Un juez cordobés acaba de pedir al Senado el desafuero de Angeloz para enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito durante sus varios mandatos como gobernador de Córdoba. Pero lo que para el juez es “semiplena prueba” de aprovechamiento indebido de los fondos públicos, para la ciudadanía cordobesa es “sentencia firme” desde hace mucho tiempo. Angeloz jamás pudo hilvanar una defensa del origen de la monstruosa fortuna que amasó en diez años. Es importante, por eso, poner de relieve que el enjuiciamiento de Angeloz es fruto de un operativo político.

La causa se inició a partir de las denuncias de la Asociación Bancaria y la Coordinadora de Gremios Estatales. Las burocracias de estos sindicatos fueron claves para desarmar la lucha de los trabajadores contra la sanción de la ‘ley de emergencia’ de Mestre y son, hasta el día de hoy, un puntal de su gobierno y del clero. El proceso produjo una crisis en las filas del radicalismo, entre los restos del ‘Estado angelocista’, un ejército de funcionarios alimentado por la ‘caja chica’ de los bancos provinciales, DIPOS (Obras Sanitarias), EPEC y la Caja de Jubilaciones, y el gobierno mestrista. Mientras el grueso del aparato partidario (con Angeloz) jugó todas sus fichas a lograr el desestimiento sucesivo de los jueces a cargo del proceso (lo que lograron con el juez Pescetti), el mestrismo se empeñó en que la causa siguiera. El objetivo fue tener al angelocismo  en calidad de rehén político y producir el reemplazo ‘ordenado’  de los angelocistas de los primeros puestos públicos del Estado. Este tironeo aun sigue en pie. El enjuiciamiento de Angeloz le conviene al mestrismo para amparar en la ‘honestidad’ su ataque al movimiento obrero y a la salud y educación públicas.