Córdoba, de lleno en el derrumbe del “plan” Cavallo
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Con 10 días de atraso, los empleados públicos, docentes y trabajadores de la salud de Córdoba cobraron sus haberes, pero todavía no lo han hecho los jubilados y pensionados (que el 2 de febrero terminaron de cobrar el mes anterior). Si el atraso no fue mayor se debió a la decisión de los trabajadores de decretar paros y movilizaciones. Mientras la burocracia de la Coordinadora de Gremios Estatales convocaba a estériles concentraciones frente al Ministerio de Economía para arrancar un cronograma de pagos, los trabajadores de los hospitales decretaron el paro por tiempo indeterminado y el corte de calles vítales de esta ciudad. De esa manera lograron apurar gobierno en el pago de los haberes. El atraso en el pago de los sueldos y jubilaciones en el pasado mes de enero y en este mes responde al hecho de que el gobierno provincial destinó la plata de tos salarios a cubrir a los bancos provinciales, atrapados en operaciones con bonos mejicanos y una alta cartera de deudores incobrables. Los Molinos Minetti, que recientemente pidieron la quiebra (dejando a 60 trabajadores cordobeses y a 1.000 tucumanos en la calle), tienen una deuda de 30 millones de dólares con el Banco Social; según cálculos extraoficiales, este mismo banco ha perdido 50 millones en préstamos truchos e ilícitos. Lo cierto es que el Banco Social acaba de reconocer que ha debido solicitar ayuda al Nación por 100 millones de dólares, la misma cantidad que insumen los sueldos provinciales.
Esta situación de crisis se produce en el momento en que la recaudación impositiva provincial bate récords, superando las previsiones establecidas en el presupuesto provincial. La crisis, entonces, obedece exclusivamente al derrumbe capitalista.
El gobierno provincial decretó un recorte presupuestario de 200 millones de dólares (el 10% del presupuesto provincial), que afectará fundamentalmente a la educación y a la salud, por la eliminación de las suplencias en la docencia y el no cubrimiento de las vacantes producidas en los equipos de salud. Todo esto está establecido en un acuerdo firmado entre el gobierno provincial y el Ministerio de Economía de la Nación, que además se traducirá en 30.000 despidos de hecho (no renovación de contratos, puestos en salud y educación sin cubrir, eliminación de las suplencias); en la continuidad de las privatizaciones de Dipas, EPEC y el Banco Provincia; en la “reestructuración” de la Caja de Jubilaciones, con el aumento de la edad mínima para jubilarse y la eliminación del 82% móvil; en el congelamiento salarial y en recortes presupuestarios. Este acuerdo (que será supervisado por funcionarios de Cavallo) viola abiertamente la ley de presupuesto para 1995, votada por la Legislatura, constituyendo una virtual intervención a la Provincia y un golpe de Estado. Sin embargo, a ningún legislador se le ha movido un pelo por este hecho.
La Coordinadora de Gremios Estatales (formada por las burocracias del SEP, Sipos, UEPC, Luz y Fuerza, etc.) se ha limitado a negociar los días de atraso. En realidad, ha decidido acoplarse al acuerdo Angeloz-Cavallo: la Coordinadora solicitó su participación en la “reestructuración” de la Caja de Jubilaciones; planteó ser “tenida en cuenta” en las discusiones sobre la privatización de EPEC (ya el sindicato de Luz y Fuerza de Villa María participó en la concesión de usinas) y Bazán hace rato que viene discutiendo las variantes privatizadoras de Dipas. La Coordinadora se juega a la división del movimiento obrero, ya que los que cobraron se desentienden de la lucha (Dipas, EPEC, bancarios), dejando solo al resto y sobre todo a los jubilados, que son los últimos.
En Córdoba está planteada una lucha gigantesca que abarca mucho más que a los trabajadores estatales: hay atrasos en los pagos en la industria metalúrgica (Thompson Rameo, etc.), cierres de talleres y comercios, y deterioro generalizado de las condiciones de vida y servidos, que el acuerdo Cavallo- Angeloz sólo recrudecerá.