste que ya se viene aplicando y descargando sobre las espaldas de los trabajadores, en continuidad con lo que las ordenanzas del intendente de la ciudad de Córdoba, Llaryora, y la reforma jubilatoria establecieron. Mientras que hasta aquí las medidas señalaron el “cómo” proceder al ajuste, este miércoles quedará en claro el “para qué”.

Las ordenanzas de Llaryora sentaron las bases del ajuste municipal en la ciudad, desconociendo adicionales integrados al básico mediante sumas no remunerativas, procediendo al recorte de horas y de salario. Al hacerlo, disminuyeron sustancialmente las cifras que deben ingresar a la Caja de Previsión Social en concepto de aportes personales y contribuciones patronales, consolidando su desfinanciamiento. Además, habilitó la sustitución de la mano de obra municipal, precarizando mediante la contratación de cooperativas. Un fenómeno similar ocurre en los municipios del resto de la provincia, todos los que se encuentran afectados por esta misma discusión.

Schiaretti continuó ese ataque con la reforma previsional sancionada la semana pasada, estableciendo el robo de los aportes que los cordobeses hemos realizado durante años -siete puntos más que el resto de regímenes provinciales. La reforma habilita que el trabajador autofinancie el aumento paritario, absorbiendo parte del acuerdo a través de esos siete puntos. La fórmula no es nueva ni desconocida: ya la aplicó la Uepc (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) y el SEP (Sindicato de Empleados Públicos), que ahora pretenden lavarse la cara mediante conferencias de prensa y caravanas de repudio sin organizar una lucha de conjunto.

Lo anterior muestra el “cómo” proceden al ajuste. Este miércoles pretenden poner sobre la mesa “para qué”. Consolidar la sostenibilidad de la deuda pública cordobesa significa garantizar que con el ajuste a salarios y jubilaciones de los trabajadores -es decir, con una reforma laboral y previsional en regla- se garantizará el pago a los acreedores, sin afectar en lo más mínimo los intereses de los grandes grupos económicos presentes en nuestra provincia. Para ellos seguirá en curso la posibilidad de fugar capitales; los subsidios a las patronales sin apertura de libros contables; las exenciones impositivas y de servicios; la tasa de interés subsidiada; etc. Mediante esta ley pretenden además otorgar la suma de los poderes para negociar la deuda en el Ejecutivo, eliminando la posibilidad del debate público sobre qué y cómo se negocia y quiénes pagan la crisis.

Para garantizar que esta sanción proceda intentan reflotar un operativo represivo. En un artículo publicado este sábado 30 en La Voz del Interior, el ministro de Seguridad provincial, Mosquera, advierte acerca del uso indebido de permisos de circulación para asistir a manifestaciones. “Ningún reclamo sectorial, por justo o razonable que fuera puede poner en riesgo el esfuerzo colectivo realizado por los cordobeses hasta el momento” manifestó. Quieren seguir con la represión y persecución que aplicaron en Jesús María y en otras luchas obreras.

Resulta a todas luces claro que la mordaza de la justicia es un argumento a favor de la desmovilización. Sin embargo, las y los trabajadores ya han superado de hecho estas trabas: lo mostraron los trabajadores del transporte, los municipales movilizados masivamente, las caravanas de médicos y agentes de salud, las organizaciones de jubilados, los trabajadores de reparto, etc.

Los municipales tenemos que estar a la altura de las circunstancias y exigir a nuestro sindicato un plan de lucha de la totalidad de reparticiones. Y a su vez, nuestra conducción tiene que exigir al conjunto de las centrales sindicales un paro activo y movilización en defensa de nuestros salarios, de nuestras jubilaciones y en repudio a esta operación legislativa que pretende consagrar la garantía de pago de una deuda usuraria sobre las espaldas de los trabajadores. ¡No al ajuste que garantiza el pago de la deuda! Con ajuste no hay cuarentena.