Ardiles, el comprador de la quiebra de Cive, ha decidido desconocer el acuerdo que reincorpora a todos los trabajadores y pone a funcionar la planta. Así lo dijeron sus abogados frente a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo, y que desconocían a los delegados elegidos para la mesa de relaciones laborales. Los funcionarios apenas tomaron nota de la violación total del acuerdo firmado.

Los trabajadores decidieron, entonces, un corte de la ruta frente a la fábrica. La repercusión del corte obligó a la intervención directa del secretario de Trabajo a intimar a Ardiles a incorporar a los trabajadores; también amenazó con hacerlo concurrir con la fuerza pública a la próxima audiencia. Ese mismo día, la Legislatura provincial manifestó su “preocupación por la falta de cumplimiento del acuerdo por parte de la patronal”. Pero Ardiles ratificó su negativa a incorporar a los “quilomberos”. Ardiles cuenta con la complicidad de un sector del gobierno que está atrás del negocio inmobiliario.

La cuestión es: o Ardiles o los trabajadores. Los trabajadores resisten y Ardiles también. El gobierno no garantiza la “seguridad jurídica” para los trabajadores. La fábrica debe ser expropiada sin pago y puesta a funcionar bajo control de los trabajadores.

Eduardo Salas