Días atrás, el gobierno de la provincia de Córdoba realizó una entrega tardía de kits de protección sanitaria contra el Covid-19, destinados a beneficiarixs de la Tarjeta Social. Se trata de 61.018 familias de toda la provincia, que se encuentran por debajo de la línea de indigencia y poseen ingresos inferiores al valor de la Canasta Básica Alimentaria ($17.867). En la presentación, la diputada nacional por el oficialismo de la provincia, Alejandra Vigo, indicó que "los sectores de la población socialmente vulnerables en la mayoría de los casos no tienen los hábitos del cuidado de la salud; el hábitat y la comunidad donde viven son precarios y, por lo general, tienen otras prioridades".

Las declaraciones de la diputada expresan una estigmatización hacia los sectores más vulnerables, absolutamente repudiable si consideramos que para priorizar nuestra salud necesitamos, antes que nada, cuidar nuestra alimentación. Este aspecto cobra relevancia si tenemos en cuenta que el Covid-19 ataca fundamentalmente el sistema inmunológico de las personas. Los especialistas advierten que para fortalecer este sistema los individuos deben gozar de una alimentación que contenga todos los nutrientes esenciales y no estar expuestos a emociones negativas que bajen sus defensas (BBC News Mundo 10/4).

Según el Indec, en abril una familia con dos hijos necesitó ingresos por $42.593,98 para no caer en la pobreza. El incremento de la inflación respecto a marzo fue de 3,1%. Sin embargo, la canasta que mide tanto el consumo de alimentos y servicios se movió similar al indicador de inflación mientras que la que sólo hace referencia a las necesidades alimenticias, la duplicó.

Asimismo, la realidad de la provincia dista mucho con la satisfacción de los requerimientos vitales. La pobreza en el Gran Córdoba es del 37,4%, el equivalente a 582.000 personas que no tienen ingresos mensuales para cubrir los gastos básicos. Y la indigencia representa el 5,7%, afectando a 89.000 personas. Este cuadro se enmarca con el reciente análisis de Unicef Argentina, cuyos datos señalan que el Covid-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre lxs niñxs y adolescentes.

Con este panorama, que el Estado conoce por sus propios medios, el Frente Piquetero de Lucha llevó al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en tres oportunidades desde que inició la cuarentena, un pedido integral con más de 8.000 personas empadronadas por debajo de la línea de indigencia. En las presentaciones, las organizaciones señalaron detalladamente la situación crítica que se vive en los barrios populares y desde un primer momento solicitaron kits sanitarios, no solo contra el Covid-19 sino también para prevenir el dengue, una epidemia que crece silenciosamente en la provincia ante la desidia del Estado. Las organizaciones acentuaron el reclamo de alimentos para los comedores y merenderos, que están sin recibir provisiones en lo absoluto desde el confinamiento, mientras se multiplica la cantidad de familias que concurren por amparo.

Pese al crecimiento de la hambruna en los barrios, las ollas populares se sostienen con la colaboración de los vecinos, porque el Estado no llega al territorio de los más sacudidos por la miseria. Sin embargo, cuando las organizaciones fueron por tercera vez al Ministerio buscando respuestas, solo recibieron el amedrentamiento de las fuerzas policiales, tratándolos como delincuentes. Dicho de otra forma: fueron los pobres quienes demandaron una y otra vez asistencia al Estado, velando por su salud y acudiendo por lo básico: comida y elementos de higiene para poder quedarse en sus precarios hogares y subsistir durante la pandemia; pero la respuesta del gobierno de Juan Schiaretti, esposo de Alejandra Vigo, fue criminalizar la pobreza.

No obstante, siguen pendientes la entrega y aumento de las partidas alimentarias, así como los elementos de higiene para los comedores populares y merenderos. Conjuntamente, es necesaria la extensión de la tarjeta Alimentar a todos los desocupados con hijos de hasta 18 años de edad y la apertura de los programas sociales, con la respectiva duplicación de los montos. De más está decir, que se trata de medidas para paliar esta crítica situación; nada reemplaza el trabajo genuino por el que lxs compañerxs luchan cada vez que salen a las calles. 

Para sostener este planteo, el Frente de Izquierda promueve el desconocimiento de la deuda usuraria y un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios, a las altas rentas y a la gran propiedad de la tierra. En vez de recibir plata del Estado, a costa de un fenomenal ajuste a los trabajadores activos y jubilados, las grandes empresas deben abrir sus libros contables; así quedará expuesto el nivel de parasitismo que poseen.

El movimiento obrero y el movimiento de desocupados se abren paso a la intervención activa por la defensa de sus reivindicaciones, porque esta crisis es del capitalismo y son los capitalistas los que la tienen que pagar.