Pasadas las 11 horas del viernes 4, el día del migrante, en la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba se realizó una asamblea convocada por la campaña Migrar no es Delito. La iniciativa tuvo entre sus consignas principales el pedido de derogación del DNU 70/2017, “migrar y trabajar son un derecho”, “Lxs migrantes somos esenciales”, “migrar no es delito”, “derechos sin condiciones de residencia”, “salud sin discriminación”.

La pandemia profundizó una crisis precedente que afectó gravemente a lxs migrantes. El gobierno nacional a meses de haber asumido no ha respondido toda una agenda de reclamos. Así lo han hecho saber las organizaciones convocantes a la actividad: “estamos a 9 meses del gobierno de Alberto Fernández y aún no hemos tenido señales claras para la Derogación del DNU 70/2017”.

“Somos conscientes que la pandemia del Covid-19 modificó el panorama político y económico del país, y hemos sido pacientes esperando las políticas que garanticen derechos para la población migrante. Sin embargo, miles de migrantes continúan aún en situación irregular, atrapados por la burocracia Estatal y la poca adaptación de la DNM al contexto de pandemia”, afirmaron en su texto de convocatoria.

El gobierno queda expuesto cuando las organizaciones de lxs migrantes afirman que “sabemos que el acceso al DNI es sólo trámite y depende de la voluntad política para evitar demoras y políticas excluyentes necesitamos que ningún migrante quede afuera de programas de contención social. Quedó en evidencia con el lanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) donde miles de migrantes que cumplían con los requisitos quedaron excluidos de este derecho en medio de la crisis, en este caso por un mal cruce de datos entre la DNM y Anses”.

En este marco, la convocatoria a la asamblea resultó una medida elemental para deliberar y continuar organizando un plan de acción para conseguir todas las demandas pendientes.

A meses de cumplir un año en el poder, Alberto Fernández no responde reclamos elementales. Por eso, continúan reclamando: “necesitamos documentos o la legalidad de la precaria en mano para poder tener más posibilidades de acceder a un trabajo y a derechos sociales que nos permitan hacerle frente a la crisis socioeconómica que nos afecta a todxs. Por eso es que venimos exigiendo regularización ya para todxs lxs migrantes”.

La legisladora del FIT, Soledad Díaz García, intervino en la asamblea dando una propuesta para impulsar el conjunto de reclamos. En ese sentido, presentará en la unicameral un proyecto de ley, llevando la agenda de lxs migrantes.

El proyecto presentado exige el relevamiento inmediato de todos los migrantes extranjeros en la provincia de Córdoba, determinando la condición de residencia y antigüedad en la provincia. También pide la “regularización de la documentación, residencia, y/o legalidad provisoria para todos los migrantes extranjeros en territorio provincial en tanto sujetos de pleno derecho en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. Dispóngase los mecanismos para aligerar de forma remota y/o presencial la documentación y trámites necesarios a tal fin, removiendo obstáculos administrativos, burocráticos y/o de orden económico”

Además, la iniciativa parlamentaria destaca “la porción del Producto Bruto Interno aportada por la población migrante a través de su fuerza de trabajo en la provincia”, y plantea “Ordénese el relevamiento de las y los trabajadores migrantes a fin su inmediata registración y formalización laboral”.

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, garantícese un seguro universal de desempleo de 30.000 pesos para toda la población migrante en territorio provincial”, establece el quinto y último punto del proyecto de ley que se presentó en la legislatura de la provincia de Córdoba.

Es necesario darle al movimiento migrante todo el apoyo, abajo el DNU 70/2017, xenófobo y discriminatorio. Abajo la injerencia del imperialismo y los golpes yankees en América Latina. Migrar y trabajar es un derecho.