A fines del mes de mayo del año 2015 se realizó una denuncia penal por abuso sexual en contra de Alejandro Reartes, profesor de música de Collegium, escuela privada con orientación musical. La víctima era una niña de sala de 4 del jardín de infantes.

Luego la situación se extendió y finalmente 16 padres radicaron la denuncia contra el profesor citado y el coordinador musical del colegio, llamado Diego Marioni. Las denuncias se refieren a abusos contra niños de 3 a 5 años durante un período largo de tiempo (algunos ya estaban en la primaria). Se conocen varios casos más donde los padres decidieron no hacer denuncia en la justicia para no revictimizar a sus hijos durante el proceso judicial.

La niña de la primera denuncia no quiso volver nunca más al jardín de infantes y le contó a su madre cómo ella y sus compañeros eran abusados por el docente. La niña explica también que otra persona miraba, sacaba fotos y filmaba (describen a Morioni) cuando Reartes los tocaba, así como hablan de una mujer de delantal que los limpiaba. El resto de los niños hacen relatos similares con más elementos como amenazas, golpes, etc.

A partir de allí empieza para los padres denunciantes una verdadera tortura, donde debieron dedicarse a defenderse ya que fueron colocados en el banquillo de los acusados por la fiscal (que ya lleva seis causas archivadas) de confabular e inducir a sus hijos. La fiscal utilizó inicialmente la cámara Gesell (elemento fundamental en estos casos) apenas en dos oportunidades y sólo aceptó usarla tres veces más bajo responsabilidad de los padres. Ella basó todo sus decisiones en los informes de los peritos psicólogos oficiales que son rechazadas por los peritos de parte, mantiene el secreto de sumario y nunca imputó a los denunciados, a los cuales sólo sometió a pericias oficiales.

Por su parte, el Ministerio de Educación decidió enviar a Reartes a tareas pasivas y resolvió una investigación administrativa en julio de 2015.

Collegium es una escuela privada con aportes del Estado.

La descripción de los hechos abre la hipótesis de una red de pornografía infantil y pedofilia que se servía de la escuela como cobertura, sin que la fiscal y el Ministerio hayan puesto el esfuerzo en la investigación; lejos de ello los que sí fueron investigados son los denunciantes.

Decidimos, junto a los padres, presentar en la Legislatura un pedido de informes al Ministerio para que dé cuenta de los resultados de esa investigación. La respuesta fue que no se había avanzado porque la justicia no había ofrecido datos, es decir, la coartada perfecta mientras 16 casos de abusos denunciados  eran tapados.

Rechazamos esta respuesta, denunciamos en el recinto la responsabilidad del Ministerio y la de la justicia por la impunidad. Eduardo Salas leyó una descripción hecha por los padres, quienes estuvieron presentes en la sesión.

La contundencia y la claridad de la descripción de los hechos y del accionar del Estado provocaron una verdadera conmoción en la cámara, lo que obligó al propio oficialismo a proponer una declaración de solidaridad con los padres y niños y reclamar a la justicia celeridad y resolución del caso, y mantener abierta la intervención de la Legislatura (ver video).

Con este pronunciamiento, los padres se sienten fortalecidos para avanzar en su lucha contra la impunidad que contempla movilizaciones y mayor difusión del caso.

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