Políticas

16/2/1995|438

Córdoba, de lleno en el derrumbe del “plan” Cavallo

Con 10 días de atraso, los empleados públicos, docentes y trabajadores de la salud de Córdoba cobraron sus haberes, pero todavía no lo han hecho los jubila­dos y pensionados (que el 2 de febrero terminaron de cobrar el mes anterior). Si el atraso no fue mayor se debió a la decisión de los trabajadores de decretar paros y movilizaciones. Mientras la bu­rocracia de la Coordinadora de Gremios Estatales convocaba a estériles concen­traciones frente al Ministerio de Econo­mía para arrancar un cronograma de pagos, los trabajadores de los hospitales decretaron el paro por tiempo indeter­minado y el corte de calles vítales de esta ciudad. De esa manera lograron apurar gobierno en el pago de los haberes. El atraso en el pago de los sueldos y jubi­laciones en el pasado mes de enero y en este mes responde al hecho de que el gobierno provincial destinó la plata de tos salarios a cubrir a los bancos pro­vinciales, atrapados en operaciones con bonos mejicanos y una alta cartera de deudores incobrables. Los Molinos Minetti, que recientemente pidieron la quiebra (dejando a  60 trabajadores cor­dobeses y a 1.000 tucumanos en la calle), tienen una deuda de 30 millones de dó­lares con el Banco Social; según cálculos extraoficiales, este mismo banco ha per­dido 50 millones en préstamos truchos e ilícitos. Lo cierto es que el Banco Social acaba de reconocer que ha debido soli­citar ayuda al Nación por 100 millones de dólares, la misma cantidad que in­sumen los sueldos provinciales.


Esta situación de crisis se produce en el momento en que la recaudación impo­sitiva provincial bate récords, superan­do las previsiones establecidas en el pre­supuesto provincial. La crisis, entonces, obedece exclusivamente al derrumbe ca­pitalista.


El gobierno provincial decretó un re­corte presupuestario de 200 millones de dólares (el 10% del presupuesto provin­cial), que afectará fundamentalmente a la educación y a la salud, por la elimina­ción de las suplencias en la docencia y el no cubrimiento de las vacantes produci­das en los equipos de salud. Todo esto está establecido en un acuerdo firmado entre el gobierno provincial y el Ministe­rio de Economía de la Nación, que ade­más se traducirá en 30.000 despidos de hecho (no renovación de contratos, puestos en salud y educación sin cubrir, eliminación de las suplencias); en la con­tinuidad de las privatizaciones de Dipas, EPEC y el Banco Provincia; en la “reestructuración” de la Caja de Jubi­laciones, con el aumento de la edad míni­ma para jubilarse y la eliminación del 82% móvil; en el congelamiento salarial y en recortes presupuestarios. Este acuerdo (que será supervisado por fun­cionarios de Cavallo) viola abiertamente la ley de presupuesto para 1995, votada por la Legislatura, constituyendo una virtual intervención a la Provincia y un golpe de Estado. Sin embargo, a ningún legislador se le ha movido un pelo por este hecho.


La Coordinadora de Gremios Estata­les (formada por las burocracias del SEP, Sipos, UEPC, Luz y Fuerza, etc.) se ha limitado a negociar los días de atraso. En realidad, ha decidido acoplarse al acuerdo Angeloz-Cavallo: la Coordina­dora solicitó su participación en la “re­estructuración” de la Caja de Jubila­ciones; planteó ser “tenida en cuenta” en las discusiones sobre la privatización de EPEC (ya el sindicato de Luz y Fuerza de Villa María participó en la concesión de usinas) y Bazán hace rato que viene discutiendo las variantes privatizadoras de Dipas. La Coordina­dora se juega a la división del movi­miento obrero, ya que los que cobraron se desentienden de la lucha (Dipas, EPEC, bancarios), dejando solo al resto y sobre todo a los jubilados, que son los últimos.


En Córdoba está planteada una lu­cha gigantesca que abarca mucho más que a los trabajadores estatales: hay atrasos en los pagos en la industria metalúrgica (Thompson Rameo, etc.), cierres de talleres y comercios, y deterio­ro generalizado de las condiciones de vida y servidos, que el acuerdo Cavallo- Angeloz sólo recrudecerá.